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Las reglas del juego

Durante las últimas dos décadas, pocas democracias en el mundo se han escapado del debate sobre las finanzas electorales, asociadas casi siempre con casos de corrupción.

Entre las reformas asociadas al proceso de paz, la del sistema electoral es particularmente relevante. Así lo destacó el presidente Santos, al instalar la Misión de expertos que se encargará de estudiar la materia y presentar sugerencias para el proyecto que irá al Congreso.
Además del contexto de las negociaciones, Santos enmarcó los fines de la Misión dentro de los recientes desarrollos de las redes sociales, una revolución en las comunicaciones con evidente impacto político. Y se refirió a la necesidad permanente de las democracias de revisar sus sistemas electorales.
Santos prestó especial atención a la corrupción, por ser un problema prioritario, muy ligado a las operaciones electorales. Le propuso a la Misión que contemplara la posibilidad de la financiación estatal completa de las campañas. ¿Qué tan adecuada es la propuesta presidencial para los fines señalados?
Santos acierta al identificar el sistema electoral como uno de los terrenos más propicios para combatir la corrupción. Los sistemas electorales son centrales a todo el desarrollo democrático: de ellos depende la calidad de la representación. La “ingeniería constitucional”, como expresó Giovanni Sartori, comienza con los sistemas electorales.
Sebastián Mazzuca, profesor en Johns Hopkins, propone una distinción que me parece muy útil en esta discusión. Mazzuca sugiere distinguir entre dos momentos del proceso político: acceso al poder y ejercicio del poder. Aunque sugiere una separación drástica entre las dos esferas, tiene razón en observar sus distintas dinámicas y diversa relevancia para los procesos de democratización.
El debate sobre sistemas electorales pertenece a la primera esfera, la del acceso al poder. Lo que debe entenderse con mayor claridad es la estrecha relación entre las formas de acceder al poder en democracia y las trayectorias de su ejercicio: la calidad de las democracias depende en buena parte de la calidad de sus mecanismos de acceso al poder, de sus sistemas electorales.
Por supuesto que las regulaciones sobre las finanzas de los partidos y las campañas son básicas para asegurar la calidad del proceso para acceder al poder. El tema toca por lo menos dos condiciones de la democracia: ciertos niveles de equidad en la competencia electoral y la independencia de quienes buscan representar al electorado.
Durante las últimas dos décadas, pocas democracias en el mundo se han escapado del debate sobre las finanzas electorales, asociadas casi siempre con casos de corrupción. No es claro, sin embargo, que los sistemas de financiación preferencialmente estatales sean más conducentes a combatir la corrupción que aquellos que dependen de las donaciones privadas. La Misión Electoral haría bien en estudiar casos contrastantes como los de México y la Gran Bretaña.
Eliminar del todo el apoyo financiero de los particulares no parece práctico. Se corre el riesgo de caer en el peor de los escenarios; es muy difícil controlar el flujo de fondos que podría entrar de manera ilegal en las arcas de las campañas. Normativamente, los partidos se convertirían en apéndices del Estado, alejados de sus partidarios.
Depender del todo de las finanzas particulares no sería equitativo. Y es necesario evitar que se creen lazos de dependencia entre los representantes. Hay que buscar, pues, el balance en un sistema mixto. Y prestar más atención a otros aspectos: límites a los costos de las campañas, límites a las sumas donables y a la proporción de donantes; autoridades electorales fortalecidas.
Estos son apenas algunos de los temas que deberá abordar la Misión Electoral, cuya importante tarea exige toda la atención del debate público.
Eduardo Posada Carbó
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