Opinión

Un consenso por la igualdad, la ética y la justicia

Habrá futuro si somos capaces de actuar, con grandeza y serenidad, unidos por objetivos comunes.

03 de junio 2018 , 12:58 a.m.

Colombia vive un momento de ebullición política y reafirmación democrática. El 27 de mayo, más de 19 millones de ciudadanos eligieron, con libertad y garantías, a los dos candidatos, de espectros ideológicos antagónicos, que se disputarán el poder presidencial en segunda vuelta. Son muchos los retos que deberá asumir el nuevo mandatario, en un país dividido por una gran fractura social, sitiado por la corrupción, agotado por la incertidumbre, que reclama la plena vigencia de la Constitución de 1991.

La democracia salió fortalecida de ese proceso. Sin el ruido de la guerra se redujeron los índices de abstención y apareció un diverso arcoíris ideológico que reconfiguró la política, de la mano de una juventud valiente dispuesta a dejar huella y cambiar la historia.

Para superar este momento de crisis, el nuevo gobierno deberá construir al menos cinco grandes consensos para erradicar la polarización, consolidar la paz, reducir la inequidad, derrotar la corrupción y reformar la justicia.

El primer reto es desarmar los espíritus y dejar atrás el odio y la descalificación, que convirtieron el debate político en un teatro de agravios. Habrá futuro si somos capaces de actuar, con grandeza y serenidad, unidos por objetivos comunes. El nuevo presidente deberá propiciar la cohesión del país, a través de un gran consenso nacional que tienda puentes alrededor de los grandes temas pendientes de reforma.

El segundo gran desafío es la garantía del cumplimiento de los acuerdos de paz, circunscritos a los fallos de la Corte Constitucional. No son tiempos de revanchismo. Colombia no puede dar marcha atrás ni atizar el fuego que aliente el regreso a la guerra. En este campo, un gran consenso incluye, además, garantizar la seguridad de los territorios abandonados por los desmovilizados, neutralizar los grupos armados ilegales, incluidas las disidencias de las Farc. Y cumplirles a más de ocho millones de víctimas cuyos derechos son una obligación moral.

Es necesario también combatir el narcotráfico, la minería criminal, los cultivos depredadores del medioambiente, la deforestación indiscriminada y la muerte de los ríos por el mercurio. La agenda verde no puede ser un asterisco minúsculo en la lista de prioridades del nuevo mandatario.

El tercer reto es avanzar en la lucha contra la inequidad, a través de un gran acuerdo contra la desigualdad. Eso incluye rediseñar el sistema de salud y lograr una política pública de protección a los niños y los adultos mayores. Tenemos que dejar de ser campeones mundiales en violencia infantil. No podemos seguir matando el futuro. Y, por supuesto, dar plenas garantías a la oposición y a los nuevos liderazgos sociales. Cada líder asesinado es una afrenta a la democracia y una vergüenza ante el mundo.

El cuarto reto es la lucha contra la corrupción, una pandemia que exige resultados concretos del Estado y la sociedad. Los candidatos presidenciales firmaron con la Procuraduría, los gremios y la academia un pacto por la ética: estaremos atentos para que se cumpla. Más veedurías, más pedagogía ciudadana, menos privilegios, cero acuerdos con corruptos son exigencias de una sociedad dispuesta a transformarse a partir de la ética pública.

La reforma de la justicia es el quinto desafío. Es manifiesto el hastío contra la impunidad. ¿Cuál es la vía? Un gran acuerdo nacional, que en ningún caso puede significar un retroceso a la Constitución de 1886 ni la disminución de los derechos adquiridos. Ni la tutela, ni la Corte Constitucional ni los grandes avances de la Carta de 1991 pueden estar en juego. Hay que ser imaginativos, sin caer en una histeria reformadora que se entienda como una revancha contra el sistema de justicia.

De la manera como se logren esos cinco consensos dependerá el futuro de Colombia. Hay que votar por unidad, paz, equidad, ética y justicia. La Procuraduría trabajará con la Constitución en la mano, creando los espacios de diálogo y concertación que requiera el nuevo presidente para generar la confianza ciudadana que hoy no existe.

FERNANDO CARRILLO FLÓREZ
Procurador General de la Nación

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