Opinión

¿Corrupta pero reformable?

Deberíamos hacer una constituyente judicial y plasmar las necesidades de funcionarios y ciudadanos.

23 de julio 2017 , 01:58 a.m.

Nuestra administración de justicia parece un enfermo terminal. La corrupción la está matando. La carcome “desde el principio hasta el fin, / a todo lo ancho y a todo lo hondo/ —en la periferia, en el medio y en el subfondo...—”. Y que me perdone el maestro León de Greiff por usar sus versos para describir esta situación tan asquerosa.

Miren no más algunos de los más sonados casos.

Hubo que apartar casi a empujones a un magistrado de la Corte Constitucional que se resistió a renunciar, aunque muy documentadas acusaciones en su contra lo mostraban dispuesto a recibir sobornos, y vinculado a despojos de tierras y relacionado con masacres y grupos paramilitares.

El Consejo de Estado declaró nulo el acto por medio del cual se nombró Procurador porque este había transgredido el artículo 126 de la Constitución al nombrar parientes de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que luego lo postularon para la Procuraduría. Mejor dicho, porque hicieron el famoso ‘carrusel’ de yo te nombro a la parentela y después tú me nombras para que yo te siga pagando el favorcito.

Con apoyo de la DEA se investigó y capturó al fiscal encargado de combatir la corrupción, acusado de pedir dinero a cambio de desviar o ralentizar una investigación contra el exgobernador de Córdoba. Se dice, además, que este mismo fiscal, jefe de la Unidad Anticorrupción, es la cabeza visible de una red de corrupción que involucra a reconocidos abogados litigantes, magistrados, políticos y opera dentro de la Fiscalía.

24 (¡veinticuatro!) funcionarios judiciales del Meta, entre quienes hay tres magistrados del Tribunal Superior de Villavicencio, fueron detenidos y están acusados de formar parte de una red de corrupción que favorecía delincuentes a cambio de dinero.

Dos jueces, tres funcionarios de los juzgados penales municipales y cuatro del centro de servicios de Paloquemao, así como dos particulares fueron capturados en Bogotá, acusados de formar parte del denominado ‘cartel de jueces de Paloquemao’ que se dedicaba a cobrar por decisiones judiciales, en especial por conceder la libertad y otros beneficios a acusados o condenados en procesos penales.

Se puede ver cómo la corrupción permea desde las más altas cortes e instancias judiciales hasta los más humildes y casi desconocidos despachos y oficios de la Rama Judicial.

Y eso que no hemos hablado de lo corrompidas que son ciertas investigaciones, procesos, juicios y sentencias en las que los operadores judiciales se saltan las normas y se guían por sus prejuicios sociales o ideológicos. El paradigma de este tipo de corrupción es la lógica argumentativa según la cual si el acusado, por ejemplo, estudia cierto tipo de carreras en universidad pública y manifiesta o promueve la necesidad

de transformar el país, es de izquierda, y si es de izquierda es terrorista, y si es terrorista es presunto culpable de algún atentado. Esta es la lógica se ha usado para investigar, capturar, detener y enjuiciar a líderes estudiantiles y sindicales, y a dirigentes sociales en general.

Como complemento de lo anterior, más corrupción: se filtran piezas procesales a algunos “amigos de la prensa”, de tal manera que el alborozo y la alharaca por la captura de tan temidos terroristas ocultan aquellas operaciones judiciales adelantadas (o detenidas a medio camino) por mera conveniencia política del gobierno de turno o del partido al que pertenece tal o cual jefazo de la administración de justicia.

Pero, no todos los funcionarios judiciales son corruptos. Es más: se puede afirmar con plena certeza que la amplia mayoría de ellos es gente honesta, esforzada, que incluso ha puesto en peligro su integridad física por impartir justicia sin ceder a las presiones ni a la corrupción.

Estos funcionarios honestos, las organizaciones de jueces y fiscales y los miles de colombianos que padecemos las consecuencias de la corrupción en esta rama del poder deberíamos hacer una especie de constituyente judicial en la que se planteen las necesidades, intereses y clamores de los funcionarios judiciales y de la ciudadanía. Una constituyente con grupos de promotores proactivos en todas las regiones del país que proponga una reforma que transforme, desde los cimientos, toda la Rama Judicial.

Se trata de promover una reforma judicial integral. Impulsada y respaldada por un amplísimo movimiento social en el que los únicos que no caben son los corruptos.

César Torres

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