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Actualizado 10:21 a.m. - viernes 18 de abril de 2014

Opinión 07:49 p.m.

El fuero militar

El fuero militar

Alfonso Gómez Méndez, columnista de EL TIEMPO.

Alfonso G

Algunas equivocaciones llevaron a que comenzara a deslegitimarse la figura del fuero militar.

    Por diferentes vías están otra vez en el debate público, además del fuero, la necesidad y características de la justicia penal militar, casi en todas partes establecida para la investigación y juzgamiento de faltas y delitos cometidos por militares en servicio.

    Durante todo nuestro desarrollo constitucional ha existido y existe esta fórmula: "De los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares...".

    Sin ninguna duda, el fuero militar, en los términos señalados en la Constitución Nacional, es necesario. En memorable discurso pronunciado en 1958 en el Teatro Patria, justo al término de una dictadura militar, Alberto Lleras fijó los alcances, límites y justificación del fuero penal militar. Fue un error que el ex presidente Uribe, como jefe de Estado, planteara en Centroamérica la "necesidad" de suprimirlo.

    Las equivocaciones cometidas -sobre todo en épocas de estado de sitio- llevaron a que comenzara a deslegitimarse la figura del fuero militar. No estuvo bien que en una época se extendiera a civiles, con la consecuencia de que la mayoría de esos fallos terminaban siendo anulados por la Corte Suprema de Justicia, lo que determinó que la nueva Carta Política excluyera claramente la justicia penal militar para los civiles.

    Se aplicó en otras épocas, para delitos que nada tenían que ver con el fuero propiamente dicho, como el secuestro, la extorsión y hasta el tráfico de estupefacientes.

    No convino tampoco algo que hoy es asunto del pasado: que los integrantes de la justicia militar estuvieran sometidos a la línea de mando (el comandante de las Fuerzas Militares era el presidente del Tribunal Superior Militar).

    Una mal entendida solidaridad de cuerpo condujo a decisiones que el país, razonablemente, tenía como muestras de impunidad.

    También hizo carrera la equivocada tesis de que respetar los derechos humanos y avenirse al derecho internacional humanitario impedían a la Fuerza Pública obtener resultados contra la guerrilla y demás organizaciones criminales. Nunca se ha procesado a un militar por matar a un guerrillero en combate.

    Mucho daño le hizo a la institución del fuero la posición hace varios años adoptada por el Consejo de la Judicatura cuando se excedió en considerar los más extraños casos (incluida la violación) como actos del servicio.

    Hoy convendría acoger ciertos lineamientos generales para mantener y aun fortalecer el fuero penal militar: su ámbito de aplicación debe ser el establecido, como antes se citó, en la propia Constitución Nacional.

    En este sentido, en sentencia C-358, la Corte Constitucional señaló unos criterios para la comprensión misma del concepto "acto del servicio".

    Con idéntico fin, podría pensarse en un proyecto de ley estatutaria, previa y ampliamente debatido en las universidades con estamentos militares y de policía. Esa norma debería superar tanto los excesos del pasado como las aparentes restricciones del presente. Así, por ejemplo, la muerte del joven grafitero bogotano, ocasionada por acción de otro novel patrullero de la policía, debería ser de competencia de la justicia penal militar, pues, siendo doloroso, a todas luces no se trata de un delito de lesa humanidad ni de dolosa violación manifiesta de los derechos humanos. Puede ser el típico "acto del servicio" con ribetes de impericia o imprudencia.

    El hoy Tribunal Superior Militar, integrado por un selecto grupo de oficiales, hombres y mujeres, abogados con formación militar y pertenecientes a todas las fuerzas, bien podría empeñarse en una tarea urgente: recuperar el prestigio de la Justicia Penal Militar. En todo caso, todo cuidado será poco al trasladar, sin análisis, el sistema acusatorio, cuyas falencias han sido señaladas por la propia Fiscal General.

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