Opinión

A quién salvar

La pregunta para hacerse no es cómo salvar a un funcionario impopular, sino cómo salvar a Bogotá.

12 de mayo 2017 , 12:09 a.m.

Las baterías de lado y lado, en el debate sobre la revocatoria del mandato del alcalde de Bogotá, estuvieron activas esta semana. EL TIEMPO abrió fuegos el domingo 7 en su columna editorial (‘Ajustes a la revocatoria’) para fijar su posición en contra del proceso revocatorio y sugerir al Consejo Nacional Electoral (CNE) que acoja los argumentos a favor de anular la acción adelantada por las comités que promueven la revocatoria, con el resultado, hasta ahora, de setecientas mil firmas de apoyo radicadas ya en la Registraduría Nacional (RN) y cuatrocientas mil más que serían radicadas en los próximos días.

El editorial citado considera motivos para invalidar el proceso revocatorio: a) que “el fallo de las revocatorias obedece a los múltiples intereses que las inspiran, los argumentos que se esgrimen a la hora de promover el final de un mandato, y porque cada vez más se convierte en tinglado para dirimir rencillas políticas locales”; b) que “los ciudadanos tienen que tener claro que así como les asiste el derecho a pedir la revocatoria de un alcalde o gobernador, también han de saber que ese derecho ha de estar sustentado en razones que evidencien el incumplimiento de los mandatarios con sus programas de gobierno”; y c) que “infortunadamente en el caso de Bogotá, donde se busca la salida del alcalde Enrique Peñalosa casi que desde su posesión, han primado la desinformación y las argucias políticas a la hora de convocar a los ciudadanos”.

Hasta donde sé, la mayoría, si no la totalidad de las revocatorias intentadas en los veinticinco años de cuasi vigencia de la Carta del 91 (incluida la del alcalde Gustavo Petro, incoada al año siguiente de su posesión y atizada por la persecución de un procurador abusivo) han fallado, porque no encontraron respaldo suficiente de la ciudadanía. Por primera vez en veinticinco años una solicitud de revocatoria consigue de sobra ese respaldo ciudadano tan esquivo.

Supongo que muchas de las peticiones de procesos revocatorios tropezaron con la indiferencia ciudadana por estar inspiradas en “múltiples intereses” o en “rencillas políticas locales”; pero no es el caso del actual proceso revocatorio del alcalde de Bogotá. No existe en Colombia, ni en ningún país del mundo, ni la habrá nunca, la menor posibilidad de que un millón y pico de ciudadanos acudan a una convocatoria política, como necesariamente lo es una revocatoria de mandato (si es que entendemos la política como el arte de gobernar la sociedad), movidos por el interés mezquino de una “rencilla política local”.

El millón y pico de habitantes de Bogotá, mayores de edad, que respaldan la realización de un proceso revocatorio, tienen derecho a que no se les considere idiotas, incapaces de pensar por sí mismos e incapaces de sentir por su ciudad un interés que no sea puramente cívico, de amor por la urbe en que residen y deseosos de evitar que esa urbe sea destruida por un plan de desarrollo demencial, que no les ha sido consultado, que se aprobó en secreto virtual a pupitrazo limpio (o sucio), y que va a tener para la capital las consecuencias más desastrosas hacia el futuro a corto, mediano y largo plazo.

La mía es una opinión, y la de EL TIEMPO es otra opinión. Puede que la opinión de EL TIEMPO esté en lo correcto y que la mía se equivoque; pero ese es el debate que no se está dando entre la ciudadanía a cielo abierto, bajo ese “cielo azul” falazmente invocado por los peñalosistas soñadores. EL TIEMPO se queja de que para buscar la salida del alcalde Peñalosa han primado la desinformación y las argucias políticas a la hora de convocar a los ciudadanos. Sin embargo, mientras los defensores del alcalde Peñalosa encuentran las puertas abiertas en los medios, los promotores de la revocatoria se ven obligados a comunicarse con la ciudadanía por las redes sociales, que sin duda alcanzan a cientos de miles de usuarios, pero carecen de amplitud informativa.

En su entrevista a Juan Carlos Flórez, cuyas respuestas, inteligentes y bien meditadas, dejaron muy mal parados al alcalde Peñalosa y a su equipo de gobierno, María Isabel Rueda aplaude, en una pregunta, la venta de la ETB: “(Peñalosa) toma decisiones costosas por las fuerzas que hay en contra, como el Sindicato de la Empresa de Teléfonos, pero todos sabemos que esa venta es necesaria”. ¿Todos lo sabemos? Qué maravillosa facultad de una gran periodista la de conocer lo que “todos sabemos”. Por qué no entrevista a Hollman Morris. Quizá él tiene interesantes revelaciones acerca de por qué la venta de la ETB no es necesaria, sino que es inconveniente, y por qué ese millón y pico de ciudadanos (el Sindicato de la ETB no tiene más de tres mil afiliados) que respaldan la revocatoria no quieren que Bogotá sea despojada de uno de sus bienes estratégicos, entre otras objeciones de fondo que se plantean al Plan de Desarrollo de la presente administración.

El artículo 103 de nuestra Constitución minusválida, tan mal defendida por una Corte que se creó para defenderla y hacerla respetar, dice a la letra: “Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará”. Cualquier constitucionalista que no esté movido por ningún interés particular, sabe que la reglamentación de los artículos de la Carta Magna es írrita si va en contra de la soberanía del pueblo, o que le impida o le estorbe al pueblo ejercer su soberanía. Un millón de firmas son una manifestación de soberanía del pueblo, están por encima de la opinión de un exmagistrado de la Corte Constitucional, y de cualquier opinión que intente impedir la práctica pacífica, legítima y plena de esa soberanía que es inalienable.

Dicho lo anterior, agrego que nunca me cansaré de exaltar la amplísima libertad que los columnistas de EL TIEMPO tenemos para opinar, así sea en desacuerdo con la posición editorial del periódico. Esa sana pluralidad la encuentran los lectores en las diversas opiniones que se publican a diario en la sección respectiva. Así vemos que al rechazo editorial a la revocatoria, sigue una columna de Juan Pablo Calvás (‘Bogotá versus Santiago’, 9 de mayo del 2017) que desnuda las flaquezas de TransMilenio y los graves peligros que entraña el proyecto de regar troncales por todas partes contemplado en el Plan de Desarrollo del cuatrienio peñalosista.

María Isabel Rueda, en la mencionada entrevista a Juan Carlos Flórez (8 de mayo del 2017) le pregunta al entrevistado: “Termino esta entrevista preguntándole lo mismo que le dije al principio: ¿cómo salvar a Peñalosa?”. Flórez, con la inteligencia y la agudeza que lo han mantenido con brillo diez años y medio en el Concejo de Bogotá (preparándose para ser un gran alcalde en un futuro no lejano), no solo no suministra la fórmula salvadora, sino que, entre líneas, deja entender que Peñalosa no tiene salvación.

La pregunta que deberíamos hacernos los bogotanos y los periodistas no es cómo salvar a un funcionario impopular, sino cómo salvar a Bogotá.

Encuentro pertinente concluir por hoy con la reproducción de la carta que el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, le envió al señor alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y que puede leerse en este enlace.

ENRIQUE SANTOS MOLANO

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