Opinión

Fin de una pesadilla

El funcionario encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución era el primero en violarla.

08 de septiembre 2016 , 04:50 p.m.

Hoy se respira mejor en la República. Con la salida del predicador procurador, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, el aire democrático estará menos viciado. Salimos de una pesadilla institucional como no la habíamos tenido en los últimos cincuenta años. Malos sueños, sí; funcionarios cuasi dictatoriales, también. Nunca un fundamentalista medieval a cargo del organismo que debe “vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos” (artículo 275 de la Constitución) y obrar con imparcialidad absoluta. El procurador Ordóñez Maldonado actuó en contravía de la Constitución, interpretándola a su capricho y amaño para abusar del poder y ejercer una descarada y feroz persecución contra sus enemigos, aunque fueran inocentes, y defender y amparar con el mismo descaro a sus amigos, aunque fueran culpables.

Se hizo reelegir para un segundo periodo mediante intrigas, intimidación, ofrecimiento de puestos y prebendas. Varios juristas, columnistas y analistas denunciaron desde el principio que la reelección del doctor Ordóñez Maldonado estaba viciada de ilegalidad por los cuatro costados. Rodrigo Uprimny, director entonces del centro de estudios Dejusticia, demandó la reelección del procurador Ordóñez por varias irregularidades, entre ellas “el cargo esencial de que en la reelección se violó el artículo 126 (de la Constitución) que prohíbe que un servidor público nombre en cargos que no son de carrera a familiares cercanos de quien sea competente para su designación”, según lo declara Uprimny en EL TIEMPO.COM, es decir, ‘tú me nombras y yo te nombro a tus familiares’.

La pequeña anomalía demandada por el doctor Uprimny consiste en que el funcionario encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución era el primero en violarla. Después de tres años de presentada la demanda, y de la dilación del fallo mediante trucos y recursos leguleyos a los que apeló el Procurador (lo cual demuestra cuán consciente estaba de la ilegitimidad de su reelección), el Consejo de Estado le dio la razón al demandante y anuló, con un fallo de extrema tibieza, la reelección del doctor Ordóñez Maldonado.

Algunos de los abusos del poder fundamentalista que ejerció el predicador procurador, ya registrados en esta columna, fueron el despojo arbitrario de la investidura de Piedad Córdoba como senadora de la República, quien fue elegida sin ninguna clase de artimañas, por voluntad popular, y la privación de sus derechos políticos, con cargos que no fueron probados porque no existieron. Así lo sentenció hace poco el propio Consejo de Estado. Se trató de un caso claro de persecución política contra una ciudadana que tenía y aún tiene ideas diferentes a las del Procurador y su jefe, el senador Álvaro Uribe.

Otra víctima, en las mismas condiciones que Piedad Córdoba, culpable del grave delito de diferencia ideológica con el Procurador, fue el alcalde Gustavo Petro. Para destituirlo, el Procurador lo acusó de hechos que no daban ni para una amonestación. Por ejemplo, el de atentar “contra la libre competencia” por haber recuperado, en cumplimiento de sus funciones, el manejo del aseo público de la ciudad, monopolizado por cuatro operadores privados. ¿Qué libre competencia había ahí? Las razones jurídicas de la Procuraduría para destituir al alcalde Petro fueron tan burdas que la CIDH las declaró inaceptables y ordenó la restitución inmediata del alcalde de Bogotá, como todos saben.

La Constitución manda que entre las obligaciones del Procurador General están: proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad; defender los intereses de la sociedad; defender los intereses colectivos, en especial el ambiente (artículo 277), etc. Nunca estuvieron los derechos humanos tan desprotegidos por el Ministerio Público como en la era fundamentalista del doctor Ordóñez Maldonado. De las muchas diatribas que el Procurador lanzó durante su ejercicio, no conozco ninguna contra el asesinato continuo de líderes sociales, líderes de derechos humanos, ecologistas, maestros, mujeres líderes de sus comunidades y desplazados. Nada contra las bandas criminales ni contra los paramilitares. El Procurador ilegítimo se concentró en atacar el proceso de paz iniciado por el Gobierno y las Farc, con el lema de ‘No a la paz con impunidad’; pero la impunidad en que están los crímenes perpetrados, desde el genocidio de la UP hasta nuestros días, no le ha parecido grave al doctor Alejandro Ordóñez, incinerador de libros profanos en sus años mozos. Tampoco el medioambiente se benefició con el fundamentalismo del Procurador. La situación ambiental del país es grave y al respecto no se conoce ni un llamado de atención de la Procuraduría. Gustavo Álvarez Gardeazábal denuncia en su columna de ADN la devastadora actividad arboricida que se está realizando en distintos departamentos, con el visto bueno o la indiferencia de las CAR, y el Procurador mudo, en un mutismo complaciente con la depredación medioambiental.

Sin embargo, el procurador Ordóñez quedará impune de su gestión desastrosa. El fallo del Consejo de Estado no le impone sanción alguna y le conserva intactos sus derechos políticos. Ya él, con su cinismo habitual, declara que su salida es el primer resultado de los acuerdos de La Habana y que su caída obedece a las presiones del Gobierno y de las Farc. La fecunda imaginación de este personaje no se cansa de crear mentiras y de echarlas a rodar en calidad de verdades absolutas. No lo hace por deporte. Tiene la intención de salir a la plaza pública como el primer mártir del posconflicto “a continuar en la lucha”. Lleva casi ocho años haciendo campaña política desde un cargo público y sale en hombros del uribismo para ser candidato presidencial por el Centro Democrático en el 2018.

No soy profeta, pero le vaticino al doctor Ordóñez Maldonado que el país no le caminará a una segunda pesadilla fundamentalista. Ni en el 2018 ni en adelante, jamás.


Enrique Santos Molano

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