Opinión

¿Todos a la JEP?

Si para conseguir la paz se han repartido puestos, ¡también se irían a la JEP quienes la impulsan!

01 de noviembre 2017 , 12:00 a.m.

Entre el torrente noticioso acerca del proceso de paz –las marchas cocaleras, los bandazos en política criminal, las revelaciones cada vez más escabrosas sobre el ‘cartel de la toga’–, ha pasado inadvertida una decisión de la Sala Civil de la Corte que considera que los delitos de cohecho supuestamente cometidos para sacar adelante la reelección inmediata de Uribe ¡forman parte del conflicto armado interno!

En resumen: Diego Palacio, Sabas Pretelt y Alberto Velásquez fueron condenados por cohecho al dar u ofrecer puestos a congresistas en el 2005 para que votaran a favor el proyecto de reelección. Palacio ha pedido ingreso a la JEP –lo que le permitiría, como ha sucedido con guerrilleros y militares, recuperar de inmediato su libertad mientras se instala el tribunal– aduciendo que su conducta se realizó para “reelegir” la seguridad democrática que combatía a las Farc, o sea, por causa y con ocasión del conflicto.

Esta petición había sido negada en varias instancias incluida la Sala Penal, hasta que la Sala Civil aceptó su tesis hace unos pocos días.

En esta columna he reiterado que ni Pretelt, ni Palacio ni Velásquez deberían estar en la cárcel, no porque formalmente no se hubiera dado el cohecho, sino porque si se aplicara el principio de igualdad, casi todos los integrantes de los últimos gobiernos, que han dado puestos a congresistas para conseguir los votos para sus proyectos, deberían correr igual suerte. Prácticamente desde el Frente Nacional, los gobiernos han mantenido relaciones clientelistas con el Congreso.

Pasó inadvertida una decisión de la Sala Civil que considera que los delitos de cohecho supuestamente cometidos para sacar adelante la reelección de Uribe ¡forman parte del conflicto armado interno!

Recuérdese cómo –sin ser el único– en la administración Gaviria los periodistas hablaban del “computador de Galleta” refiriéndose al rígido registro llevado en la Secretaría General de la Presidencia sobre los puestos asignados a los parlamentarios. Así ha ocurrido, y al parecer sigue ocurriendo, en todos los gobiernos.

Es explicable que tanto militares como funcionarios selectivamente condenados, ansiosos por recuperar la libertad, recurran a cualquier expediente. Deberían quedar libres, pero no por esta vía. Y la tesis de la Corte es una verdadera bomba al corazón de la JEP. Lo que dice la Sala Civil es que, como la política de seguridad democrática estaba dirigida a combatir a las Farc y para conservarla había que reelegir a Álvaro Uribe, todo lo que se hizo en pro de su reelección formó parte del conflicto armado.

En lo pertinente, dijo esa corporación: “...el delito que se le endilgó al tutelante fue el de cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo y consistió en manipular, a través de dádivas burocráticas, el voto de dos congresistas, frente a la iniciativa que buscaba archivar la iniciativa reeleccionista del otrora presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, es decir que su conducta fue evidentemente enderezada a favorecer la permanencia de dicho gobernante en la Presidencia, la cual, sin temor a equívocos, corresponde a un punible con móviles abiertamente políticos y cometido en el marco del conflicto armado colombiano...”.

Como Yidis y Teodolindo no fueron los únicos que recibieron puestos, con esta tesis serían muchos los congresistas de entonces que irían a la JEP. Pero no solo ellos: los ponentes (nos aterraríamos al ver los nombres de rabiosos antiuribistas de hoy), los inspiradores y hasta los seis magistrados de la Corte Constitucional que dieron vía libre a esa sí sustitución de la Constitución del 91.

Y si para conseguir la paz se han repartido puestos, ¡pues también se irían a la JEP quienes la impulsan!

La semana pasada ocurrió algo curioso. A punto de hundirse la norma que permitiría unir a sectores del liberalismo y de ‘la U’, acudieron varios miembros del gabinete y, sin que pronunciaran un solo discurso de persuasión, ‘voltearon’ la votación. ¿Con qué métodos? No lo sabemos. Pero si hubo prebendas u ofrecimientos, con la extraña tesis de la Corte también se irían a la JEP. No habría JEP para tanta gente. ¡Qué confusión!

Libertad para Palacio, sí. Pero sin desnaturalizar la JEP.

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

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