Opinión

Constitución y paramilitarismo

La solución no está en reformar la Constitución para prescribir lo prescrito y prohibir lo prohibido

30 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

La
reciente columna de María Isabel Rueda criticando, a mi juicio con razón, un proyecto de acto legislativo que repetiría prescripciones y prohibiciones ya vigentes generó ‘disparos’ de juristas como Rodrigo Uprimny y Gustavo Gallón, y de periodistas como Antonio Caballero, con críticas más o menos virulentas pero claramente injustas a la luz del tratamiento jurídico dado al paramilitarismo.

El proyecto repite el principio del monopolio del uso de la fuerza por el Estado y prohíbe “...la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento, o favorecimiento, financiación, o empleo oficial y/o privado de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas, paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructura o prácticas, grupos de seguridad con fines ilegales u otras denominaciones equivalentes”.

Si prácticamente todas las constituciones han consagrado el citado monopolio. Huelga reiterarlo. El paramilitarismo, que tanto daño hizo al país, surgió básicamente en la década del 80, cuando sectores sociales y agentes del Estado consideraron viable combatir a la guerrilla con métodos ilegales. Para armarse, algunos se apoyaban en el Decreto 3398 de 1965, adoptado como legislación permanente por la Ley 48 de 1968, en virtud del cual “...se autorizó la utilización del personal civil en actividades y trabajos para el restablecimiento de la normalidad”.

Pero, puesto que se usó como pretexto, en un consejo de seguridad en 1989, en el que participé como procurador general, se propuso derogar esta norma para eliminar la excusa. Así lo hizo el presidente Barco por un decreto de estado de sitio, aun con la oposición, en ese momento, de algunos sectores del Ejército.

Combatir el paramilitarismo es esencial para consolidar el proceso de paz. Pero no se logra repitiendo normas ya existentes, sino con voluntad de cumplirlas

Entre los considerandos del decreto, se señala el siguiente: “Que la interpretación de esas normas por algunos sectores de la opinión pública ha causado confusión sobre su alcance y finalidades en el sentido de que se puedan llegar a tomar como autorización legal para organizar grupos civiles armados que resultan actuando al margen de la Constitución y las leyes...”.

Suspendida la norma, Barco expidió el decreto, estableciendo como delito la conformación de esos grupos al margen de la ley. El Decreto 1194 de 1989 dispuso pena de cárcel de 20 a 30 años para quien “promueva, financie, organice, dirija, fomente o ejecute actos tendientes a obtener la formación o ingresos de personas o grupos armados de los denominados comúnmente escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o de justicia privada, equivocadamente denominados paramilitares...” y penas altas para pertenecientes a esos grupos o para quienes los instruyera, entrenara o equipara en técnicas militares, como Yair Klein en el Magdalena Medio.

También aumentó las penas para autores o cómplices pertenecientes a la Fuerza Pública. Esa legislación excepcional rigió luego de forma permanente. Como fiscal general impulsé la aprobación del actual Código Penal, que repite normas parecidas que siempre rigieron (artículo 343).

Durante el proceso del Caguán, y dado el antecedente de la UP, con razón las Farc exigían combatir a los grupos paramilitares. El presidente Pastrana y su comandante de las Fuerzas Militares, general Fernando Tapias, asumieron la tarea. La Fiscalía hizo lo suyo adelantando muchos procesos. Después, la Corte conoció de todos los procesos por ‘parapolítica’.

Combatir el paramilitarismo es esencial para consolidar el proceso de paz. Pero no se logra repitiendo normas ya existentes, sino con voluntad de cumplirlas. Preocupante, sí, que no se haya podido detener el asesinato de desmovilizados, sus familias y líderes sociales.

La solución no está en reformar otra vez la Constitución para prescribir lo prescrito y prohibir lo prohibido. La repetición sí puede prestarse, en cambio, para pensar, equivocadamente, que antes de repetir la prohibición las conductas proscritas se permitían. Tiene razón María Isabel.

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

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