Opinión

Corrupción y salud

Es una falacia decir que “un modelo de salud como la Ley Estatutaria 1751 del 2015 es insostenible”.

04 de mayo 2017 , 01:10 a.m.

Con el título ‘Hacia una mayor transparencia en el sector salud’, la Universidad Central y la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) llevaron a cabo un interesante foro a finales de marzo pasado. La presencia e intervenciones del ministro de Salud, del Procurador y del Contralor General de la Nación enriquecieron el análisis de un asunto que preocupa a la sociedad y sobre el cual no se ha profundizado debidamente.

Al decir del Procurador, “la corrupción goza de buena salud en el país” y, en tratándose del sector sanitario –digo yo–, esa salud es desbordante. Según el Barómetro Global de Corrupción, de Transparencia Internacional –que es una organización de la sociedad civil global que lidera la lucha contra la corrupción–, en Colombia tal lastre en este sector es del 63 %, muy por encima de lo que pasa en países como Argentina (26 %), Bolivia (36 %), México (42 %), Perú (49 %), Chile y Venezuela (51 %). La explicación de tan vergonzosa primacía radica en el productivo maridaje entre el modelo de atención en salud que trajo la Ley 100 de 1993 y la idiosincrasia de algunos colombianos.

Dado que el funcionamiento del sistema de salud ha sido responsabilidad compartida entre los sectores público y privado, la podredumbre observable al destapar la olla es achacable a los dos sectores, bien por comisión, bien por omisión de sus distintos agentes.

Durante el foro señalé las múltiples modalidades de fraude infligido al sistema de salud: el desgreño administrativo; los carteles o asociaciones para delinquir (el de la hemofilia, el del síndrome de Down, el del autismo, el de los trastornos mentales, el de las embarazadas, el de las ambulancias, el del SOAT); las IPS inexistentes, es decir, de papel; los recobros de EPS por servicios no prestados y por medicamentos no entregados; el despilfarro en inversiones ajenas a la salud por parte de EPS y autoridades regionales; recargos a los precios de los insumos, especialmente medicamentos; tutelas incentivadas por la industria farmacéutica, por médicos y abogados cómplices para obtener medicamentos y otros beneficios costosos; hospitalizaciones innecesarias como estrategia para hacer rentables las camas y los equipos diagnósticos y terapéuticos; despilfarro consciente de la salud por parte de los derechohabientes (adicción al tabaco, el alcohol o a las drogas psicoactivas); pactos o acuerdos secretos entre las grandes empresas aseguradoras para constreñir el mercado e imponer tarifas proclives; en fin, adscripciones fraudulentas al Sisbén. La periodista Valentina Obando registró en EL TIEMPO del pasado 9 de abril que solo por este concepto el sistema se vio afectado en cerca de cinco billones de pesos anuales.

Basándome en las anteriores evidencias, puedo afirmar que es una falacia sostener que “un modelo de salud como el que contempla la Ley Estatutaria 1751 del 2015 es insostenible”. Es fácil intuir que de llegarse a eliminar la corrupción, los recursos que puedan recaudarse a través de las fuentes ya establecidas serían suficientes para cumplir las exigencias que contempla la Ley Estatutaria, sin necesidad de acudir a medidas fiscales heroicas, como recomiendan algunos economistas. Ignoro de qué magnitud es el desfalco que ha padecido el sistema, pero si tenemos en cuenta las muchas arterias rotas por donde se han venido expoliando los recursos, es lógico suponer que la sangría ha sido incalculable.

Como corolario de este vergonzoso balance, de no haber ocurrido tan voraz corrupción en el sector salud, no hubiera sido necesario organizar el foro de marras, la Ley Estatutaria no estaría cuestionada y Colombia contaría hoy con el mejor sistema de salud del mundo.

FERNANDO SÁNCHEZ TORRES

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