Opinión

Debate pensional: ¿Todo por rescatar las AFP?

Los ajustes deben tocar la política económica y además al Régimen de Ahorro Individual.

02 de mayo 2018 , 12:14 a.m.

“Los escenarios dicen que el pasivo pensional va cayendo como porcentaje del PIB (…) no hay bomba de tiempo”, dijo Mauricio Cárdenas al clausurar el Congreso de Asofondos. En la Ocde sus miembros aplican en promedio el 8,2 % del PIB de fondos públicos para las jubilaciones. En Colombia solo 3,9 %.

Cárdenas desvirtuó el relato del “excesivo” y creciente gasto público para subsidiar a Colpensiones, entidad administradora del Régimen de Prima Media (RPM) y Beneficios Económicos Periódicos (Beps), señalada como el problema del sistema y a la que Anif pide “marchitar”: que no reciba nuevos cotizantes.

Desde la Ley 100 de 1993 coexiste con el Régimen de Ahorro Individual (RAI), que fija la pensión por el ahorro personal capitalizado mediante contribución definida, sujeto a rentabilidades y tiempos y es administrado por las AFP. Su instauración rompió solidaridades como la intergeneracional, donde los jóvenes aportan para los pagos a los mayores; la social, reducida al 1,5 % de los salarios para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima y aportes adicionales cuando se devengan más de cuatro salarios mínimos; y así mismo puso en entredicho la concurrencia de los impuestos para asegurar el derecho pensional.

Al RAI pertenecen 14,84 millones de afiliados, con edad promedio de 44 años, la mitad, cotizantes activos. Acumula $ 227 billones y tiene solo 130.616 pensionados a cargo. Los afiliados al RPM, en cambio, son 6,52 millones, entre 45 y 55 años, también la mitad activa, pero responde por 1,3 millón pensionados y por los Beps y otros programas asistenciales. Colpensiones posee escasas reservas, pero el RPM lo paga principalmente el Estado mediante transferencias que para 2018 serán de $ 13,5 billones. Otros $ 28 billones se utilizarán del Presupuesto General para las pensiones de 55.000 miembros de las FF. AA.; de 195.000 docentes y de los jubilados estatales, de distintas ramas y niveles, adscritos a la UGPP.

Como el mercado laboral es fuente primaria del sistema, debe relacionarse con el mapa anterior. Según Anif, “la formalidad laboral de Colombia no es del 43 % de la población económicamente activa”, sino que “se acerca a un 27 % en promedio o al 15 %” si se contabiliza solo a quienes cotizan durante todo el año. Y tres de cada cuatro cotizantes ganan menos de dos salarios mínimos mensuales.

En tan precarias condiciones es muy baja la cobertura: solo una de cada cuatro personas, en edad de pensionarse, goza de tal derecho. Así mismo, el porcentaje del último salario que fija el valor de la pensión, llamado tasa de reemplazo, es en Colpensiones -en la mayoría de los casos- más del doble que en el RAI, lo cual ha estimulado el éxodo de este régimen.

El ‘Modelo de simulación del RAI en Colombia’ (Banrep, 2009) proyectó que los ingresos serán menores que los gastos para las AFP entre 2030 y 2040. Entrarían en déficit estructural para responderles debidamente a la mayoría de afiliados que perciben bajas remuneraciones o que no cotizan todos los meses ni logran acumular para una pensión o las semanas necesarias; a lo cual se sumarían los desembolsos obligatorios por los cambios de régimen u otros motivos y los pagos de supervivencia a los beneficiarios. El BID (2015) ratificó dicho riesgo como “deficiente funcionamiento del régimen privado de pensiones (RAI) en su parte de des-acumulación”, desequilibrando inclusive al oligopolio bancario que lo controla.

Consciente del incierto futuro del RAI, la Comisión de Gasto Público sugiere acudir al salvamento de las AFP: subir edades, aumentar semanas y porcentajes de cotización y asignar los cotizantes de salario mínimo solo al RPM. Su prioridad es mantener a las AFP ante todo, aún a costa de sus afiliados, como inversores que -con excedentes del ahorro laboral- sigan dinamizando el mercado especulativo, acciones, TES, mercados de deuda y futuros bursátiles externos y hasta en vías 4G, y no como garantes efectivos del derecho fundamental a la seguridad social.

Los cuellos de botella están tanto en la informalidad o semiinformalidad de la mayoría de los trabajadores como en el incumplimiento del RAI con los pronósticos de hace 25 años de más cobertura, equidad y pensión adecuada. Los ajustes deben tocar la política económica –financiada con bajos salarios, poco ingreso general disponible y el rebusque- y además al RAI para que retome su genuina misión de proveer, entre otras, cómo los excedentes de los jóvenes ayudan a mejorar las condiciones para los mayores y también, si existen, corregir las desigualdades en el RPM. Resulta inicuo aplicar el “todo vale” por rescatar a las AFP.

AURELIO SUÁREZ MONTOYA

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