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Latinoamérica

Se vienen ocho días decisivos para la crisis política en Venezuela

Ayer se dieron enfrentamientos en Caracas entre manifestantes y la Guardia Nacional, que interceptó marchas de apoyo a los 33 magistrados designados por el parlamento.

Ayer se dieron enfrentamientos en Caracas entre manifestantes y la Guardia Nacional, que interceptó marchas de apoyo a los 33 magistrados designados por el parlamento.

Foto:Cristian Hernández / EFE

A una semana de la constituyente, la oposición pondrá más presión. Se prevé otra huelga nacional.

A partir de este y hasta el próximo domingo, Venezuela entró en la cuenta regresiva para la elección de los miembros de la constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro, cuya instalación es considerada por la oposición como el hito que pondrá fin a la forma republicana del Estado venezolano y entronizará el autoritarismo chavista en el poder.
Por ello, plantea una estrategia de máxima presión, la cual comenzó tras saberse los resultados del plebiscito del 16 de julio, cuando 7,6 millones de venezolanos se pronunciaron contra la iniciativa oficialista y a favor de la renovación de los poderes públicos, y que esta semana amenaza con ser aún más contundente y restrictiva.
Con la ‘hora cero’ –como llama la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a la escalada de conflicto–, la oposición convocó el pasado jueves un paro nacional y la Asamblea Nacional nombró, el viernes, a 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en claro desafío a los magistrados en ejercicio actualmente y que fueron nombrados por el Parlamento de mayoría oficialista en diciembre del 2015.
Esta última decisión del Parlamento plantea un momento tope para el gobierno de Maduro, pues no solo cuestiona la legalidad del máximo tribunal del país, sino que introduce una fuerte distorsión en la estructura del poder político al plantearse la existencia de un poder judicial paralelo. La respuesta inmediata del oficialismo fue pedir cárcel tanto para los juristas nombrados como para los diputados que los designaron –las dos terceras partes de la Asamblea Nacional–.
“Corresponde a las autoridades competentes, civiles y militares ejecutar las acciones de coerción pertinentes para mantener la paz (...) porque existen delitos en flagrancia permanente”, dijo el magistrado Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional y exdiputado oficialista.
Los nuevos magistrados, en cambio, han dicho que esperan esta misma semana presentarse a la sede del TSJ para reclamar sus cargos. Pero, anoche, el líder opositor Henrique Capriles denunció que se ordenó al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebín) detenerlos y ponerlos “a la orden de Fiscalía Militar”, y que uno de ellos, Ángel Zerpa Aponte, ya había sido apresado.

Otra huelga

“Evidentemente, no es fácil vencer a un Estado todopoderoso y apoyado por una cúpula narcomilitar”, comenta a EL TIEMPO el exmagistrado Román Duque. “Los nuevos magistrados lo primero que deben hacer es construir la tesis de la legitimidad que tienen. Hacer respetar su investidura sobre todo ante la acusación de que están ‘usurpando funciones’. Ellos fueron nombrados por un órgano legítimo, que es la actual Asamblea Nacional, que ya demostró que los magistrados que ejercen ahorita fueron elegidos con todo tipo de mañas y sin cumplir las reglas”, dice.
Para esta semana también se espera que se convoque otra huelga, pero de mayor extensión y como iniciativa de las principales federaciones y confederaciones de trabajadores del país, no solo de la dirigencia política opositora.
Los sindicatos y la MUD conversaban sobre la pertinencia de que el paro esta semana  (miércoles y jueves) sea de entre 48 y 72 horas, luego de medir el éxito de la huelga del jueves, a la que se unió más del 80 por ciento del país también con bloqueos de calles y avenidas que fueron duramente reprimidos por las fuerzas del Estado. Cinco personas fueron asesinadas y más de 370 fueron detenidas. Este sábado se decidieron por realizar una jornada de paro cívico de 48 horas.
El politólogo y analista Edgard Gutiérrez estima que la oposición está siguiendo el mandato del plebiscito y que de esta solo puede esperarse más presión.
“Los hechos son claros, la oposición está desconociendo una institucionalidad que considera fraudulenta para establecer otra. Con el nombramiento de los magistrados está siguiendo la dimensión institucional de su jugada y con el paro, las marchas y los trancazos está siguiendo la dimensión popular, la calle, que es donde tiene mayor fuerza. Obviamente sigue generando conflicto para producir un quiebre en el Gobierno y la Fuerza Armada que lleve a una negociación política”, afirma.
Pero así como la oposición tiene la fuerza popular de su lado en este momento, Gutiérrez advierte que el Gobierno sigue en control del dinero y la Fuerza Armada del país, lo que le permite mantenerse en el pulso.
“El conflicto está en modo disuasivo, en la demostración de quién tiene más fuerza, quién resiste más. De aquí al domingo eso no va a parar y lo más seguro es que si el Gobierno logra hacer su elección de la constituyente, la espiral se intensifique, así que no descarto que se cumpla el apresamiento de los nuevos magistrados e incluso de algunos diputados”.
En la calle, la crispación está a flor de piel y es prácticamente imposible conseguir a alguien indiferente a la tensión política.
La última encuesta flash de Datanálisis arroja que el 66,5 por ciento de los venezolanos rechazan la instalación de una constituyente y el 73 por ciento preferirían ser convocados a unas elecciones generales para renovar todos los cargos públicos, incluyendo la Presidencia de la República.
Además, más chavistas se siguen apartando de Maduro. Esta semana, Isaías Medina, ministro consejero de la misión venezolana ante la ONU, renunció a su puesto y denunció “la violenta y agresiva represión” de “la dictadura” de Maduro. Al igual que la fiscal general, Luisa Ortega, Medina criticó abiertamente al Gobierno.

Presión externa

Uno de los elementos colaterales cuyo efecto todavía es impredecible en la crisis es la actuación de la comunidad internacional.
A los últimos pronunciamientos del secretario general de la OEA, Luis Almagro, con un potente informe en el que reveló las torturas a las que han sido sometidos decenas de manifestantes apresados por las fuerzas de seguridad, se sumó el Mercosur con una exhortación a Venezuela a frenar las “iniciativas” que compliquen más el panorama, en una referencia velada a la constituyente.
Pero sin duda, el elemento más perturbador fue la advertencia de Washington sobre la posibilidad de aplicar “severas sanciones” al Gobierno en caso de que se instale la constituyente, y que para muchos avanza en la posibilidad de un embargo económico o un bloqueo financiero por parte de Estados Unidos, prácticamente el único país que está pagando el petróleo que compra a Venezuela con dinero contante y sonante.
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
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