Opinión

La incertidumbre de la paz en la Corte Constitucional

La movilización en defensa del acuerdo debe ser la regla y no la excepción.

26 de mayo 2017 , 12:00 a.m.

No caben minimizaciones de ninguna índole. Lo que pasó la semana pasada en la Corte Constitucional es grave para la paz. No exageró el exjefe negociador del gobierno Humberto De la Calle cuando dijo que “la Corte Constitucional puso en jaque a la paz” por cuenta de la desafortunada sentencia de la Corte Constitucional- C-332 de 2017.

En la decisión –5 votos contra 3–, el Tribunal declaró inexequible parte de los mecanismos de procedimiento de aprobación de los actos de implementación del acuerdo de paz conforme los literales h) y j) del Acto Legislativo n.° 1 de 2016.

La Corte, en la decisión, consideró tres elementos centrales. El primero sacó del acto legislativo el literal que indicaba que “los proyectos de ley y de acto legislativo solo podrán tener modificaciones siempre que se ajusten al contenido del Acuerdo Final y que cuenten con el aval previo del Gobierno Nacional”.

En segundo término, tumbó el numeral j), que indicaba que en la comisión y en las plenarias se decidirá sobre la totalidad de cada proyecto, con las modificaciones avaladas por el Gobierno Nacional, en una sola votación.

Por último, la Corte invocó para tumbar estos literales la malhadada “teoría de la sustitución de la Constitución” que le ha servido para todo al Tribunal Constitucional, desnaturalizando, esa sí, la tridivisión de los poderes en Colombia y la naturaleza del Estado de derecho.

Las Farc y el Gobierno empiezan de nuevo un alejamiento por la imposibilidad de cumplir lo pactado

Sobre el primer aspecto, la estocada de la Corte es definitiva, al indicar que el Congreso puede plantear modificaciones de cualquier índole, sin respetar lo acordado entre las Farc y el Gobierno. De esta postura se derivan dos aspectos:

i) La naturaleza de “Acuerdo especial” y la misma Declaración Unilateral que el Presidente Juan Manuel Santos hizo el 13 de marzo de este año ante el Secretario General de Naciones Unidas. De ese compromiso, se desprende que podría ante un incumplimiento de lo pactado producirse una responsabilidad internacional del Estado por un acto de perfidia, como lo denominó en su entrevista del domingo en este periódico el mismo Humberto de la Calle.

ii) Para la Corte, imponer un aval para admitir las modificaciones a lo acordado “vaciaría de contenido la función del Congreso, al privarla de los espacios esenciales de deliberación y de decisión que le son propios”. Exótica y exagerada interpretación ya que en la CP de 1991 se permite la existencia de avales del Ministerio de Hacienda para proyectos de naturaleza económica y el ámbito de discusión y deliberación sigue existiendo en el Congreso.

Un segundo tema tiene que ver con la inexequibilidad de la votación en bloque de las normas. Para la Corte, esto es inconstitucional porque los proyectos deben votarse artículo por artículo, lo que desconoce que en nuestro ordenamiento jurídico se permita la aprobación en bloque de tratados. De nuevo, ni una palabra de la Corte sobre la naturaleza internacional del acuerdo especial de paz.

Para declarar la inconstitucionalidad de una reforma a la Constitución hecha por el Congreso invocó la deplorable teoría de la “sustitución” argumentando que esos literales cambiaban la CP de 1991, toda vez que las limitaciones “desnaturalizan las competencias del Congreso, lo subordina desproporcionadamente a la actuación de otra de las ramas del poder público y reduce a niveles inadmisibles las posibilidades de deliberación política y los espacios de participación de las minorías”. Se olvidó ese tribunal que el juicio de sustitución no cabe en momentos de transición constitucional, toda vez que no se puede sustituir lo principal a través de normas transitorias. De hecho, la Corte ni siquiera nombró la paz como derecho fundamental y derecho síntesis a la luz del numeral 75 del acuerdo sobre la JEP.

Con estas razones, las consecuencias de esta sentencia son de dos tipos.

La primera es jurídica, y es que es muy posible que los actos derivados del Acto Legislativo n.° 1 de 2016, es decir, la ley de amnistía, indulto, el acto legislativo de la JEP y otras que fueron aprobadas con las limitaciones que la Corte indicó puedan ser declaradas inexequibles. No existe argumento constitucional que le permita decir a la Corte que los actos legales que se produjeron con aprobaciones en bloque y con avales son constitucionales, toda vez que esta sentencia sienta un precedente insoslayable. Además, el Acto legislativo afectado de insconstitucionalidad es la base para la expedición de las otras normas. Esperemos, en este punto, algo que salve la implementación.

La segunda razón es política, las Farc y el Gobierno empiezan de nuevo un alejamiento por la imposibilidad de cumplir lo pactado. El calendario electoral y el saboteo de algunos sectores son razones suficientes para estar alertas.

La irreponsabilidad no puede arrebatarnos la paz. La movilización en defensa del acuerdo debe ser la regla y no la excepción. Por ahora, se me viene a la memoria la impresionante pluma de nuestro Gabo cuando en los funerales de la Mamá Grande recordó: “Horas interminables se llenaron de palabras, palabras, palabras que repercutían en el ámbito de la república, aprestigiadas por los altavoces de la letra impresa. Hasta que alguien dotado de sentido de la realidad en aquella asamblea de jurisconsultos asépticos interrumpió el blablablá histórico para recordar que el cadáver de la Mamá Grande esperaba la decisión a 40 grados a la sombra. Nadie se inmutó frente a aquella irrupción del sentido común en la atmósfera pura de la ley escrita”.

FRANCISCO BARBOSA
* Doctor en Derecho Público, Universidad de Nantes (Francia) y docente-investigador, Universidad Externado de Colombia

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