Opinión

Los paros y las regiones

Algo muy grave debe estar ocurriendo cuando 'pobres departamentos ricos', como el Chocó y La Guajira, viven en el olvido y la desesperanza. ¿Dónde está el dinero de los recursos, que no se ve?

23 de agosto 2016 , 05:11 p.m.

Los informes periodísticos de estos días sobre Chocó, Caquetá y Putumayo, que podríamos calificar como muestra de la rebelión de las regiones olvidadas, denotan, en toda su dimensión, el fracaso de políticas públicas, no solo en términos de descentralización, ordenamiento territorial y conexión con las regiones, sino de la cacareada lucha contra la corrupción.

De haberse aplicado en integridad, con todo lo centralista que se consideró en su época, la conocida fórmula “centralización política y descentralización administrativa” normada en la Constitución de 1886, habría significado un avance considerable para el desarrollo regional.

Esa “centralización política” por largo tiempo significó, verbigracia, que el Presidente, de manera directa, interviniera en la designación de gobernadores y alcaldes, incluso para intendencias y comisarías o “territorios nacionales”, receptoras de un tratamiento de tutela por parte del Gobierno Nacional.

Existió, incluso, el Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías, que desde Bogotá “administraba” esos territorios durante algunos años para luego, poco a poco, comenzar a erigirse en departamentos –como el del Meta, creado en 1959–, aunque a veces no reunieran los requisitos constitucionales establecidos al efecto.

Un primer paso hacia la “descentralización política” fue la elección popular de alcaldes, impulsada en 1985 por Álvaro Gómez Hurtado. Y en materia fiscal, se habían hecho esfuerzos significativos, como la participación presupuestal llamada “situado fiscal” para inyectarles recursos a las regiones.

En el campo político, de manera automática la Constituyente convirtió las intendencias y comisarías en departamentos, cuyos recursos se han tratado de incrementar a través de “transferencias”, dado que la mayor parte de aquellos no generan recursos propios.

La tarea se completó con acto legislativo que amplió la distribución de regalías, incluida la frase malinterpretada del exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry en el sentido de que había que distribuir mejor la ‘mermelada’ de las regalías entre todas las regiones, aun las no productivas. Extrañamente, esa expresión, tergiversada, se volvió sinónimo de clientelismo.

Pero algo muy grave debe de estar ocurriendo cuando “pobres departamentos ricos”, como el Chocó y La Guajira, viven en el olvido y la desesperanza. Lo curioso es que prácticamente todos los gobiernos han tratado de ocuparse de sus problemas. Carlos Lleras, para responder al desastroso incendio de Quibdó en 1967, trazó un plan de desarrollo para el departamento. Y Virgilio Barco tuvo idéntica obsesión.

Hoy, el ministro encargado del Interior, Guillermo Rivera, señala en siete billones de pesos la inversión destinada al Chocó durante el gobierno Santos. Por eso digo que no hay explicación aceptable para que allí ocurra lo que estamos viendo.

Pese al saqueo de las minas, los mineros son productores de plata, oro y otras riquezas, abundantes también en recursos naturales como mares, selvas y majestuosos ríos, como el Atrato. La gente chocoana es inteligente e ingeniosa, y es larga la lista de chocoanos que les han dado gloria a las letras, la cultura, la ciencia y la magistratura.

Tampoco se puede estigmatizar a toda su clase política. Quibdó acaba de tener como alcaldesa a Zulia Mena, actual viceministra de Cultura, quien dejó una administración eficiente y honesta y es una esperanza para la región. Lamentablemente, con una leguleyada sacaron de la Gobernación al hoy ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, que hubiese sido un excelente mandatario seccional. Esa dupla habría transformado el departamento.

La pregunta obligada en el Chocó sigue siendo: ¿dónde está el dinero de los recursos, que no se ven? La respuesta deben darla el Fiscal, el Procurador y el Contralor General. Pero los ciudadanos que protestan, con justicia, deben vigilar las obras y procurar con su voto una mejor integración de los cuadros políticos.


Alfonso Gómez Méndez

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