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¿Bien particular vs. bien común?

La reforma, entonces, contribuye al 'bien común', así se sacrifiquen los 'intereses particulares'. Esta es, de por sí, una finalidad muy importante de la acción del Estado.

Muy impresionante la reacción de los diferentes gremios frente al proyecto de ley de reforma tributaria que presentó el Gobierno al Congreso hace diez días. Los medios de comunicación se convirtieron desde ese momento en un espectáculo de plañideras.
Los representantes de cada uno de los grupos de interés se apresuraron a afirmar que la reforma acabará con sus negocios. La carátula de la revista Semana de esta semana lo recogió tal cual: una fotografía del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, con varias flechas enterradas en su humanidad. Y los periodistas entrevistaron a los políticos populistas opuestos a los cambios en el sistema tributario, como el doctor Serpa y el senador Robledo.
Pasar una reforma tributaria por el Congreso es siempre una tarea muy difícil y muy ingrata para cualquier ministro de Hacienda. En circunstancias como las actuales, después de la derrota del Gobierno en el plebiscito, en medio de la incertidumbre política que se registra en el país mientras se reestructura del acuerdo para poner fin al conflicto armado con las Farc, y en una sociedad dividida y polarizada, lo es mucho más. Tanto que hace veinte días se veía imposible que el Gobierno fuera a presentar el proyecto de reforma.
A ninguna persona, en ningún país del mundo, le gusta que le suban los impuestos. Pagarlos duele. Y duele mucho más cuando se sabe que los dineros se van a gastar para mantener un Estado ineficiente, que no cumple con su función básica de proveer bienes públicos que beneficien a los colombianos. Es comprensible, entonces, el disgusto por el aumento de los impuestos y el de muchas personas que nunca han pagado y van a tener que hacerlo en el futuro. La esperanza es que mientras más gente pague impuestos, habrá una masa más grande de personas que presionen a los políticos y los funcionarios para que los gasten bien y ataquen la corrupción.
Uno se pregunta si existe en Colombia el concepto del “bien común”, de los intereses del conjunto de la sociedad que tienen que estar por encima de aquellos de los productores, los tenderos, los comerciantes, los asalariados, los inversionistas en acciones... En fin.
¿En dónde estará el bien común? En este caso, como lo anota el informe de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria, en contar con un sistema impositivo que tenga la capacidad para financiar los programas del Gobierno, que sea equitativo horizontal y verticalmente, eficiente administrativamente y esté acompañado de una administración y gestión tributaria que permitan cumplir los objetivos de la política impositiva.
El sistema colombiano está lejos de lograr estos propósitos. No es ni equitativo ni progresivo, y “castiga la eficiencia, la formalidad laboral y la competitividad empresarial”. Estudios recientes señalan además que la distribución del ingreso no cambia después de aplicar el impuesto de renta, el IVA y los parafiscales, y que los pobres pagan un porcentaje mayor de su ingreso en impuestos que los ricos.
El proyecto de reforma tributaria avanza –más tímidamente de lo recomendado por la comisión– en mejorar la estructura del sistema y simplificar la dolorosa tarea de pagar impuestos a todos los colombianos. Y al aumentar el IVA, limitar las exenciones a las personas naturales, ampliar la base de contribuyentes e imponer nuevos tributos (gasolina, bebidas azucaradas y dividendos) no solo contribuirá a la estabilidad de la economía, sino que asegurará un mayor bienestar futuro a la población.
La reforma, entonces, contribuye al “bien común”, así se sacrifiquen los “intereses particulares”. Esta es, de por sí, una finalidad muy importante de la acción del Estado.
Carlos Caballero Argáez
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