Opinión

La crisis de la justicia

Todo lo que estamos viendo es producto del contubernio jurídico creado por la Constitución de 1991.

13 de septiembre 2017 , 12:00 a.m.

Henos aquí ante otro escándalo de marca mayor de corrupción, protagonizado por sectores políticos y de las altas magistraturas judiciales. Hay un rasgamiento de vestiduras, que ojalá fuera de investiduras, en donde se mezclan toda clase de intereses.

Por ejemplo, al país todavía no le cabe en la cabeza que un par de senadores cordobeses hayan sido los más votados en las pasadas elecciones al Congreso, sin que en la respectiva corporación se les haya escuchado su voz sobre algún tema de interés nacional o regional, y solo en las pocas ocasiones en que los escurridizos personajes acceden a hablar por la radio se da uno cuenta de que, como se dice en el argot beisbolero sobre los malos lanzadores , “no tienen mucho en la bola”. Y si los medios los interpelan es porque son protagonistas de graves escándalos de corrupción.

A uno de ellos le escuché decir en la W radio, sobre el tema del ‘cartel de la hemofilia’, que él ni siquiera sabía lo que es hemofilia porque su formación es la de ingeniero y de esa forma displicente se salió del tema, sin el menor pudor que pudo haberlo llevado a decir, por ejemplo, que dada la gravedad de ese problema podría hacer un debate de control político para que el ministro del ramo explicara las graves denuncias que están afectando a su respectiva región.

Otro desajuste institucional creado por la Constitución de 1991 fue que prohibió, de manera explícita, la reelección de Fiscal y Contralor, pero olvidó incluir al Procurador

Creo que el presidente Santos debe estar hoy con la preocupación y pena sobre que, quienes fueron sus dos más grandes electores y, por tanto objeto de su reconocimiento agradecido, estén mostrando hoy que tal votación no se obtuvo por medios moralmente legítimos, sino por lo que en el lenguaje vernáculo costeño se le llama “la gasolina”.

Pero todo eso que hoy estamos viendo es producto del contubernio jurídico político creado por la Constitución de 1991, que, so pretexto de “un nuevo país”, trató de crear un nuevo ordenamiento institucional que quedó con muchas fisuras en lo organizacional, conceptual, competencias, modos de elección y calidades para acceder a esos nuevos cargos. Por ejemplo, se les atribuyeron a las altas cortes funciones electorales que antes no tenían, lo cual produjo la contaminación política y el consiguiente desgaste de las altas cortes, las cuales han dedicado, como se ha visto en la práctica, gran parte de su tiempo a la negociación y concertación, con sectores políticos, de los nombramientos no solo de las cabezas de los organismos de control, consistente en cuotas burocráticas a que cada magistrado elector creía tener derecho.

Eso se puso en evidencia en el pulso de poderes que la Corte Suprema mantuvo con la presidencia de Uribe, para la elección del Fiscal, en el sentido de que ninguna de las ternas satisfacía las exigencias de esa Corte, situación que se mantuvo por más de un año hasta la llegada del nuevo gobierno de Juan Manuel Santos. En ese lapso, el Fiscal encargado, Mendoza Diago, ante una pesquisa periodística, se vio obligado a admitir que muchos de los nombramientos de altos cargos debía consultarlos con los respectivos magistrados.

Llegado el gobierno Santos y presentada nueva terna para la elección de Fiscal, la Corte procedió con diligencia a elegir a Vivianne Morales, pese a que no reunió los votos legalmente necesarios, situación que fue calificada de prevaricato, lo cual el entonces presidente de la Corte aceptó, pero que había sido por “única vez”.

Otro desajuste institucional creado por la Constitución de 1991 fue que prohibió, de manera explícita, la reelección de Fiscal y Contralor, pero olvidó incluir al Procurador; por ello fue posible la reelección de Edgardo Maya y Alejandro Ordóñez, respectivamente. De igual manera, creó un desequilibrio grande entre un nuevo organismo, Corte Constitucional y las restantes altas cortes, en materia de estructura salarial y edad de retiro forzoso, que en las últimas era igual al resto de funcionarios públicos, pero en la Corte Constitucional era diferente y más amplio.

El contexto descrito ha producido una paulatina degradación del servicio público de justicia, con escándalos y situaciones atípicas en las distintas cortes, las cuales han sido registradas profusamente por los distintos medios de comunicación. Por ejemplo, en la Corte Constitucional hubo un 'match' entre un ‘costeño altanero’ y un ‘cachaco ladino’, en la que hubo grabaciones ilegales inducidas, espionaje doméstico y denuncia de infidelidades, solicitud de coimas para seleccionar una tutela, todo lo cual terminó en la suspensión de un magistrado por el Congreso y está pendiente su juzgamiento por la Corte Suprema.

También fue famoso el caso como, en una cena entre políticos y magistrados, se decidió el nombre de la persona a quien esa corte debía elegir como Contralor y, pese a que tal acción fue bloqueada por el magistrado Nilson Pinilla, cuando este se retiró a los pocos días por periodo cumplido, se repitió la votación y salió avante el nombre del actual Contralor, lo que constituyó una burla manifiesta para el resto de los postulados a dicha elección.

Al inicio del primer gobierno Santos se plantearon condiciones para exigir más calidad y dedicación de los magistrados de las altas cortes, como 20 años de ejercicio profesional y 50 años de edad y periodos más amplios, para que llegar a una alta corte fuera el digno final de una carrera y no el brinco burocrático de los más hábiles y con mejores conexiones, para luego comenzar a disfrutar de los contratos que con abundante generosidad dispensan los magistrados actuantes con quienes los ayudaron a elegir.

El ejemplo reciente del magistrado Scalia, de la Corte Suprema de Estados Unidos, quien murió con 35 años de servicios continuos a esa entidad, debiera ser un ejemplo inspirador para trazar las ideas fuerza de lo que aquí debe hacerse para superar esa crisis.

AMADEO RODRÍGUEZ
* Economista consultor

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