Opinión

Seguridad y justicia

En la campaña presidencial no se atienden las sugerencias planteadas desde las regiones.

16 de mayo 2018 , 12:00 a.m.

Colombia sigue siendo una nación marcada por un presidencialismo asfixiante y un centralismo que en buena parte han contribuido a impedir el pleno desarrollo de sus infinitos pero inexplorados recursos de todo orden.

La famosa frase “centralización política y descentralización administrativa”, acuñada por Núñez en la Carta del 86, no se ha cumplido. Y ni con la elección popular de alcaldes —propuesta por Álvaro Gómez en 1985— ni con la de gobernadores —impulsada en la Constitución del 91— hemos logrado que la política se mueva desde las regiones al centro, entre otras cosas porque —como un no buscado pero perverso efecto de la elección directa de mandatarios regionales— en muchos casos las regiones han quedado en manos de mafias, incluida la de la corrupción, que, con grandes recursos, se las arreglan para hacer elegir a sus fichas.

En materia de seguridad y justicia, tres hechos recientes demuestran que los candidatos presidenciales no están conectados con cuanto se percibe en las regiones en asuntos que deberían ser prioritarios:

La semana pasada, en sólido documento, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, que preside el alcalde de Medellín, cuestiona en materia de justicia lo que hoy ocurre con las prisiones y, entre otros puntos, sugiere la supresión del Inpec, tras quejarse de la incapacidad del aparato judicial para combatir la delincuencia común que afecta, y de qué manera, a todos los ciudadanos.

Hechos recientes demuestran que los candidatos presidenciales no están conectados con cuanto se percibe en las regiones en asuntos que deberían ser prioritarios.

En respuesta al clamor del popular alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sobre el hacinamiento en los sitios de reclusión de esa ciudad, el Fiscal General plantea que va a ser imposible seguir capturando sindicados porque terminan hacinados en una sala del búnker en la capital antioqueña —sitio evidentemente no apto para recluir procesados—, hecho repetido en las URI y estaciones de policía de todo el país.

El sábado anterior este diario informó que “Los gobernadores del Pacifico piden intervención integral para combatir la violencia” cuyas causas, según la crónica, son “los recientes ataques en Tumaco, la presencia de grupos armados en varios municipios y el narcotráfico”.

Toda la problemática, planteada desde las regiones tiene que ver básicamente con estos dos temas esenciales que en buena parte justificaron el surgimiento del Estado moderno: seguridad y justicia.

En la campaña presidencial, que aún se maneja con criterios centralistas, no se atienden las sugerencias planteadas desde las regiones.

Es dramática la declaración del gobernador de Nariño, Camilo Romero, (uno de los cinco mandatarios del Pacífico) sobre que después de los acuerdos, y por las causas citadas, su departamento no ha conocido La Paz. Ni han sido atendidas las alarmas del Procurador Fernando Carrillo acerca de cuanto pueda seguir ocurriendo en Buenaventura.

Los candidatos tampoco han mirado de manera integral los asuntos de seguridad y justicia. La primera, que tiene múltiples componentes, incluido el social, no se consigue solo aumentando transitoriamente el pie de fuerza cada vez que se presentan situaciones coyunturales. Tampoco se resuelve con los socorridos consejos de seguridad después de cada atentado y no antes para evitarlos.

El concepto de política criminal estable y seria engloba justicia y seguridad. Y ahí está la falla estructural, en todos los gobiernos y en la campaña presidencial. Casi todas las propuestas apuntan a crear delitos o aumentar penas, inclusive a establecer la pena de muerte o la cadena perpetua, fórmulas ya ensayadas y fracasadas en la historia del país.

Olvidando que el Jefe de Estado es el gran rector de la política criminal, hasta hoy ningún gobernante ha querido asistir y presidir el Consejo de Política Criminal.

Como los paños de agua tibia no sirven, ni tampoco las soluciones populistas dirigidas a la galería, es urgente que los candidatos se comprometan a coger el toro por los cuernos, atendiendo el clamor de alcaldes, gobernadores y ciudadanos, sin caer en las medidas facilistas.

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

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