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El futuro en Venezuela

Con la violación de los derechos electorales, se encuentra la causa política de la crisis actual.

“Se ha consolidado un régimen dictatorial e ilegítimo en el país”. Las palabras son de Luis Almagro, secretario general de la OEA, en su cuarto informe sobre Venezuela, publicado el 25 de septiembre pasado, tres semanas antes de las elecciones regionales que acaban de tener lugar allí.
Sus denuncias y condenas son, una vez más, contundentes. Almagro dedica buena parte de su último informe a exponer los vicios del proceso de elección de la Asamblea Nacional Constituyente, con la que Maduro propició una especie de ‘autogolpe’ y que hoy cogobierna en Venezuela (baste ver las fotos de la juramentación de los nuevos gobernadores oficialistas ante dicha asamblea).
El listado de irregularidades, en un “proceso viciado desde su origen”, es extenso: coerción del voto, intimidación política, abuso de recursos estatales, cambios en la normativa electoral, distorsión de resultados...
“En una elección que carece de los mínimos elementos de certeza –expresa Almagro–, en la que existen discrepancias sobre la tasa de participación y en la que la manipulación ha sido denunciada por la empresa encargada de la consolidación de los resultados, no se puede determinar la validez de los datos difundidos”. Se trataría de una elección nula.
Habría que subrayar además el curioso sistema electoral del que se sirvió Maduro para armar un régimen corporativo, alejado en su esencia de normas básicas de la democracia moderna.

Lo sucedido el domingo no modifica el diagnóstico de Almagro. No se ven salida pronta de la crisis venezolana ni avenidas claras para la redemocratización del país

El informe de Almagro vuelve a repasar los hechos que han conducido a la “destrucción” de la democracia por el Gobierno venezolano. Identifica su “deslegitimación de origen” en el “tortuoso proceso de anulación del referéndum revocatorio”. Allí, con la violación de los derechos electorales, se encuentra la causa política de la crisis actual.
Algunos argumentarán que la obstrucción del revocatorio fue fruto de tácticas dilatorias, simples artimañas electorales a las que han acudido tradicionalmente todos los políticos. Pero lo sucedido después, tras la elección de la Asamblea Nacional en diciembre del 2015, fueron ya manifestaciones más abiertas y descaradas contra la democracia y el Estado de derecho.
De los repetidos desconocimientos de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, se pasó a la usurpación de sus funciones legislativas por el Tribunal Supremo de Justicia –órgano que, como el Consejo Electoral, controla el Gobierno–. Fue uno de los más claros desafíos (como si faltaran) a la democracia.
El golpe final se produjo con la “instauración de una Asamblea Constituyente ilegítima”, el 30 de julio. A partir de entonces, expresa el informe, “la Secretaría General de la OEA entiende que la democracia en Venezuela fue eliminada”. Se ha consolidado, concluye el documento, “un régimen dictatorial e ilegítimo en el país” (...) que busca destruir la institucionalidad estatal y la Carta Magna en un período de dos años”.
En medio de este derrumbe democrático, el régimen decidió convocar arbitrariamente elecciones regionales el domingo pasado, después de haber irrespetado el calendario estipulado en la Constitución y mantener en zozobra a la ciudadanía. Dejó escasas semanas para la campaña. Confundió al electorado con cambios de lugar de las mesas electorales para ahuyentarlos de las urnas.
Fue un dilema para la oposición, que se vio fragmentada en el camino y derrotada en un proceso electoral sin garantías.
Lo sucedido el domingo no modifica el diagnóstico de Almagro. No se ven salida pronta de la crisis venezolana ni avenidas claras para la redemocratización del país. El Consejo Permanente de la OEA debe atender el mensaje de urgencia de su Secretario General.
EDUARDO POSADA CARBÓ
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