Opinión

Registraduría y elección de contralor

Desde 1923 estamos buscando, sin éxito, una entidad que controle el buen uso de dineros públicos.

23 de mayo 2018 , 12:00 a.m.

Los colombianos no hemos superado la manía de estar reformando incesantemente la Constitución y las leyes antes que tomar en serio los problemas y resolverlos sin dilación. Ya no sabemos qué más cambiarles o revolcarles para volver, casi siempre después de fallidos experimentos, a fórmulas ya ensayadas, fenómeno particularmente intensificado en señaladas instituciones o entidades.

La organización electoral funcionó relativamente bien cuando existía una corte electoral integrada por exmagistrados de las altas cortes que no tenían sueldo, atribuciones permanentes, carros blindados ni enjambres de asesores.

La Constitución del 91 creó el Consejo Electoral, dándoles a sus integrantes categoría de magistrados elegidos por el Congreso, acorde con lo que el presidente Valencia llamaba ‘milimetría política’. Este Consejo, como muchas otras instituciones, ha funcionado con luces y sombras. Varios de sus miembros cumplen a cabalidad sus funciones, a veces contrapuestas a las de la Sala Electoral del Consejo de Estado y sin muchos dientes como ‘policía electoral’ para impedir la violación de los topes.

La Registraduría, sólida institución de muchos años, se ha venido tecnificando y hoy es casi imposible que se dé lo que en nuestra picaresca política se conoce como ‘chocorazo’.

La Registraduría, sólida institución de muchos años, se ha venido tecnificando y hoy es casi imposible que se dé lo que en nuestra picaresca política se conoce como ‘chocorazo’. Atrás quedaron imágenes como la del 19 de abril de 1970, cuando se suspendió la transmisión de datos electorales para reiniciarla horas después con otros resultados. Más allá de explicables fallas, este organismo genera confianza a los colombianos. Y como no está bien jugar con la legitimidad institucional, de tan nefastas consecuencias pasadas, parecen insensatas las denuncias anticipadas y no probadas de “fraude” lanzadas por un candidato, que el registrador Juan Carlos Galindo ha desechado y que solo sirven para “deslegitimar” la pureza del sufragio.

Algo similar ocurre con los organismos de control. Colombia tiene un curioso diseño institucional en el cual frente a un mismo hecho intervienen dos, tres y hasta cuatro entidades distintas. Desde 1923 estamos buscando, sin éxito, una entidad que controle el buen uso de los dineros públicos. Hemos ensayado varias formas para elegir Contralor General: hasta 1991 lo hacía la Cámara de Representantes sin intervención de ninguna otra rama del poder; por eso, en 1974, López Michelsen no pudo cumplir su promesa electoral de dejarle la Contraloría al Partido Conservador.

En el 91, con la “buena intención” de despolitizar la Contraloría, para entonces convertida en fortín político y burocrático cuyos titulares salían con aspiraciones presidenciales, se les permitió a las cortes y al propio Presidente integrar ternas para la elección del alto funcionario por el Congreso en pleno, dando como resultado que en cierta forma se politizara la justicia, y que uno de los contralores así propuestos terminara condenado por la Corte Suprema.

En la mal llamada reforma de equilibrio de poderes volvió a cambiarse el sistema, pasando otra vez la facultad electiva al Congreso en pleno –sin participación del Presidente y las cortes–, pero a partir de una “lista de elegibles conformada por convocatoria pública...”, así que próximo a terminar el periodo del actual Contralor –que no solamente no puede ser reelegido, sino que debe retirarse del cargo automáticamente–, el Congreso, a las volandas, deberá expedir el correspondiente reglamento.

Han surgido propuestas de todo orden, algunas rechazadas con acierto por Rodrigo Lara, presidente de la Cámara, tendientes a crear requisitos para que determinadas personas, casi con nombre propio, puedan participar en esa “convocatoria”.

¿No sería mejor dejar la elección abierta con los requisitos constitucionales para ejercer el cargo de Contralor, antes de hacer una supuesta convocatoria amarrada de antemano? ¿Y aprovechar la inmediata coyuntura institucional para lograr una entidad de control totalmente nueva, en la que se guarde relación –también en las contralorías de los entes territoriales– entre sus gastos de funcionamiento y el dinero recuperado?

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

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