Opinión

Elecciones y cárcel

El fraude no se da el día de las elecciones: está en el sistema político.

16 de enero 2018 , 10:51 p.m.

Como es costumbre cuandoquiera que se presenta un escándalo político, electoral o de corrupción y el Estado ‘reacciona’ dictando normas penales para que no se repitan, a finales del 2017 el Congreso expidió la Ley 1864 –coincidencialmente, el mismo número del año en que Murillo Toro creó el Diario Oficial para publicar actos oficiales y evitar corrupción–, modificatoria de todo el capítulo del Código Penal que, desde 1936 hasta el año actual, casi siempre ha contemplado disposiciones sancionatorias, por cierto con discutible eficacia, de los llamados delitos electorales, entre otros: constreñimiento al elector, seducción al votante –la popular ‘compra de votos’–, múltiple posesión de cédulas, falsedad en registros electorales, ‘trasteo’ y ‘tráfico’ de votos.

La citada ley, poco divulgada ya cercanas las elecciones parlamentarias, contempla nuevas conductas delictuales, inspiradas casi todas ellas en hechos recientes. Por ejemplo, se sanciona con penas de entre 4 y 8 años de cárcel a quien se inscriba sabiendo que está inhabilitado; hoy día, la única sanción es la pérdida de la curul, y en algunos casos destitución y muerte política.

En cuanto a “corrupción de sufragante”, llama la atención que se penalice, verbigracia, dar contratos a condición de apoyar a determinado candidato o corriente política, modalidad muy común de la corrupción electoral. Vale la pena mencionar –en el entendido de que en estos eventos la pena de prisión es la ya citada– el caso de quienes ofrecen ‘paquetes de votos’ a favor de determinado candidato a cambio de dinero, cuando en esta época deambulan por doquier personas ofreciendo, a quien les pueda pagar, esos paquetes, así en algunos casos los ‘paquetes’ sean los propios oferentes.

Pero tal vez las modificaciones más importantes tienen que ver con la financiación ilícita de las campañas, desde la violación de los topes hasta los aportes indebidos. Del pasado se recuerda la campaña de 1994, investigada tanto por la violación de los topes como por el ingreso de dineros provenientes del narcotráfico. El Congreso y el Consejo de Estado no confirmaron los hechos.

Ahora, el factor motivante fue el llamado escándalo Odebrecht tanto por denuncias de violación de los topes como por el ingreso de dineros no permitidos en las campañas presidenciales de 2010 y 2014. Hasta entonces, las únicas sanciones eran de naturaleza electoral, como multas, cancelación de personerías jurídicas y hasta pérdida de investidura.

La nueva ley sanciona, por ejemplo, la financiación de campañas con fuentes prohibidas, incluyendo no solo las ilegales del narcotráfico, lavado de activos o corrupción, sino la recepción de dineros de personas jurídicas extranjeras. De haber regido hace unos años, hoy estaríamos frente a situaciones mucho más complicadas que las vividas a causa de Odebrecht.

La sanción se extiende a los gerentes, administradores de las campañas y hasta al propio candidato. De cumplirse el nuevo artículo 396 C del Código Penal, estarían en apuros financiadores y beneficiarios de aportes y aun los propios candidatos al Congreso o a la presidencia:

“El que no informe de sus aportes realizados a las campañas electorales conforme a los términos establecidos en la ley incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de cuatrocientos (400) a mil doscientos (1.200) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Ojalá no se trate de normas para la galería. Ante todo, se necesita una organización electoral que haga seguimiento real y no meramente formal a las campañas y a sus gastos. Y, claro, reformular los partidos y eliminar las microempresas electorales, así como el voto preferente hacia la lista cerrada, pues hoy, cada renglón denota una campaña individual, con todo lo que ello implica.

En sí misma, la ley penal no garantiza nada, y menos en materia electoral. El fraude no se da el día de las elecciones: está en el sistema político. Y una pregunta adicional: ¿por qué hay colombianos que venden su voto?

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

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