Opinión

La paz es un bien supremo

La paz exige el cumplimiento del Gobierno y el apoyo de los poderes del Estado.

29 de mayo 2017 , 03:48 a.m.

Roger Noriega, ex secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno de George W. Bush y uno de los halcones del Pentágono en aquella época, acusado por la izquierda y organismos de derechos humanos de promover intervenciones secretas y desestabilizadoras contra Cuba, Venezuela y otros países, escribió en EL TIEMPO hace unos días (jueves 18 de mayo de 2017, pág. 2), sin conocimiento de causa, que “las Farc están violando los acuerdos de paz” y que es necesario mantener “un escepticismo racional sobre las Farc y sus intenciones”.

Es el veneno que llevan al exterior los parlamentarios y voceros del uribismo, además del jefe de la ‘gallada’, para desacreditar el exitoso proceso de paz que produjo el acuerdo histórico del fin del conflicto armado de más de medio siglo en Colombia, en implementación a pesar de las dificultades.

En medio del escepticismo, Noriega reconoce que el acuerdo tiene “muchos objetivos positivos y necesarios para Colombia”, que no le atribuyen los uribistas tan negativos, pero también abunda en inexactitudes y mentiras para descalificarlo.

Se le reconoce que, a diferencia de los extremistas criollos, no acude al lenguaje cantinflesco del “castrochavismo”, de la “entrega del país al terrorismo”, ni está cargado de epítetos e insultos a los insurgentes. Las “malas intenciones” de las Farc, según él, se deben a su ideología marxista.

Como suele ocurrir, los derechistas radicales les tienen miedo a las ideas; es una tendencia que sirve de caldo de cultivo a la violencia y a las soluciones de fuerza.

El primer ejemplo que da del incumplimiento de las Farc es en el cronograma de la entrega de los niños, todo lo contrario de lo certificado por el CICR, que reconoció que son 84 los menores entregados y que el plan se cumple con éxito.

El segundo, que sugiere de manera velada, es que las Farc son responsables del aumento de la producción de cultivos ilícitos, que debe impedirse a través de las fumigaciones aéreas. Acusación gratuita, pues los guerrilleros ya están ubicados en zonas veredales y otras transitorias que están bajo control de las Naciones Unidas y la vigilancia de la Fuerza Pública.

La gran esperanza de Noriega es que “las Farc paguen por sus violaciones” al parecer solo ellas, porque no menciona para nada a los narcoparamilitares ni a los agentes del Estado responsables de las mayores vulneraciones de los derechos humanos, como si no estuviera establecido en el acuerdo la Justicia Especial de Paz para todos los actores responsables de graves violaciones, aceptada con generosidad como aplicación de justicia por la gran mayoría de las víctimas.

En realidad, el que no ha cumplido a cabalidad es el Gobierno, que a estas alturas no ha entregado la totalidad de las zonas veredales ni ha cumplido con la presentación del paquete legislativo de las reformas. Poco interés les presta, y que debe cumplir porque son garantes Cuba, Noriega y la comunidad internacional.

A estas alturas, los miembros de las Farc-ep, en proceso de dejación de las armas y de convertirse en partido político, no cuentan con seguridad jurídica, personal y socioeconómica. Y para completar está el absurdo fallo de la Corte Constitucional sobre la vía rápida (‘fast track’), que es un golpe a la paz, porque deja en entredicho los acuerdos y pone en peligro todo el cuerpo del Acuerdo Final de La Habana.

La paz exige el cumplimiento del Gobierno y el apoyo de los poderes del Estado. Al fin y al cabo, la paz es un bien supremo protegido por la Constitución Política.

CARLOS A. LOZANO GUILLÉN
Director del semanario ‘Voz’

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