Opinión

Entre fueros y desafueros

Urge cambiar este perverso sistema de investigación y juzgamiento si no queremos seguir en lo mismo.

19 de diciembre 2017 , 08:00 p.m.

Entre el agitado fin de la legislatura –como siempre, con ligerezas, pupitrazos y tal cual mico– no ha sido suficientemente analizada la reforma constitucional, aprobada por consenso, que establece la doble instancia para los aforados constitucionales, principalmente congresistas, ministros, Procurador y Contralor generales.

En cuanto a los primeros, es indudable que mientras tenían inmunidad –no podían ser detenidos sin previo permiso de la Cámara a que pertenecieran–, tal vez exceptuando el sonado caso en la década del 70 del senador José Ignacio Vives, muy pocos congresistas fueron procesados por los jueces ordinarios, competentes para investigarlos. Gracias a la reforma de la materia en la Constitución del 91, cuando se cambió la inmunidad por un fuero en única instancia ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, comenzó el desfile de legisladores por la Corte, y muchos fueron condenados, en casos como el del llamado proceso 8.000 y el de la ‘parapolítica’.

También resalta la situación de los ministros, pues mientras tuvieron fuero ante el Congreso, vía Comisión de Acusación –que aún conservan Presidente, Fiscal General y magistrados de altas cortes–, ninguno fue investigado y sancionado. Solo después del 91, cuando desapareció el antejuicio político y pasaron a ser investigados por el Fiscal General y enjuiciados por la Corte, comenzó lo que podría llamarse el ‘desfile’ de ministros y exministros por las cárceles.

¿Era realmente necesario aumentar en 9 el número de magistrados de la Sala Penal, con todo lo que eso implica en materia del aparato judicial a nivel de altas cortes?

La doble instancia era, efectivamente, una necesidad según principios universales del derecho procesal. El desequilibrio era más evidente cuando el propio Congreso, al establecer el sistema acusatorio, que reiteraba la ya existente separación entre investigación y juzgamiento, dejaba, ahí sí para ellos, el sistema inquisitivo puro, ya que la misma Corte iniciaba el proceso, investigaba y dictaba la sentencia final.

Ahora ya hay un principio de separación de funciones. Sin embargo, tal como quedó la reforma, surgen algunas preocupaciones. ¿Era realmente necesario aumentar en 9 el número de magistrados de la Sala Penal, con todo lo que eso implica en materia del aparato judicial a nivel de altas cortes? ¿Quién podrá impedir que en aplicación del principio de retroactividad de norma penal más favorable –así sea de naturaleza constitucional– no se pueda pedir la revisión de los procesos ya fallados para que tengan igualmente segunda instancia?

Y, a propósito de Presidente, Fiscal y magistrados de las altas cortes, y dentro de la coyuntura reciente de escándalos como el de Odebrecht o el ‘cartel de la toga’, la ciudadanía se pregunta, con razón, por qué en la región, no solo ahora sino en el pasado, presidentes, expresidentes, aun magistrados y vicepresidentes han sido juzgados y condenados, mientras que en Colombia eso nunca ha sido posible.

La razón está en ese sistema bloqueado del llamado antejuicio político en el Congreso. Hablar de funciones judiciales del Parlamento implica, en cierta forma, una contradicción en los términos, pues los políticos no tienen ni mentalidad ni alma de juez.

Mientras no se cambie ese sistema, la impunidad a tan altos niveles seguirá garantizada por siempre. Ha sido ese uno de los factores deslegitimadores de la maltrecha democracia. La gente ve a veces hasta con envidia que en Brasil, Perú, Ecuador, Argentina, Panamá, presidentes, expresidentes, vicepresidentes han sido y son procesados y, en ocasiones, a veces llevados a prisión, mientras que en Colombia tienen garantizada la impunidad política y judicial.

Urge cambiar este perverso sistema de investigación y juzgamiento si no queremos seguir en lo mismo. El día que ello ocurra pasará con los presidentes lo mismo que con los ministros: que mientras tenían ‘fuero’ ante la Comisión gozaban de impunidad, desaparecida cuando, después del 91, se permitió hacer juicios de verdad ante magistrados y no ante políticos. Ojalá los candidatos presidenciales se comprometan en serio a acabar con esa impunidad.

* Por vacaciones navideñas, esta columna reaparecerá el 10 de enero. Feliz año.

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

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