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¿Y de la salud qué?

La ley estatutaria no trajo consigo el esperado nuevo sistema de salud.

Entre las muchas expectativas que suscita el inicio de un nuevo año, la que ocupa lugar prioritario es aquella relacionada con la salud, propia y ajena. Y la salud de todos depende en gran medida de la forma como el Estado asuma la obligación de responder por el bienestar de sus asociados. Entre nosotros, la Ley Estatutaria de la Salud, aprobada en el 2015, fijó un plazo de dos años para regular su artículo 15, que, sin duda, es uno de los más importantes por cuanto obliga a la implementación de la prestación eficiente de los servicios y a la racionalización del gasto de los recursos destinados a ese fin. Siendo así, los colombianos esperábamos contar en el 2017 con un modelo sanitario que proporcionara satisfacción a todos los usuarios.
Dado que corresponde al ministerio del ramo dar cumplimiento a lo señalado en el mencionado artículo, el responsable directo es el jefe de la cartera, en este caso el doctor Alejandro Gaviria. A él debe abonársele que puso el pecho a la desastrosa situación heredada de la malhadada Ley 100 de 1993 y tomó decisiones valerosas para mantener a flote el sistema.
Una vez aprobada la Ley Estatutaria, se rumoreó que presentaría su renuncia, lo que le hubiera evitado los sinsabores que ha traído su implementación. No obstante la proliferación de tutelas, producto de la insatisfacción de los afiliados, hay que reconocerle haber adelantado acciones que, seguramente, más adelante demostrarán su bondad. Menciono, como ejemplo, la política de precios y de mayor disponibilidad de medicamentos, el nuevo estatuto de afiliación, la eliminación de los comités técnico-científicos, que dan mayor autonomía a los médicos para prescribir; el pago directo a las instituciones prestadoras de servicios y a las aseguradoras, la unificación del plan de beneficios; el modelo de atención en salud (Mias), que se halla apenas en su etapa de preimplementación.
Uno de los grandes escollos que mantienen en crisis al sistema es la situación financiera, producto, entre otras causas, del alegre manejo de que fueron objeto los recursos por algunas EPS. En el 2016, el Ministerio de Salud realizó giros por cerca de 15 billones de pesos para cubrir la unidad de pago por capitación (UPC) de los afiliados al régimen subsidiado. De esos, el 66 por ciento fue girado directamente a las IPS y el 34 por ciento restante, a las EPS. A pesar de ese considerable flujo de dinero, el estado financiero del sistema continúa en cuidados intensivos a causa del faltante económico, que supera los 4 billones de pesos, adeudados por las EPS, públicas y privadas.
Lo cierto es que, avanzado ya el 2017, el sistema de salud que tenemos no es el que imaginamos los médicos cuando hicimos una propuesta de reforma a través de una ley estatutaria. Queríamos un cambio estructural, vale decir, un sistema sólido y operante, para lo cual era menester un marco consistente (ley estatutaria) que diera cabida a un modelo de salud eficiente, producto de una ley ordinaria adecuada.
Si en algo falló el ministro Gaviria, fue, precisamente, en haber desaprovechado la aprobación de la ley estatutaria para, acto seguido, proponer una ley complementaria. Su afán por mostrar resultados lo llevó a esquivar el paso lento e incierto que caracteriza el tránsito de las leyes por el Congreso. Es explicable, pues, que lo que hoy tengamos sea un sistema no planificado, desorganizado, falto de un engranaje armónico.
En resumen, la Ley 100 sigue vigente, pero llena de remiendos. La Ley 1751, que es la ley estatutaria, no trajo consigo el esperado nuevo sistema de salud, con el agravante de que aún falta mucho para poder contar con el modelo adecuado, vale decir, aquel que reduzca las tutelas a su mínima expresión.
FERNANDO SÁNCHEZ TORRES
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