Opinión

Reforma judicial en campaña política

Como en todas las campañas presidenciales, los candidatos prometen “la gran reforma” de la justicia.

10 de abril 2018 , 10:16 p.m.

Como en todas las campañas presidenciales por lo menos de los últimos 50 años, ahora los candidatos –según lo vimos en relación con las parlamentarias– prometen “la gran reforma” de la justicia. Sin devolver mucho el reloj histórico, recordemos algunos de esos hitos.

Alberto Lleras, en su primer mandato (1945) –como solía recordarlo el maestro Gaitán Mahecha–, impulsó vía Congreso una reforma de la Constitución en buena parte dirigida a la justicia, con propuestas como modificar la elección de magistrados de altas cortes, crear los juzgados administrativos –que apenas comenzaron a funcionar hace pocos años– y reiterar los juicios con jurado en materia criminal.

También se pensó en cambiar el sistema de elección de funcionarios en el proyecto de Constitución de Laureano Gómez, retomado por Rojas Pinilla al comenzar la década del 50. El plebiscito de 1957, inventado para poner fin a la violencia liberal-conservadora, se ocupó asimismo de la justicia. Por ejemplo, para impedir la influencia política en ella, cambió el sistema anterior de designación de los magistrados que hacía el Congreso de ternas presentadas por el Presidente de la República. Carlos Lleras, en la reforma de 1968, creó la Sala Constitucional en la Corte Suprema (CS), que ya ejercía el control constitucional.

López Michelsen logró que el Congreso le aprobara en 1977 una constituyente popularmente elegida, pero integrada por expertos, para dos asuntos específicos: el régimen departamental y municipal y la reforma de la justicia. Ese intento, que nos hubiera ahorrado muchos males, se ahogó por un fallo de la CS en 1978. En 1979, Turbay Ayala hizo aprobar una reforma que tocaba múltiples aspectos de la justicia, entre otros la reiteración de la carrera judicial, la creación de la Fiscalía General de la Nación (FGN) y del Consejo de la Judicatura (CdJ). Pero también fue declarada inexequible dos años después.

La llamada ‘reforma Barco’ de 1988 se ocupaba, por ejemplo, de tópicos como la tutela, la Fiscalía y el CdJ. Se hundió porque Barco no cedió a la presión de los narcos para eliminar la extradición. Es bien sabido que la Constituyente varió el sistema de elección de algunos magistrados, permitiendo la intervención del Congreso; les asignó funciones electorales a las altas cortes y creó entidades de indudable éxito, como la FGN, y otras no tanto, como las salas Administrativa y Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Por último, el llamado ‘equilibrio de poderes’ quiso modificar la investigación y el juzgamiento de los altos funcionarios del Estado, para lo cual eliminó la Comisión de Acusación, reforma que tumbó la Corte Constitucional.

Como se ve, el tema no es nuevo. Hoy se conocen propuestas bien estudiadas, aunque controvertibles, en el programa de Germán Vargas. Han querido ‘caerle’ a Iván Duque por la idea esbozada y no desarrollada de unificar las cortes, cuando ello no va unido –¡faltaría más!– al control por el Ejecutivo.

Rodrigo Uprimny ha demostrado que la eficacia y transparencia no están ligadas solo a si operan varias o una corte. La propuesta puede matizarse, pero la verdad es que a la Constituyente se le fue la mano al crear tantas cortes. Y que por los acuerdos de paz está la JEP, con otros 50 magistrados y en la cual, lamentablemente, han comenzado a asomar las orejas del lobo del clientelismo y la contratitis.

Obvio que el control constitucional y la independencia de los poderes deben mantenerse. Es equivocado creer que solo tuvimos control constitucional a partir de la Corte Constitucional: La Corte Suprema, con su Sala Constitucional, lo hizo muy bien.

Hay que acabar, sí, con la impunidad que supone el juzgamiento por el Congreso del Presidente, Fiscal General y magistrados. Pero la verdadera reforma –no necesariamente de carácter constitucional– será la que apunte a procesos rápidos, cumplimiento de términos, compromiso real de los servidores de la Rama, existencia de una auténtica carrera judicial, integral formación de los abogados y estricto sistema de responsabilidades, sin duplicación de funciones.

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

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