Opinión

Que no me salte la liebre

Si existe alguna insatisfacción, ¿qué nos impide innovar para cumplirles a quienes más lo necesitan?

28 de mayo 2017 , 02:30 a.m.

Pocas cosas más generales que la insatisfacción de los ciudadanos con la gestión de sus gobernantes. “Con todos los impuestos que pagamos, y no son capaces de hacer las cosas bien” es una queja no solo en Colombia, sino en el mundo entero.

La enorme dimensión del Estado, la burocracia que llega a volverse infinita, la corrupción o el miedo a firmar de los funcionarios hacen que algunas veces las políticas públicas no lleguen cuando toca, a quienes toca y con los recursos que toca.

Para superar estas trabas, los ingleses crearon los bonos de impacto social, un mecanismo que logra que los recursos públicos de los programas sociales cumplan con efectividad su objetivo. Hoy hay 77 en el mundo. Hace unas semanas, Colombia, pionera en América Latina, comenzó la puesta en marcha de uno de ellos.

¿Cómo funciona? El Gobierno define el alcance y los resultados de un programa social. Un inversionista privado financia su implementación a través de un operador. Un tercero independiente audita los resultados; si estos se logran, el Gobierno paga al privado la totalidad de lo invertido. Si no se cumplen, no hay reembolso, el inversionista no recupera el dinero. Para el Gobierno es un gana gana, pues si los resultados se dan, la población está mejor; y si no se dan, no malgasta sus recursos.

El Departamento de Prosperidad Social (DPS), en asocio con el BID, le apostó a esta innovadora forma de financiar un programa social. Lo hizo en el sector de formación para el trabajo de población vulnerable. El primer paso fue un contrato entre DPS, el BID y tres inversionistas privados: la Fundación Santo Domingo, la Fundación Bolívar Davivienda y la Fundación Corona. Estas tres fundaciones financian a 5 operadores que se encargan no solo de formar, sino de enganchar en trabajos formales a personas en condición de vulnerabilidad. Por cada persona que efectivamente tenga trabajo formal por un mínimo de tres meses seguidos al final del programa, el Gobierno y el BID les pagan a los inversionistas. Este esquema asegura que se reembolse solo si se cumple con el propósito: que las personas consigan trabajo, a diferencia de la actual modalidad, en la cual se paga simplemente por formar.

El bono de impacto social es un ejemplo de alianza entre varios actores muchas veces de difícil coordinación: Gobierno, sector privado-filantrópico, sector social y cooperación internacional, y busca crear ahorros y mejorar el impacto de la inversión social. Ejemplos internacionales demuestran que este novedoso esquema de financiación sirve para proyectos de salud, educación, medioambiente, agua y saneamiento y fortalecimiento institucional.

Sé que me saltará la liebre. Algunos dirán que esta es la privatización del Estado. Pero aunque soy partidaria de un Estado fuerte, también lo soy de uno eficaz y eficiente, en donde lo importante sea que ‘lo social’ llegue a los ciudadanos de primera, es decir, los más pobres, a quienes el Estado debe su razón de ser y en nombre de quienes recauda sus impuestos. Es hora de hacer un balance entre el tamaño del Estado, su capacidad para cumplir sus fines, los programas sociales y la satisfacción de los ciudadanos.

Si existe alguna insatisfacción, ¿qué nos impide innovar para cumplirles a quienes más lo necesitan? No puede ser una ideología la que ponga freno a la realización plena de derechos como el de un trabajo digno.

CECILIA ÁLVAREZ CORREA

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