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En drogas: construir sobre lo construido

Las zonas con cultivos de coca están nueve años atrás que las demás zonas rurales.

Adriana La Rotta
 El país que es el mayor productor de cocaína en el mundo es también el lugar en donde trabajan algunos de los principales estudiosos de los temas de drogas ilegales, narcotráfico y seguridad. Todos somos conscientes de lo primero, pero a veces se nos olvida lo segundo y, lo que es peor, no usamos ese recurso con la seriedad con que deberíamos.
Más que en cualquier otro momento, debemos escuchar a los expertos que llevan años monitoreando los avances y los retrocesos que el país ha experimentado en su trágica y larga lucha contra el narcotráfico. Ellos, al igual que millones de otros colombianos, esperan que en el tema de drogas el nuevo gobierno construya sobre lo construido. Que parta de las lecciones aprendidas y de la evidencia de lo que funciona y lo que no funciona, para diseñar e implementar una política antidrogas que sea eficaz y humana, y se mantenga en el tiempo.
Precisamente, esta semana investigadores de la Fundación Ideas para la Paz, en asocio con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), publicaron un informe que responde a la pregunta sobre quiénes son las familias que viven en las zonas con cultivos de coca.
Es un trabajo esencial para entender cómo terminar de construir Estado en las zonas que conocemos apenas por tener presencia de economías y grupos criminales. El informe partió de una encuesta hecha por UNODC entre más de 6.000 familias beneficiarias del Plan Nacional de Sustitución en 29 municipios de 12 departamentos, entre ellos Nariño y Norte de Santander, dos de los lugares que el presidente Iván Duque escogió para realizar consejos de seguridad en su primera semana de gobierno.

Más que en cualquier otro momento, debemos escuchar a los expertos que llevan años monitoreando los avances y los retrocesos que el país ha experimentado en su larga lucha contra el narcotráfico.

En estos municipios, la informalidad laboral está por encima del 97 por ciento y una de cada cuatro personas vive en hacinamiento. El informe muestra que entre las familias que cultivan droga, casi la mitad de sus integrantes son mujeres y una tercera parte de ellas son jefas de hogar. El 41 por ciento de la población tiene menos de 19 años y solo una tercera parte de quienes están en edad de asistir a la escuela lo hacen. Más aún, el 92 por ciento de los niños entre 6 y 9 años se encuentra trabajando.
Lo que el informe revela, de manera dramática, es que contra la idea generalizada de que es rentable cultivar coca, los niveles de desarrollo y calidad de vida de las familias involucradas en el cultivo están muy por debajo de los que tiene la población rural en Colombia. Mientras que el 57 por ciento de los hogares que están en las zonas con cultivos de coca sufren de pobreza monetaria, en otras áreas rurales dispersas, según el Dane, el índice es de 36 por ciento. “Las zonas con cultivos de coca están nueve anos atrás que las demás zonas rurales”, calculan los autores.
Las familias campesinas que cultivan coca lo hacen no porque sea más rentable, sino porque les permite tener un ingreso en zonas en donde el transporte, el crédito y las cadenas de comercialización de otros cultivos son inexistentes.
Además de señalar las oportunidades y los desafíos para integrar a las familias en esta actividad, el informe de la FIP y el UNODC humaniza la problemática y la pone en una dimensión mucho más amplia que el blanco y negro que está dominando la actual coyuntura. Su principal aporte, y por el cual este estudio debe ser leído y considerado, me lo explicó Julián Wilches, director de política antidrogas bajo la administración Santos: “Me parece que conocer quiénes son esas familias y cómo son esos territorios saca el debate de las dicotomías entre aspersión o no aspersión, sustitución voluntaria u obligatoria, y lo aterriza sobre el tema clave, que es cómo integrar esos territorios a la Colombia más desarrollada”.
ADRIANA LA ROTTA
Adriana La Rotta
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