Opinión

Entre torpezas y olvidos

Hay dudas de que los exguerrilleros puedan ser inscritos, o no, por la autoridad electoral.

08 de noviembre 2017 , 12:00 a.m.

Dos ligerezas –de la desmovilizada guerrilla de las Farc y del Gobierno– crearon el ambiente para que sectores de opinión y aun la Comisión de Seguimiento Electoral digan que, según los acuerdos, antiguos guerrilleros pueden ser elegidos a corporaciones públicas y a la presidencia, pero que hay dudas de si pueden ser inscritos, o no, por la autoridad electoral.

Si legalmente nada se lo impedía, los exguerrilleros se equivocaron al darle a su movimiento legal el mismo nombre de cuando estaban en abierta confrontación militar con el Estado cometiendo toda clase de desafueros. En 1984, cuando los acuerdos de paz con Betancur, adoptaron el nombre de la Unión Patriótica, que tuvo más acogida entonces. Por cierto, el exterminio de ese partido político, con la complicidad mal disimulada de sectores del ‘establecimiento’, extendió por muchos años tan sangrienta guerra.

Para escoger su candidato presidencial, inicialmente pensaron en el histórico líder ‘Jacobo Arenas’, pero luego se decidieron por el carismático magistrado Jaime Pardo Leal, sin militancia en la guerrilla, quien fue asesinado hace treinta años por las mismas ‘fuerzas oscuras’. En las presidenciales de 1986, Pardo, excelente orador, sacó la hasta entonces más alta votación por la izquierda.

Los exguerrilleros se equivocaron al darle a su movimiento legal el mismo nombre de cuando estaban en abierta confrontación militar con el Estado cometiendo toda clase de desafueros.

Hoy, el Gobierno, en medio de negociaciones con las Farc plasmadas en más de trescientas páginas y con participación de asesores de mucho peso –y unos de muchos pesos–, olvidó dejar una clarísima norma en el sentido de que si se suspendían los efectos de las sentencias condenatorias para los ex guerrilleros, era obvio que se levantaban también las prohibiciones de inscripción, inhabilidades e incompatibilidades. Ese fue el lógico sentido de los acuerdos, así no hubiese quedado escrito con toda precisión, por negligencia de los negociadores de última hora.

La decisión fue clara: el país se tragó el sapo de que para acabar la guerra era preciso permitir la participación política de quienes habían cometido toda clase de crímenes, incluidos los de lesa humanidad. Así está en los acuerdos, en el acto legislativo 1 de 2017, y así ha sido siempre. No precisa repetir que ningún proceso de paz en el mundo se ha construido sobre la base de que los insurgentes pasen del monte a la cárcel.

Sin remontarnos a la guerra de los Mil Días o a las amnistías e indultos de los siglos XIX y XX, recordemos lo que pasó con el M-19, movimiento reincorporado a la vida civil no por causa de la Constituyente, como se ha dicho, sino porque a sus integrantes los amnistió Barco en marzo de 1990.

También ellos cometieron crímenes hoy llamados de lesa humanidad, como el secuestro y asesinato del líder sindical José Raquel Mercado, múltiples ataques a la Fuerza Pública, la toma de la embajada dominicana, el holocausto del Palacio de Justicia y los secuestros de Camila Michelsen y Álvaro Gómez, cuya liberación está entre los orígenes de la Carta del 91.

En abril del año 90 fue asesinado Carlos Pizarro, candidato del M-19 a la presidencia. Tomó la bandera Antonio Navarro, quien no reunía los requisitos constitucionales. Contra mi opinión jurídica como procurador, el Presidente dictó un decreto de estado de sitio, disponiendo que para esa elección Navarro sí podía inscribirse como candidato, aun careciendo de tal exigencia normativa.

La Corte lo tumba cuando ya Navarro había sacado más de ochocientos mil votos. Después renuncia como ministro y, a su cabeza, el M-19, sin proceso alguno, elige un tercio de quienes redactaron la actual Constitución. Y finalmente, el artículo 12 transitorio de la Carta autorizó a Gaviria para darles curules –sin límite– a quienes entraran a un proceso de paz.

Las Farc no lo hicieron, tal vez porque el propio Gaviria y su consejero de Paz, Rafael Pardo, como lo recuerda Alfredo Molano, autorizaron el bombardeo de Casa Verde ¡el mismo día en que se elegía la Constituyente!

Para resolver este innecesario embrollo, no sobra recrear la historia.

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

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