Opinión

Armas y política

No hay que temerle al hecho de que quienes dejen las armas vayan al Congreso. Ya tuvimos esa experiencia, y no por ello se ha perdido la fisonomía democrática de la Nación.

06 de septiembre 2016 , 05:12 p.m.

La relación entre armas y política es tan antigua como la humanidad, y son muchísimas las páginas escritas alrededor de esa conexión. Después de la Independencia (siglo XIX), Colombia se vio signada por interminables “guerras civiles”, conocidas como “levantamientos”, que, tras muchos muertos, casi siempre imberbes llevados al sacrificio, terminaban en “armisticios” entre los beligerantes, desarrollados por leyes de amnistía e indulto. Y muchas veces se pasaba del campo de batalla a los puestos de mando político, hasta la próxima confrontación armada.

La Constitución de 1886 fue resultado de una guerra cruel, y la de 1885 se inició para “alzarse” contra la Constitución radical de 1863. Como los liberales fueron vencidos, en lugar de amnistiados o indultados, fueron a la cárcel y, despojados de sus bienes, sufrieron pena de confiscación, o salieron al destierro, como Santiago Pérez.

Algunos lograron resistir en el país y alcanzaron a mantener sus ideas en las aulas, fundando universidades como el Externado, en 1886, y la Libre, en 1923. La guerra de los Mil Días, tal vez la más sangrienta de todas (en la sola batalla de Palonegro, librada donde hoy está el aeropuerto que sirve a Bucaramanga, murieron más de mil campesinos liberales y conservadores), terminó también con armisticio en el tratado de Wisconsin (1902) y dejó al país en la ruina total, y de alguna manera facilitó la separación de Panamá.

Uno solo de los generales supérstites, Rafael Uribe Uribe, quedó en el Senado, donde defendía las ideas liberales. Cuando fue asesinado en las gradas del Capitolio, llevaba un proyecto sobre seguridad social. Es considerado, con razón, el padre del derecho laboral en Colombia.

Durante la violencia liberal-conservadora de los cincuenta hubo una especie de combinación de las formas de lucha por cuanto los partidos tradicionales, a su manera, apoyaban o toleraban a quienes para defenderse o apoyar al Gobierno se alzaban en armas.

Por eso el decreto de indulto de Rojas Pinilla comprendía tanto a quienes habían atacado ilegalmente con las armas al Estado como a quienes lo habían defendido por métodos delincuenciales. Fue una especie de justicia de transición anticipada. La UP, partido legal surgido de los acuerdos con las Farc, eligió senadores, representantes, diputados, alcaldes y concejales. Muchos, desde la derecha, cuestionaron que las Farc no se hubieran desmovilizado y utilizaron tan sórdido argumento para justificar el exterminio.

La combinación de armas y política se dio con el paramilitarismo, no solo por la afirmación aparentemente cierta de Mancuso de que tenían alto porcentaje del Congreso a su servicio, sino por los muchísimos casos en que la justicia estableció, mediante sentencias ejecutoriadas de la Corte Suprema, los eventos en que políticos de todos los partidos se valieron de esas organizaciones armadas para conseguir respaldos políticos coaccionados.

De otra parte, podría decirse que desde el surgimiento de las Farc hemos tenido toda clase de elecciones estando activa esa organización, como también el Eln, el M-19, el Epl y el Quintín Lame, estos últimos desmovilizados comenzando la década del noventa.

Aun la elección popular de alcaldes y gobernadores se ha hecho a pesar de las guerrillas, que nunca pudieron impedir una elección importante.

Por eso es esencial que con el Sí al plebiscito se abra la oportunidad real de que hacia el futuro logren desconectarse totalmente armas y política. No hay que temerle al hecho de que quienes dejen las armas vayan al Congreso. Ya tuvimos esa experiencia, y no por ello se ha perdido la fisonomía democrática de la Nación. Además, en un régimen tan rígidamente presidencial como el nuestro, es muy poco el margen de maniobra de los congresistas. Recuérdese que un líder tan carismático como Álvaro Uribe, con veinte senadores en actividad, no logró frenar un solo proyecto del Gobierno.

¿A qué, entonces, tanto temor por la eventual presencia de exguerrilleros en el Congreso?


Alfonso Gómez Méndez

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