Opinión

Sonrientes ante la ilegalidad

No se me ocurre cómo el Gobierno va a suscribir con el Distrito un convenio viciado de ilegalidad.

03 de noviembre 2017 , 12:00 a.m.

En la fotografía glamurosa que publica este diario (1/11/2017) los veintiséis concejales que aprobaron las vigencias futuras para la primera línea del metro elevado de Bogotá, exhiben sus sonrisas satisfechas junto a miembros del gabinete distrital. Dice la fotoleyenda que “Tras una votación histórica por la trascendencia del tema” (los aludidos concejales y funcionarios) “celebraron el sí a vigencias para el metro”. El articulo pertinente titula: “Con vigencias aseguradas, qué sigue para el metro (elevado) de Bogotá”. 

Y lo que sigue, según el párrafo introductorio del artículo, no es nada alentador:

“Después del espaldarazo del concejo al Distrito, que al aprobar en plenaria las vigencias futuras por un valor de $ 6,08 billones que aseguran el dinero que pondrá la ciudad para la primera línea del metro elevado, todavía quedan varios pasos para hacer realidad la megaobra”.

Esos varios pasos que faltan no son tan suaves como los describe el redactor, sino verdaderamente complejos y podrían echar abajo el “innecesario metro” (palabras de Enrique Peñalosa publicadas hace treinta y tres años en ‘El Espectador’ para calificar o descalificar el metro elevado de Medellín), y voltear la sonrisa de concejales y funcionarios en un gesto de preocupación acentuada.

El artículo especifica que las vigencias recién aprobadas por el Concejo, son vigencias futuras o extraordinarias; pero anda por ahí una vigencia ordinaria por un billón de pesos, para el proyecto del metro subterráneo, que fue sustraída y trasladada al metro elevado. La única diferencia entre vigencias futuras y vigencias ordinarias es que aquellas pueden aplicarse con posterioridad (por eso son futuras), mientras que la ordinaria debe ejecutarse dentro del mismo período en que fue aprobada. La vigencia ordinaria del billón de pesos tendría que estar ejecutada antes del 11 de noviembre, cuando entra en vigor la ley de garantías. ¿Cómo hará la administración Peñalosa para ejecutar un billón de pesos en una semana que le queda y en un metro que ni siquiera está en licitación, y del que todavía, después de aprobadas las vigencias futuras, no se conocen los estudios de factibilidad ni la ingeniería de detalle? El otro misterio es ¿dónde está el billón de la vigencia ordinaria? En la Administración nadie parece saberlo. La Secretaría de Hacienda dice que lo tiene la Empresa Metro, y la Empresa Metro dice que lo tiene la Secretaría de Hacienda. ¿En donde está el billón de pesos de la vigencia ordinaria?

Ahí tenemos un primer enredo que le va a complicar la vida a la Administración Distrital, si es que los entes de control (Procuraduría, Fiscalía y Contraloría) no resuelven hacerse los de la vista gorda ante posibles ilícitos de la administración actual de Bogotá, como hasta ahora lo han estado practicando.

¿Cómo hará la administración Peñalosa para ejecutar un billón de pesos en una semana que le queda y en un metro que ni siquiera está en licitación?

En el debate final, antes de la votación de las vigencias futuras, el concejal progresista Hollman Morris, en el tiempo reglamentario para hacer uso de la palabra, dejó una constancia contundente sobre la ilegalidad de aprobarle un cupo de endeudamiento a un proyecto que no tiene estudios de factibilidad ni ingeniería de detalle.

¿Cabría pensar que, como lo dicen sus malquerientes, y los defensores del proyecto ME, el concejal Morris está “haciendo política” con su oposición al proyecto descabellado? Pues, no Morris, sino el propio gerente de la Empresa Metro, don Andrés Mesa, es quien admite que ese proyecto no tiene los estudios indicados ni llena los requisitos legales y técnicos. Lo dijo “con toda sinceridad” en una entrevista con Julio Sánchez Cristo en La W. A la pregunta del periodista “¿Cómo lograron ustedes algo que parece imposible, que les aprueben un metro que no tiene los estudios correspondientes, cómo lo lograron?”, responde el gerente de la Empresa Metro: “No, no, eso no es, eh… ah… no es sorprendente, Julio”, y enseguida da una serie de explicaciones incoherentes con las que trata de hacernos creer que un diseño y un estudio de factibilidad e ingeniería de detalle son la misma cosa.

Segunda pregunta de Sánchez Cristo: “Pero hoy hay que decirlo con sinceridad, la empresa contratada para hacer el estudio, Syntra, no lo ha terminado, no lo ha entregado …”. Respuesta del gerente: “No, no lo ha entregado, Julio, con toda sinceridad, pero los estudios de diseño continúan, continúan”.

Así, el gerente de la Empresa Metro confirma que, después de aprobadas las vigencias futuras, y con una vigencia ordinaria embolatada, los estudios de factibilidad del ME de Bogotá no existen. Es decir que el engaño a Bogotá y a la nación por parte de la Administración continúa, continúa, y la ilegalidad de la aprobación de las vigencias futuras por el Concejo de Bogotá (26 concejales a favor, 11 en contra) es indiscutible.

El engaño a Bogotá y a la nación por parte de la Administración continúa, y la ilegalidad de la aprobación de vigencias futuras por el Concejo de Bogotá es indiscutible.

Veamos por qué:

Informe de La W radio dice que “El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, reconoció que la empresa contratista para la modernización de la refinería de Cartagena, CB&I, fue un pésimo contratista que demostró grandes dosis de improvisación por su forma de contratación.

En rueda de prensa conjunta con Ecopetrol y Reficar, el alto funcionario aseguró que el proyecto se inició sin los respectivos estudios de ingeniería a detalle y admitió que los cálculos se hicieron a mano alzada como sucedió con la autopista de la Prosperidad.

“El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicó que la junta de Ecopetrol decidió no revocar el contrato con CB&I porque con ellos el proyecto se exponía a grandes demandas y a un detrimento mayor por paralizar las obras.

“Indicó que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos tendrá cero tolerancias con la corrupción y que estarán atentos a las investigaciones para ‘ipso facto’ fichar y capturar a los responsables del escándalo de Reficar.

“Finalmente, anunció que el Gobierno está conformando un ‘pool’ de abogado para llevar a cabo las reclamaciones contra CB&I”. (Texto completo, en: 
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/8203gobierno-admite-que-cbi-fue-un-pesimo-contratista-para-reficar/20160210/nota/3057497.aspx)


Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos, en la inauguración de la ampliación de las obras del puerto de Mamonal, corroboró lo dicho por su ministro de Hacienda:

“El problema de Reficar, todo este escándalo que se ha generado, tiene que ver con, precisamente, esa costumbre que teníamos los colombianos de iniciar las obras sin estructurarlas bien.

“Yo no creo que allá se hayan robado, estoy seguro de que no se han robado la plata que están diciendo. No.

“Costó mucho más de lo que estaba previsto, pero por falta de planeación. Porque iniciaron la obra con solamente 20 por ciento de los estudios de ingeniería. Y cuando comenzaron a profundizar se dieron cuenta de que costaba más, y tocó ir pagando más.

Eso les sucedía prácticamente a todas las obras públicas que hacíamos en Colombia. Y por eso inclusive hicimos aprobar una ley (la 1483 de 9 de diciembre de 2011) en el Congreso de la República, en la cual licitar una obra que esté por debajo de la llamada segunda fase de estructuración se convierte en un delito, para obligar a la estructuración, a la cultura de la estructuración”.

Si el presidente de la República y el ministro de Hacienda señalan como un delito (y lo es) la adjudicación, aprobación o licitación de una obra que no tenga los debidos estudios de factibilidad y detalle de ingeniería, no veo yo cómo van a suscribir un convenio para una obra que no tiene estudios de factibilidad ni detalles de ingeniería (“a mano alzada”, como dice el doctor Cárdenas) y que supuestamente va a costar dieciocho billones de pesos, y que como lo señaló el presidente Santos respecto a Reficar, por falta de esos estudios se expone a resultar con un costo real de treinta o cuarenta billones de pesos. Un Reficar cuádruple. No se me ocurre cómo el Gobierno Nacional va a suscribir con el Distrito Capital un convenio viciado de ilegalidad por todas partes.

Lo menos que pueden decirle a la administración del alcalde Peñalosa es ‘preséntenos debidamente sustentados los estudios de factibilidad e ingeniería de detalle del proyecto ME de Bogotá, y con gusto suscribimos el convenio’. De otro modo, de acuerdo con las palabras del señor presidente, se estaría conformando un delito, es decir, la violación de lo dispuesto por la Ley 1483 de 2011, que el gobierno actual de Colombia presentó en buena hora al Congreso de la República.

ENRIQUE SANTOS MOLANO

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