Opinión

Al fin, acuerdo global con las Farc

El cierre de negociaciones precipita otra serie de decisiones y de actos: por ejemplo, el de la realización del plebiscito.

24 de agosto 2016 , 06:06 p.m.

Contra todo lo previsto, se han adelantado, de pronto, la consideración y el acuerdo sobre los aspectos más intrincados del conflicto armado con las Farc. La publicación de un prolijo y complejo documento del jefe de negociadores del Gobierno, Humberto de la Calle, presagiaba en lenguaje envolvente y abstruso, tan distinto del claro y categórico suyo, acontecimientos de importancia excepcional. Algo debía haber distinto de la publicación del susodicho documento, aunque en su texto abstruso se anticipara la confirmación de importantes noticias previas.

Por ejemplo, como quien no quiere la cosa o no valora la magnitud de su significado, desliza la siguiente afirmación: “Estamos en una situación en la que, lamentablemente, persisten la extorsión y el narcotráfico. Pero recordemos que en el acuerdo del cese del fuego cada palabra pesa: hablamos del cese del fuego y hostilidades bilateral y definitivo. Por hostilidades ambas partes entendemos que en el momento en que se cristalice, cesan la extorsión y el narcotráfico. Esto implica implementar los mecanismos de reincorporación de las Farc que les permitan apartarse de esas actividades”.

Desde el comienzo existían estos condicionamientos, no advertidos por el resto de los colombianos, y de ahí sus brotes de perplejidad. Tanto más cuanto, según aparece a reglón seguido, “las propias Farc han dicho que van a romper sus vínculos con el narcotráfico y a cooperar con el Estado en la superación del problema: el que no entre en el acuerdo queda convertido en un delincuente común”. Tal la tajante delimitación con el flanco subversivo de mayor importancia por el monto de sus ingresos pecuniarios y la extensión de sus redes internacionales.

El cierre de negociaciones del Gobierno con las Farc precipita otra serie de decisiones y de actos: por ejemplo, el de la realización del traído y llevado plebiscito para que unos asintamos con el sí y otros tengan oportunidad de consignar su voto por el no. Previamente, habría de revelarse la plenitud de los acuerdos celebrados en principio por el Gobierno con las Farc, condicionados a su aceptación por el pueblo colombiano. Hallándose de por medio temas esenciales de la democracia representativa, sin su confirmación ulterior no podrían entrar en vigencia. Como los relacionados con la organización económica y social, también sujetos a la refrendación de los organismos propios del Estado social de derecho, cuya estructura no desaparece como por encanto ni por artes o artimañas de un golpe de fuerza.

Quizá lo más complicado de las tareas inmediatas sea precisar cómo se absorbe el soplo de la actualidad democrática en las instituciones constitucionales que vienen de atrás. Lo de menos será asignar provisoriamente unas cuantas curules al bando subversivo. Lo arduo y sustantivo será la asimilación constitucional de los compromisos adquiridos por el Gobierno en sus negociaciones con la guerrilla. Mientras todo ello se pueda resolver con proyectos de ley presentados a las cámaras respectivas, no habría escollo insalvable. Pero váyase a saber si las expectativas contempladas desbordaron esos límites, caso en el cual habría que ver cómo se ciñen a la realidad jurídica o cómo esta se amolda a las nuevas circunstancias.

De donde se deduce que la primera de las urgencias es conocer en su exacta magnitud y alcances los acuerdos con la guerrilla que hayan servido al Gobierno para sus contraprestaciones de cese del fuego provisional y definitivo. A buen seguro, el señor Presidente de la República absolverá este interrogante cuando informe a la Nación del gran acuerdo por la paz, presumiblemente con concesiones. ¿Cuáles implicarán cambios en las estructuras jurídicas?

Abdón Espinosa Valderrama

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