Venezuela

En el 2017, Nicolás Maduro consolidó la dictadura en Venezuela

Con represión sistemática, el Gobierno logró apagar las protestas y acaparar los poderes públicos.

Protestas en Venezuela

Durante cuatro meses, miles de venezolanos protestaron para mostrar el descontento social en el país. Más de 120 personas murieron y otras muchas fueron torturadas.

Foto:

Federico Parra /AFP

16 de diciembre 2017 , 11:58 p.m.

Sobre la deriva autoritaria del oficialismo en Venezuela se ha escrito cada paso durante los últimos 18 años. Desde el control de cambio y las expropiaciones, la creciente dependencia de los venezolanos del Estado, incluso para comer, hasta el desmonte de la autonomía de los poderes públicos y la persecución a la disidencia política.

Tres hechos alarmantes habían ocurrido en el 2016: la neutralización paulatina de la recién electa Asamblea Nacional (legislativo), de mayoría opositora; la suspensión de las elecciones de gobernadores previstas para ese año –jugada maestra– y la suspensión del referéndum revocatorio contra el Presidente que, a pesar de las adversidades, estaba tomando forma por iniciativa de la oposición.

Pero este año esos escarceos se convirtieron en los ladrillos que sostienen a la más reciente dictadura de América Latina, la del chavismo administrado por el régimen de Nicolás Maduro.

El gran motor de estas jugadas fue el poder judicial venezolano, liderado por un Tribunal Supremo de Justicia abiertamente plegado al oficialismo y que a finales de marzo de 2017 dio la estocada final al emitir dos sentencias, una eliminando la inmunidad parlamentaria de los diputados y otra adjudicándose las funciones de la Asamblea Nacional.

La reacción ante semejante decisión no se hizo esperar. De la mano de los diputados opositores y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) cientos de miles de personas se volcaron a las calles a protestar contra el oficialismo y su intento por arrebatar el parlamento.

Aderezaron el caldo de la protesta con el declive en la calidad de vida de los venezolanos, que cada mes de este año han visto un aumento mensual de entre 30 y 50 por ciento en los precios y la escasez casi total de medicinas, de repuestos, de materia prima para generar cualquier cosa. El bolívar quedó licuado en el bolsillo del venezolano durante este año ante una inflación superior a 1.300 por ciento, según el último cálculo publicado por la Asamblea Nacional, y con una economía en cesación de pagos.

‘Ruptura constitucional’

Ante lo que se venía y la inesperada reacción de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz –quien rechazó las sentencias y las calificó de “ruptura del orden constitucional”–, el presidente Maduro se movió rápidamente y logró una rápida enmienda del TSJ.

Sin embargo, la calle se encendió en protestas desde el primero de abril hasta agosto, también con la esperanza de que otros chavistas de peso como la fiscal generaran un quiebre profundo en el oficialismo.

Lejos de retroceder o negociar sobre alguna de las demandas de la oposición (elecciones libres, liberación de presos políticos, apertura de un canal humanitario y respeto a la Asamblea Nacional), la administración de Maduro optó por la vía de la represión para contener el descontento social e instaló, sin mayor consulta, una Constituyente con la pretensión de refundar la República o quizá diseñarla en términos más apropiados para la ‘revolución bolivariana’.

Según conteo oficial de la Fiscalía General, quedaron 121 manifestantes asesinados, en su mayoría víctimas de la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado

En el camino, según conteo oficial de la Fiscalía General, quedaron 121 manifestantes asesinados (otros conteos, como el del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social suman hasta 163), en su mayoría víctimas de la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado y por lo menos 5.000 heridos.

De las protestas en la calle, reprimidas con una fuerza si acaso vista en los sucesos del Caracazo en 1989, la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano asegura que hubo más de 5.400 arrestos y para el primero de agosto contabilizaban la existencia de 620 presos políticos, una cifra que hoy llega a 299, tras liberaciones y nuevas detenciones.

En el fragor de las protestas salieron a la luz decenas de historias de personas torturadas al ser apresadas. De golpizas hasta ahogamientos con gas lacrimógeno, descargas eléctricas, vejaciones sexuales y amenazas de muerte es el abanico de tratos crueles que los cuerpos de seguridad le aplicaron a por lo menos 88 venezolanos, según el informe de este año de Human Rights Watch.

Los ataques nocturnos a conjuntos residenciales, destrucción de propiedades y apresamientos masivos recordaron a los mayores las noticias que llegaban en los años 70 de dictaduras como la argentina o la chilena.

La “unión cívico militar” de la que tanto se ufana el oficialismo también reveló su peor cara este año al ser enviados a tribunales militares 757 civiles que participaron en las protestas, una deformación procedimental prohibida expresamente por la vigente Constitución venezolana.

Esa actuación militar en la calle, especialmente de la Guardia Nacional, y la sólida complicidad de la Fuerza Armada Nacional con el régimen son, para el politólogo Miguel Martínez Meucci, los elementos que conjuran la permanencia de Maduro al frente del Gobierno a pesar de su desastrosa gestión.

“Lo que realmente mantiene a Maduro en el poder no es la supuesta Constituyente, la cual tiene más bien el propósito de revestir de legalidad y legitimidad su manejo que desde hace tiempo es absolutamente arbitrario de los mecanismos del Estado, sino la cohesión de las fuerzas armadas en torno a un proyecto político del cual forman parte esencial y que ha sido respaldado por estados como Cuba, Rusia, China e Irán”, asegura.

A pesar de las víctimas y la condena de la comunidad internacional, el esperado quiebre en el oficialismo nunca ocurrió.

Los muertos, la represión y la brega diaria para sobrevivir en un país con su moneda y su producción destruida trastocaron en cansancio y frustración a la protesta opositora

En cambio, la instalación de la Constituyente –a pesar de no cumplir con los requisitos constitucionales–, los muertos, la represión y la brega diaria para sobrevivir en un país con su moneda y su producción destruida trastocaron en cansancio y frustración a la protesta opositora. Este año, tal como se encendió la chispa de la rebelión, se apagó y dio paso al más profundo agotamiento.

Así, el oficialismo, experto en lecturas políticas e inmune al descontento, reanudó el cronograma electoral y organizó en tiempo récord las elecciones de gobernadores alterando a última hora los centros de votación de miles de electores que, junto con una oleada abstencionista, le permitió hacerse con 18 de las 23 gobernaciones en disputa.

En el estado Bolívar las arrebató abiertamente y logró que cuatro de los cinco gobernadores opositores –excepto el del estado Zulia– juraran sus cargos frente a la Constituyente instalada por Maduro bajo el chantaje de que, de lo contrario, no podrían siquiera acercarse a sus despachos.

La víctima final de ese proceso electoral fue la MUD, la coalición de partidos opositores que logró hacerse con la mayoría de la Asamblea Nacional en diciembre de 2015, que quedó confinada a un liderazgo cuestionado en su capacidad política y atomizado en su estrategia. Notables yerros y contradicciones la pusieron en una situación lamentable.

En la práctica, con la anulación ‘de facto’ del parlamento, el despliegue represivo del régimen y su empeño en gobernar por decreto de “Estado de excepción” mientras organiza elecciones no competitivas, la ONG Provea asegura que la de Maduro consiguió configurarse como una “dictadura moderna”.

Mientras tanto, el año cierra para el chavismo con una purga interna en la que el mandatario despunta como el ganador fuertemente apuntalado por la casta militar de su país, a la que entregó recientemente la jefatura de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la principal empresa del país y que reporta más de 90 por ciento de las ganancias nacionales.

Sobre esa base arranca 2018 como un año crucial pues la Constitución señala que deben organizarse elecciones presidenciales. El presidente Maduro ya se anuncia como el candidato del oficialismo en una tarjeta electoral que hasta ahora parece diseñada a su medida, sin la posibilidad de que participen sus dos contendores más peligrosos: Leopoldo López y Henrique Capriles.

El primero en arresto domiciliario y el segundo inhabilitado, con 20,6 por ciento y 11,7 por ciento de intención de voto si se realizan hoy unas primarias según la última encuesta de la empresa Venebarómetro.

Los nombres del ex gobernador de Lara Henri Falcón y el empresario Lorenzo Mendoza –el ‘outsider’ que muchos esperan– aparecen como tercera y cuarta opción
en intención de voto entre los opositores.

VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Caracas

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.

CREA UNA CUENTA


¿Ya tienes cuenta? INGRESA