Opinión

¿Votada la paz, habrá paz?

Es deseable que todo el esfuerzo tenga como resultado la paz en todo el territorio nacional.

05 de septiembre 2016 , 01:29 a.m.

El Acuerdo Final resultante de las negociaciones entre el Gobierno y las Farc tiene algunas novedades respecto de lo que se conocía sobre los temas de la agenda. Corresponde ahora dar lectura juiciosa para formarse una opinión y sobre la misma decidir si se aprueba la totalidad de lo convenido por las partes o si, por el contrario, hay asuntos tan difíciles de aceptar, que impiden votar por el SÍ.

Es deseable que todo el esfuerzo tenga como resultado la paz en todo el territorio nacional. Con seguridad no hay una sola persona que piense diferente.

Es cierto y en eso coinciden tanto los defensores de los acuerdos como quienes no están conformes con ellos, que de aprobarse el 2 de octubre próximo, no se logrará de manera inmediata la paz estable y duradera. Obteniendo los más de 4 millones de votos que se requieren para implementar lo pactado, habrá que empezar a construir esa paz.

En ese escenario, el contenido del Acuerdo, que comenzará a ser desarrollado por el Congreso utilizando la mermada facultad que se ha autoadjudicado para aprobar o improbar lo que le presente el Gobierno Nacional, no será lo único que preocupe y genere un ambiente polarizado.

Será evidente que en el camino trasegado para lograr la paz se fueron quedando regadas las bases del Estado colombiano. En esa travesía realizada con la decisión y tesón de muchos, se echaron por la borda los elementos que se tejieron durante más de 200 años de vida independiente y que llegaron a concretarse en la idea de contar con un Estado Social de Derecho.

Hoy no se puede decir que el Estado Social que pregona el artículo 1 de la Constitución sea una realidad en cuanto no se han hecho efectivas todas las garantías consagradas y reconocidas en la Constitución para todos los nacionales. Ha faltado mayor voluntad política y compromiso del Estado y sus autoridades para conseguirlo; también mayor conciencia ciudadana y cumplimiento de los deberes para lograrlo. No obstante, aunque con falencias, sí se había avanzado hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho a partir de la identificación y la defensa de la institucionalidad y la estabilidad democrática dentro de un marco jurídico en el que prevalecía la Constitución Política; siendo una característica esencial del Estado de Derecho había claridad sobre la importancia del someter el ejercicio del poder al derecho para evitar desbordamiento y arbitrariedad de la autoridad.

Tristemente, las instituciones que cimentaron ese Estado y el marco jurídico dentro del que se ha defendido el principio de unidad de la nación para garantizar la convivencia, la justicia, la igualdad y la paz, han salido resquebrajadas, y debilitadas; son hoy, después de haber recorrido la senda para llegar al Acuerdo Final con las Farc, muy vulnerables.

En ese camino recorrido los últimos años se renunció al Estado de Derecho. Bajo la consigna de conseguir la paz, el Estado renunció al principio de separación de las ramas del poder público. Hoy los órganos que hacen parte de ellas han dejado de ejercer plenamente la función que principalmente se les había encomendado desde antes de 1811, cuando Colombia empezó a definir su andamiaje institucional en el marco del sistema democrático.

Lo que arroja el proceso con las Farc resulta peligroso. La vulnerabilidad y el debilitamiento de instituciones y órganos del Estado no son escenario adecuado para pensar en construir. El caos, la zozobra, la inseguridad jurídica y la falta de claridad en materia de justicia son el mejor caldo de cultivo para que lo que prevalezca sea la arbitrariedad, la injusticia y el temor, que es lo más lejano al concepto de paz.

CLAUDIA DANGOND-GIBSONE@cdangond

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