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Fortalecer la extinción de dominio

El represamiento de casos de vieja data pronostican un congestionamiento mayor y sin precedentes. 

Bo Mathiasen
Colombia enfrenta problemáticas delincuenciales que demandan fortalecer la infraestructura del sector justicia. El volumen de procesos de extinción de dominio amenaza colapsar la única sala que conoce estos asuntos en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. El represamiento de casos de vieja data, asociados en su mayoría al narcotráfico, más los casos que se generen de la actual cruzada contra la corrupción desde ya pronostican un congestionamiento mayor y sin precedentes.
La extinción de dominio y la recuperación de bienes son claves para incrementar los recursos públicos, reducir la impunidad y mejorar la percepción de la sociedad frente al actuar del sistema. Estas acciones se unen a la lucha contra el crimen organizado y redundan en mayores ingresos para el Estado y en el fortalecimiento de la institucionalidad pública.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de la que Colombia es firmante, promueve la cooperación para luchar contra esta criminalidad mediante el decomiso. Asimismo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, también vinculante, contempla la creación de uno o más órganos especializados en la aplicación del decomiso sin condena y ordena dotarlos de una formación adecuada, con recursos suficientes para el desempeño de sus funciones.

El cuello de botella en el sistema de justicia no puede beneficiar las acciones del crimen organizado al retrasar o suspender los procesos

En la región, Colombia ha sido pionera en el combate de la delincuencia organizada a partir de sus finanzas a través de la extinción de dominio. Tanto así que en el 2014 ordenó la creación de las salas de extinción de dominio en los distritos judiciales del país con dedicación exclusiva a esta clase de procesos, excluyéndolas del discernimiento de otro tipo de asuntos. Sin embargo, a la fecha solo está conformada la sala de Bogotá, compuesta por tres magistrados a cargo de todos los casos de extinción de dominio, además de los penales de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, habeas corpus y acciones de tutela.
El promedio de investigaciones y procesos en primera instancia frente a los casos de competencia de los magistrados de la Sala de Extinción de Dominio en primera y/o segunda instancia es inequitativo. Mientras que la Fiscalía General de la Nación lleva 10.543 investigaciones y los jueces 553 procesos, los tres magistrados mencionados reportan 295 casos para resolver. Es decir, mientras que, en promedio, un fiscal adelanta 151 investigaciones y un juez 50 procesos, un magistrado tramita 98 casos, en su mayoría muy complejos debido a la pluralidad de bienes, conductas punitivas y/o sujetos procesales e intervinientes, razón por la cual escalan a la segunda instancia.
Para evitar el estancamiento de los procesos de extinción de dominio que se tramitan en segunda instancia, pero ante todo la impunidad que genera la mora judicial en la resolución de los casos, se requiere urgentemente incrementar el número de magistrados en la actual Sala Única de Extinción de Dominio y crear otras salas en los distritos judiciales. Mientras se designan los magistrados, podría regresarse la competencia de los casos penales de lavado de activos y enriquecimiento ilícito a los otros 27 magistrados que componen la Sala Penal y que fuere asignada por vía de descongestión desde el año 2011 a la hoy congestionada Sala de Extinción de Dominio de Bogotá.
El cuello de botella en el sistema de justicia no puede beneficiar las acciones del crimen organizado al retrasar o suspender los procesos. Dentro de la ruta de acción de mejora, Colombia está llamada a fortalecer las instancias que permitan una aplicación cabal y oportuna de la ley.
BO MATHIASEN
* Representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Colombia
Bo Mathiasen
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