Opinión

Objeción presidencial y exclusión ministerial

En carta al Senado, Minsalud calificó el proyecto de la Ley Sara como inviable e inconveniente.

20 de julio 2017 , 12:07 a.m.

En el momento de escribir esta columna, el Presidente está objetando la ley que incluyó los tratamientos de fertilidad en el plan de beneficios públicos de salud, por cierto llamada por sus promotores Ley Sara, en alusión a la esposa de Abraham a la que Dios hizo fértil a los 90 años. (Raro eso de que en un Estado aconfesional las leyes refieran a relatos bíblicos.)

No se entendería que siendo tan contundente el concepto del Ministerio de Salud, el Presidente no la objete. En carta al Senado, Minsalud calificó el proyecto como inviable e inconveniente. Y en respuesta a un cuestionario de la Corte Constitucional, indicó que el impacto fiscal de costear estos procedimientos solamente a las 52.000 parejas del estrato 1 que podrían tener algún grado de infertilidad sería de 2,5 a 3,6 billones de pesos. Ante tal panorama, el Ministro de Salud no solo plantea que la cobertura debe seguir haciéndose a través de fallos judiciales, según cada caso, sino que está pensando en proponer que estos tratamientos queden en la lista de exclusiones del plan de beneficios de salud, y del reciente estrenado ‘mipres’, la plataforma en la que los médicos pueden prescribir a su paciente el tratamiento que consideran que necesita, sin que el comité técnico de la EPS interfiera.

Destinar recursos públicos para traer más niños pobres al mundo me parece una crueldad con esos niños, y una presión peligrosa a un Estado que ya es incapaz de garantizar derechos básicos

La Corte en sus fallos sobre este tema habla de garantizar el derecho a la salud, pues desde que la OMS declaró que la infertilidad es una enfermedad aunque no cause la muerte, reproducirse es un derecho. Y también habla del artículo 42 de la Constitución, que dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y por ende hay que garantizarle a la gente, aunque sea infértil, que tenga familia. Ya veremos qué dice el alto tribunal cuando las que pidan tratamientos de reproducción asistida sean familias de homosexuales. Apuesto a que no faltará quién pida un cambio de la Constitución para que el núcleo de la sociedad no sea la familia, sino el individuo.

Lo cierto es que en aras de dar dichas garantías, y de la equidad, la Corte ha ordenado, por ejemplo, inseminación in vitro para una mujer que no trabaja y su esposo, que gana el salario mínimo. ¡Qué cosa más irresponsable!, el mismo Artículo 42 dice que la pareja deberá sostener a sus hijos mientras sean menores. No creo que con un salario mínimo pueda cumplir idealmente esa tarea. Si nacen sin ser planeados o deseados, a criarlos lo mejor posible, pero que haya que destinar recursos públicos para traer más niños pobres al mundo me parece una crueldad con esos niños, y una presión peligrosa a un Estado que ya es incapaz de garantizar muchos de los derechos básicos. No hablo de eugenesia. Me parece igual de cruel con posibles hijos de mujeres pudientes y cincuentonas que piden tratamientos de fertilidad para “empezar una nueva vida”, como si los hijos fueran una crema antiarrugas.

Sé que muchas mujeres no se sienten completas si no tienen hijos, pero presumo que en muchos casos esto es producto de estereotipos machistas o retrógrados, que ven a la mujer como un aparato reproductor. Prefiero que el Estado les garantice otras opciones de proyecto de vida, en vez de estos tratamientos, que en ocasiones son excusas para que la pareja no las deje por otra.

Cecolfes, el centro de reproducción del pionero doctor Elkin Lucena, dice que la infertilidad aumentó en el país un 4 por ciento en la última década. Siendo así, resulta por lo menos extraño que Colombia haga solo 3.500 tratamientos de infertilidad por año, y eso que hay 33 centros de fertilidad –hace solo 3 años había 22–, a pesar de que solo hay una escuela de especialización. ¡Raro!, y ojo que en Argentina, después de promulgada una ley de fertilidad similar a la aprobada por el Congreso colombiano, los tratamientos pasaron de 10.000 a 20.000 por año. Presidente, mientras vemos dónde está la bolita, ¿puede objetar la ley?

CLAUDIA PALACIOS

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