Opinión

Constitución y orden público

Debimos aceptar que una proposición del Congreso es una refrendación popular, y otras incoherencias.

23 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

El país no ha podido cimentar un verdadero Estado social de derecho por o con el pretexto de manejar el orden público (OP) en cuanto a luchas intestinas, violencia partidista, guerrillas, paramilitares, narcotráfico o delincuencia organizada. Por aplazar “la plena aplicación de la ley mientras se arregla el OP”, nuestra política criminal es en parte errática: mientras aumentamos penas, concedemos amnistías e indultos.

Ha sido así desde el siglo XIX. Tras la Independencia abundaron guerras civiles internas, siempre finalizadas con leyes de amnistía e indulto. La Regeneración de 1885 –con todos sus horrores– se instauró con el argumento de restablecer el orden supuestamente alterado durante el Radicalismo liberal. Tuvimos la guerra de los Mil Días. Y para restaurar el ‘orden’, en 1905, el dictador Reyes inventó una constituyente de bolsillo que le prorrogó su período.

En el 28, una justa huelga obrera desató las Bananeras y en el 49, Ospina Pérez cerró el Congreso ‘argumentando’ que era incompatible con el manejo del OP. Y durante 10 años no solamente no hubo Congreso, sino que el país se manejó con decretos de estado de sitio (DES) dictados supuestamente por la perturbación del OP. En apariencia regía una Constitución y en apariencia había Estado de derecho. En el 52, también por motivos de OP, se integró una constituyente fascistoide que establecía como delito hablar mal del Gobierno en el exterior. En 1953, el país aceptó el golpe militar de Rojas para que acabara la violencia. Y por idéntica razón lo tumbaron en el 57. La Junta Militar, por DES, convocó un plebiscito para reformar la Carta y surgió el Frente Nacional. Fue necesario un pacto de impunidad.

Para lograr la paz con las Farc hemos tenido que hacer a un lado la ortodoxia constitucional y aceptar leyes y constituciones flexibles

Ya en 1953, Rojas había impuesto la consigna de no más sangre ni más depredación en nombre de ningún partido. Y un decreto suyo sobre amnistía e indulto que cobijaba también, como hoy, a agentes del Estado permitió la entrega de armas de guerrilleros liberales. Aquel plebiscito dispuso que ante tantos cambios constitucionales de ocasión, la Carta solo podría reformarla el Congreso, y en dos vueltas.

En 1990, alegando la arremetida del narcotráfico y graves problemas de orden público, se desconoció la voluntad popular votada masivamente en diciembre del 57 y se usó, en cambio, un DES de abril de 1984, expedido tras el asesinato del valiente ministro de Justicia Rodrigo Lara. Otra vez, con el dividido beneplácito de la Corte, se aceptó que la propia Constitución era la causa de la perturbación del orden público. Y esos constituyentes revocaron el Congreso acogiendo la bandera de los extraditables de quitarles la extradición por culpa de la cual habían ensangrentado a Colombia.

De nuevo está en suspenso el Estado de derecho. Ya en los 80, para enfrentar la arremetida del narcotráfico, con DES tuvimos que aceptar jueces sin rostro, fiscales y suprimir el jurado de conciencia, conquista del liberalismo. Ahora, para lograr la paz con las Farc –propósito que siempre he compartido–, hemos tenido que hacer a un lado la ortodoxia constitucional y aceptar leyes y constituciones flexibles, amnistías e indultos amplios, más numerosas concesiones al Estado de derecho, inconcebibles en situación de ‘normalidad’.

Debimos aceptar que una proposición del Congreso es igual a refrendación popular, y otras incoherencias. Se creó la JEP como organismo paralelo –aduciendo que por especificaciones procesales no podría dejarse a la justicia ordinaria– con magistrados en número casi igual al de quienes integran las altas cortes.

Y qué ironía. Hasta hoy ha sido la justicia ordinaria (jueces de ejecución de penas o de justicia y paz) la que está decidiendo sobre libertades, amnistías e indultos y sobre ingreso al nuevo sistema de procesados o condenados por hechos derivados del conflicto. Pero en las listas de aspirantes a integrar el nuevo organismo figuran en alto porcentaje quienes en la justicia ordinaria han sido jueces, fiscales y magistrados de cortes altas o intermedias. ¿Quién nos entiende?

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

Ya leíste 20 artículos gratis este mes

Rompe los límites.

Aprovecha nuestro contenido
desde $10.999 al mes.

¿Ya eres suscriptor? Ingresa

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta gratis y pódras disfrutar de:

  • Acceso ilimitado al contenido desde cualquier dispositivo.
  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta gratis y disfruta de acceso ilimitado al contenido, desde tu computador, tableta o teléfono inteligente.

Disfruta del contenido sin límites

CREA UNA CUENTA GRATIS


¿Ya tienes cuenta? INGRESA