Opinión

El fantasma de la extradición

El tratamiento de la extradición ha influido en campañas políticas y decisiones de gobierno.

18 de abril 2018 , 12:00 a.m.

La captura con fines de extradición del negociador de paz y nuevo representante a la Cámara conocido como ‘Jesús Santrich’, que, en estricto cumplimiento de su deber constitucional, dispuso el Fiscal General de la Nación, pone una vez más en primera línea de la agenda política, como lo ha sido desde 1980, el tema de esa medida de colaboración entre naciones para luchar contra la delincuencia organizada.

En este caso, según compromisos internacionales y normas internas, el jefe del ente acusador no tenía opción distinta a ordenar la captura, máxime si desde el momento de conocerse la solicitud se deducía que los hechos imputados –cuyo debate probatorio no le corresponde– se realizaron después de firmados los acuerdos en diciembre de 2016. Y es que el fantasma de la extradición no quiere abandonarnos.

El presidente Turbay negoció e hizo aprobar el tratado a través de la Ley 27 de 1980, sin ninguna discusión en el Congreso. El problema arrancó cuando vinieron, ya en la administración Betancur, las primeras solicitudes para enviar a EE. UU. a narcotraficantes colombianos que hubieran delinquido en territorio norteamericano.

Tras el asesinato por los narcos de un joven abogado rosarista, Jorge Edgardo González, por expresarse a favor de la extradición en un programa televisivo, aquellos iniciaron una ofensiva jurídica contra el tratado que no les funcionó ante la Corte asesinada en el Palacio de Justicia, cuando ese 6 de noviembre del 85, con ponencia del magistrado Manuel Gaona, se discutía un fallo que mantenía la medida. Fue la Corte siguiente la que en absurda decisión, vía conjuez, tumbó el tratado en 1986.

Muchas cosas habrán pasado cuando el nuevo mandatario que elijamos deba tomar tan crucial determinación, de doble faz: los compromisos internacionales de Colombia y la conveniencia nacional.

Por defensables razones de soberanía nacional, Belisario Betancur negó las primeras solicitudes de extradición. Pero, ante el crimen de Lara Bonilla en 1984, cambió la posición oficial y el Presidente, en memorable oración durante las exequias del ministro en Neiva, dijo: “Alto ahí, enemigos de la humanidad entera”, y anunció que los extraditaría.

Se desencadenó entonces la bien conocida ola terrorista que causó la muerte de policías, soldados, periodistas, ciudadanos inermes víctimas de los bombazos y una larga lista de crímenes selectivos como los del coronel Ramírez, Guillermo Cano, Carlos Mauro Hoyos, Enrique Low –a quien, pese a las amenazas, se lo trajo de una embajada donde se había refugiado–, Hernando Baquero, los magistrados del Palacio, jueces, Luis Carlos Galán y tantos otros.

Una interesante reforma, iniciativa de Barco, se hundió porque el Presidente no quiso quitarles la extradición a los narcos, cosa que sí hizo la Constituyente de 1991 en episodio aún no plenamente aclarado para la historia, cuando Pablo Escobar y su gente tenían “arrodillado” al país. El Congreso tuvo que restablecerla en la administración Samper.

Recuérdese que el tratamiento de la extradición ha influido en campañas políticas y decisiones de gobierno. Se dice que Horacio Serpa –escudero de Samper– perdió la presidencia porque al responder una pregunta, según algunos, preparada por El Meridiano de Córdoba, sobre si extraditaría a Samper, contestó afirmativamente; en cambio, Pastrana, archienemigo de Samper, dijo que no lo haría por respeto a la institución presidencial.

Cuando ‘Simón Trinidad’, capturado en Ecuador, fue pedido en extradición durante el gobierno Uribe, el Presidente la condicionó a que las Farc entraran en un proceso de paz, cosa que la guerrilla no aceptó. Por eso, ‘Trinidad’ cumple pena en una cárcel americana, y su libertad no pudo negociarse en los acuerdos. Uribe se vio precisado a extraditar a los líderes del paramilitarismo cuando las autoridades descubrieron que seguían delinquiendo desde la prisión.

Como en cualquier otro caso semejante, en el de ‘Santrich’ la decisión final de extraditar o no –previo concepto favorable de la Corte– es del Presidente. Pero muchas cosas habrán pasado cuando el nuevo mandatario que elijamos deba tomar tan crucial determinación, de doble faz: los compromisos internacionales de Colombia y la conveniencia nacional.

​ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

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