Opinión

El obligatorio, voto errático

¿Sirve el voto obligatorio para tomar mejores decisiones públicas?

23 de febrero 2017 , 09:30 p.m.

La propuesta gubernamental del voto obligatorio “merece un debate serio”, ha dicho César Rodríguez Garavito (El Espectador, 16/2/17). Tiene toda la razón. Y ofrece interesantes argumentos para estimular el debate.

Primero: la medida serviría para aumentar la participación electoral, y con ello reforzar la legitimidad del sistema. Esta razonamiento tiene varios problemas: unos, de orden práctico; otros, sustantivos.

Comencemos por lo pragmático. Para que la medida sea efectiva, se necesitarían sanciones conducentes. ¿Multas? ¿De qué cuantía? ¿Imposibilidad de acceso a cargos públicos o becas estatales? ¿Restricciones de viajar al exterior? Rodríguez no especifica –tampoco lo ha hecho el Gobierno–. ¿Qué autoridades serían las encargadas de vigilar su cumplimiento?

Estas objeciones no son de poca monta. Señalan cierta tradición de aventura legislativa, sin pensar en formas de llevar la ley a la práctica ni en sus consecuencias. Sancionar a los ciudadanos por no votar sería de alguna manera ‘criminalizarlos’ y, de paso, recargar al Estado de funciones punitivas cuando aún le falta capacidad para combatir con eficiencia crímenes ordinarios.

El voto obligatorio les estaría haciendo la tarea a los políticos, a quienes corresponde motivar al electorado.

La objeción sustantiva no es de menor peso. Unas cifras forzadas de participación electoral producirían, a lo sumo, legitimidades disfrazadas. ¿De qué sirve registrar un 90 por ciento de participación en las urnas, cuando un alto porcentaje lo hace a la fuerza? Sería engañoso pretender que tales cifras, infladas por la obligación, son equivalentes a la voluntad ciudadana.

Si la participación electoral es señal de ilegitimidad del sistema (no estoy seguro de que lo sea siempre), esas cifras engañosas nos impedirían conocer los niveles reales de la tal ilegitimidad. El voto obligatorio les estaría haciendo la tarea a los políticos, a quienes corresponde motivar al electorado.

Rodríguez Garavito nos dice que el voto obligatorio serviría además para darles voz a los sectores menos poderosos. Una proposición con premisas cuestionables.

Hay, es cierto, estudios de politólogos notables que sugieren relaciones entre el voto obligatorio y menores niveles de desigualdad. Pero el caso del Brasil los desafía. Como lo harían históricamente casi todas las experiencias latinoamericanas, en donde los sectores menos poderosos, gracias al voto obligatorio, deberían haber llevado la voz cantante desde hace un siglo.

Rodríguez Garavito tiene también razón, y mucha, al señalar el serio problema de quienes no pueden votar por estar alejados de los puestos de votación. Pero atar la exigencia de que el Estado garantice transporte público al voto obligatorio el día de las elecciones no tiene mayor sentido. Se puede y debe hacer lo uno sin lo otro.

El último argumento de Rodríguez Garavito nos dice que con el voto obligatorio evitaríamos la polarización. Aduce para ello las recientes polarizaciones en Estados Unidos, Colombia y Gran Bretaña (votos voluntarios), en contraste con Australia (obligatorio). Podría hacer otros ejercicios: ¿las polarizaciones chilena de la década de 1970 o argentina a lo largo del siglo XX fueron amortiguadas por el voto obligatorio? ¿No hay acaso vínculo alguno entre el voto voluntario y la longevidad de la democracia en los Estados Unidos y la Gran Bretaña?

El nivel de participación no debe ser el único criterio para juzgar las supuestas bondades del voto obligatorio. El voto importa porque con él se toman decisiones que afectan a la comunidad. ¿Sirve el voto obligatorio para tomar mejores decisiones públicas? Los holandeses abandonaron el experimento de crear ciudadanía a la fuerza tras comprobar que el voto obligatorio producía votos erráticos.

EDUARDO POSADA CARBÓ

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