Opinión

Verdad y justicia por la paz

No es posible tolerar excesos que puedan conducir a un desangre parecido al de la Unión Patriótica.

14 de febrero 2018 , 12:00 a.m.

Si bien no pueden ser justificados los actos de rechazo, en ocasiones violentos, contra desmovilizados de las Farc, se ha aducido como una de sus causas el hecho de que en ciertos sectores de la población exista la sensación fundada de que el componente de ‘justicia’ y ‘verdad’ está siendo desestimado en la implementación de los acuerdos de La Habana y el teatro Colón.

Sobre todo con el antecedente –que ojalá se aclare en la JEP– del exterminio de la Unión Patriótica, el partido surgido de los acuerdos de 1984 entre el gobierno Betancur y las Farc, no es posible tolerar excesos que puedan conducir a un desangre parecido.

Como lo han señalado varios comentaristas, es en cierto modo explicable la reacción de algunos grupos sociales o políticos, dados los torpes crímenes que en su accionar subversivo cometieron los integrantes del secretariado, hoy por fortuna en plan de llegar al Congreso por la vía electoral.

Pero no es tolerable ir más allá de las simples palabras de rechazo o animadversión, relativamente admitidas en la controversia pública. Como nos decía mi padre, “palabra no rompe hueso”.

Es la falta de verdad la que no ha permitido que resolvamos los distintos conflictos habidos en el curso de nuestra historia.

La falta de justicia, y ante todo de verdad, dificulta la comprensión de los ciudadanos sobre la necesidad de admitir que se pase de la acción armada al proselitismo político abierto. Máxime si, como lo informan los periódicos, “la Comisión internacional de verificación de los derechos humanos en Colombia” denuncia, en un informe, “que tan solo se ha cumplido un 18,5 % del acuerdo de paz” y que “el Gobierno mantiene una actitud de negación del fenómeno paramilitar”.

Es la falta de verdad la que no ha permitido que resolvamos los distintos conflictos habidos en el curso de nuestra historia. No hubo verdad total sobre la violencia liberal-conservadora, pues el Frente Nacional cubrió con manto de impunidad a sus inspiradores y ejecutores. Tampoco surgió toda la verdad sobre la génesis del paramilitarismo en los procesos derivados de la llamada Ley de Justicia y Paz.

Y si seguimos así, tampoco se conocerá la verdad del conflicto armado y sus atrocidades, sobre todo después de la exclusión de los terceros en la JEP. Las verdades a medias no resuelven plenamente los conflictos, pero sí son el germen de otros.

En este orden de ideas, no ayudan mucho las dificultades creadas para que la JEP entre en plena vigencia. Fue un error haber dejado la implementación de los acuerdos, incluido este componente de justicia, para el último año del gobierno, cuando tiene, como decía López Michelsen, “el sol a las espaldas” y su capacidad de dirigir se ve seriamente afectada. Tampoco fue afortunado el establecimiento de unas inhabilidades sobrevinientes para algunos magistrados de la JEP –que no han podido posesionarse– más allá de las normales causales de impedimento y recusación.

Es de esperar que mientras se elaboran el reglamento interno y el procedimiento –que debe pasar por el Congreso a partir de marzo–, la Fiscalía les esté enviando a los posesionados la copiosa información que tiene acumulada sobre graves infracciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario cometidas por los comprometidos en el conflicto, empezando por la guerrilla y pasando por paramilitares, particulares y agentes del Estado.

Es hora ya de comenzar a saber toda la verdad para darle legitimidad plena al proceso de paz y entender mejor sus evidentes ventajas, entre las que se destacan las miles de vidas salvadas de militares, guerrilleros y población civil.

No podemos continuar en el actual limbo jurídico. Muchos compatriotas no pueden entender que con una simple comunicación, en la que el procesado promete someterse a la JEP –sin siquiera decir que confesará crímenes y dirá toda la verdad–, se inhiba la acción judicial. Es la protesta que ya han comenzado a sentar, por ejemplo, algunas de las madres de los muchachos de Soacha asesinados y presentados como guerrilleros caídos en combate, o las víctimas de la guerrilla.
La prolongación de este limbo, unida a los incumplimientos denunciados, podría, esa sí, volver trizas los acuerdos.

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

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