Opinión

Entre política y justicia

No se debe usar la Fiscalía con fines políticos ni atacar al Fiscal solo por estrategias partidistas

11 de octubre 2017 , 12:00 a.m.

Entre este maremágnum político –ausencia de partidos, precario debate ideológico, explotación de sentimientos primarios, indivisión de poderes, pérdida del sentido crítico en el análisis, olvido de la historia–, la desorientación de la opinión es casi total, siendo las relaciones entre política y justicia uno de los tópicos en donde más se nota esa falta de claridad, como ocurre a propósito de recientes decisiones del Fiscal General sobre personas dedicadas a la política o vinculadas al poder.

Desde 1991, al crear la Fiscalía, la Constitución estableció que el Presidente hace la terna sobre la cual decide la Corte Suprema de Justicia. Al ternar, el Presidente no puede sustraerse de pensar en aspirantes con trayectoria profesional. Y, de hecho, en el pasado todos los escogidos hemos tenido distintas militancias políticas antes de ejercer el cargo.

El primero, Gustavo de Greiff, fungía como conservador. El segundo, Alfonso Valdivieso, pertenecía al Partido Liberal. Los siguientes llegamos con definida militancia: unos en el conservatismo, otros en ‘la U’ y el actual, en Cambio Radical (CR). Lo que no debe ocurrir es que la militancia partidista incida en las decisiones judiciales, como se le quiere endilgar, por ciertos malquerientes, en sectores mediáticos, y sin fundamento, a Martínez Neira.

No puede ni debe hacer carrera la tesis de que se aceptan las investigaciones siempre y cuando no se refieran a amigos personales
o políticos

He visto cómo se ha tejido una relación directa entre la fundación de CR –en la que él estuvo– y la supuesta vinculación desde entonces al exvicepresidente Vargas Lleras. Como se diría en el desaparecido programa de televisión 'Revivamos nuestra historia', sin distorsiones malintencionadas: CR fue fundado en 1998 por algunos liberales, en ese entonces pastranistas, para atravesársele a la candidatura liberal de Horacio Serpa. Allí estuvieron, además de Martínez, Rafael Pardo, Humberto de la Calle, Luis Guillermo Giraldo y Armando Estrada, entre otros. El actual fiscal, De la Calle –hoy precandidato liberal– y Armando Estrada fueron nada menos que ministros de la Política de Pastrana.

Y, óigase bien: Germán Vargas no fue fundador de CR. En ese momento era liberal serpista, e incluso al comienzo acompañó a Serpa en la segunda de sus tres campañas perdidas, hasta que, ante el auge de Uribe, dejó las toldas liberales y se incorporó a las uribistas. Mucho tiempo después adquirió la ‘divisa’ de CR, la mayoría de cuyos fundadores andan hoy en otros frentes.

Una lectura rápida de las más importantes decisiones de esta Fiscalía, que apenas completa un año, permite colegir que los procesados pertenecen a todos los partidos, incluido CR, y que algunos son también personas muy cercanas a Martínez.

Los dos casos recientemente mencionados ameritan algunas precisiones. Conozco a Marcelo Torres desde la universidad, cuando era ya líder de izquierda, donde siempre ha estado. No sé si ahora milite o no en el partido Verde, liderado hace siete años por Mockus, Peñalosa, Fajardo, Lucho Garzón y Marta Lucía Ramírez; mas, como tuvo el valor de enfrentarse a verdaderas mafias en Magangué, quizás convendría trasladar el expediente a Bogotá para darle mayores garantías y eliminar riesgos para su integridad personal. Pero, como cualquier ciudadano, él puede ser investigado en el ejercicio de funciones públicas.

Lo mismo vale decir del gobernador de Nariño, Camilo Romero, con buena imagen en su región y en el país, lo cual no implica blindaje judicial. No puede ni debe hacer carrera la tesis de que se aceptan las investigaciones siempre y cuando no se refieran a amigos personales o políticos. La militancia del fiscal Martínez, como la de todos los que hemos desempeñado ese cargo, no autoriza a presumir en él la mala fe.

Cuanto se impone es esperar el resultado de las investigaciones, que deben adelantarse con total imparcialidad; respetar las decisiones judiciales, sin importar a quiénes beneficien o afecten, o desestimar sus fundamentos, a priori y por razones electorales.

No se debe usar la Fiscalía con fines políticos ni atacar al Fiscal solo por estrategias partidistas.

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

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