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Estrategia general de justicia

La justicia debe restablecer normas, garantizar derechos y la no repetición del conflicto.

Hemos logrado un avance muy importante en el proceso de adhesión de Colombia a la Ocde: la estrategia de política pública planteada por el Gobierno Nacional en el Comité de Gobernanza Pública, que incluye los ejes de integridad, transparencia, justicia y capacidad subnacional, recibió el apoyo de los delegados de los 35 países miembros. Y desde el Ministerio de Justicia y del Derecho nos esforzamos por reconocer las metas y retos en este apartado.
En el 2013, la Ocde invitó a Colombia a comenzar formalmente su proceso de ingreso a esta organización que trabaja para dar respuestas a problemas económicos, sociales y ambientales, y fija soluciones con base en los más altos estándares internacionales de política pública. El proceso implica la evaluación del país, a través de 23 comités que valoran todos los aspectos de política pública susceptibles de mejorar el bienestar de los ciudadanos. En suma, “mejores políticas para una vida mejor”.
Este proceso coincide con la nueva realidad que vivimos: la superación de las desigualdades y carencias sociales que siempre han impulsado el conflicto. Con esta idea, Colombia viene esforzándose para adoptar mejores políticas públicas y llevar a cabo reformas estructurales con miras a generar tasas de crecimiento y sostenimiento del desarrollo económico y social; aspectos vitales para el proceso de paz.
El debate sobre la evaluación de la justicia colombiana se dio en el interior del Comité de Gobernanza Pública. Esto ha sido de suma utilidad para el direccionamiento de la política pública en materia de justicia, especialmente frente a los retos que plantea el posconflicto y a la necesidad de garantizar el acceso a una justicia efectiva en todos los rincones del país.
La justicia es uno de los temas que más atención merecen en este momento histórico. Desde el inicio de las negociaciones se ha resaltado el papel fundamental de la justicia para alcanzar la paz territorial. El Gobierno Nacional no ha ignorado esta situación y por ello reconoce el valor de la justicia para reconstruir el orden social.
En este contexto, la justicia debe consolidarse como herramienta para restablecer las normas básicas de la sociedad, garantizar derechos y bienestar y asegurar la no repetición del conflicto. La justicia transicional es, pues, una de las facetas de la reconstrucción y reivindicación del orden social y los derechos de las víctimas. La otra faceta de la justicia para el posconflicto se enfocará en la promoción de los derechos y garantías de los demás habitantes del territorio.
Teniendo esto como mira, entre el 24 y 26 de abril se adelantó un diálogo constructivo con el fin de analizar y determinar los objetivos de la Estrategia General de Justicia para el Posconflicto, que recibió el apoyo de los delegados de los países miembros debido a su solidez. Algunos se han puesto a disposición para tareas posteriores de seguimiento y monitoreo en el cumplimiento de las metas, una vez Colombia se convierta en miembro permanente. ¡Es una excelente noticia!
La adhesión de Colombia a la Ocde significa que el Estado entra en un proceso de evaluación constante –no solo en el ámbito de la justicia, sino en todos aquellos aspectos relevantes para el desarrollo económico y social–, bajo los parámetros de excelencia internacional. Surge entonces la posibilidad de acceder a la mejor asesoría posible en temas cruciales, a través de la experiencia de quienes han superado problemas similares. La imagen de Colombia en el exterior sigue mejorando. Este es otro paso trascendental en la consecución de un sello de calidad para la intervención extranjera.
ENRIQUE GIL BOTERO
Ministro de Justicia y del Derecho
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