Latinoamérica

Puerto Rico, el naufragio de su paraíso caribeño

El huracán María rebosó la copa de la agonía económica de la isla que cautivó a los conquistadores.

Destrozos que dejó a su paso por Puerto Rico el huracán María

Los puertorriqueños que vivían en la pobreza antes de la emergencia han descendido a la miseria.

Foto:

Carlos García Rawlins / Reuters

02 de noviembre 2017 , 03:37 p.m.

Los quinientos años largos transcurridos desde el 19 de noviembre de 1493, cuando Cristóbal Colón descubrió la isla que bautizó como San Juan Bautista y que sus nativos taínos llamaban Borinquen, no han eclipsado los encantos de la idílica porción de tierra caribeña que inspiró a narradores y poetas para nombrarla, como dice el Lamento borincano, “la tierra del edén, la que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares…”.

Pero ese paradisíaco territorio, el único de Hispanoamérica que no llegó a constituirse como un Estado independiente, tiene una historia de pesares que llegó a su clímax con el paso devastador de los huracanes Irma y María.

Este último arrasó la isla con vientos que alcanzaron una velocidad de 250 kilómetros por hora, causaron la muerte de 51 personas, destruyeron millares de viviendas, produjeron enormes marejadas y el desborde de ríos y embalses, y dejaron a casi toda la población sin comunicaciones ni servicio de electricidad y a una tercera parte sin agua potable.

Antes de esta catástrofe, las finanzas públicas de Puerto Rico ya estaban agobiadas con una deuda de más de 70.000 millones de dólares y un déficit crónico, resultado de malas administraciones de los dos partidos políticos mayoritarios, el Partido Popular Democrático (PPD) –los rojos– y el Partido Nuevo Progresista (PNP) –los azules–, que controlan el poder desde la década de 1940, cuando se adoptó la fórmula híbrida, única en el mundo, del Estado Libre Asociado a la Unión Americana.

A esto se añaden el costo incalculable que tendrá la recuperación de los daños causados por los huracanes, estimados en 95.000 millones de dólares; un déficit de 49.000 millones de dólares en el sistema de pensiones; un desempleo del 12 por ciento y un 46 por ciento de los habitantes en la pobreza. Y lo peor es que la isla carece de las herramientas y la autonomía para enfrentar la crisis, pues su administración está sujeta a la legislación y las autoridades federales de los Estados Unidos.

De un imperio a otro

¿Cómo llegó Puerto Rico a esta situación? Durante los cuatro siglos que permaneció bajo el imperio español, la isla tuvo importancia estratégica y militar como punto clave para repeler a los intrusos en el Caribe, que para aquel imperio era un Mare Nostrum.

De esto dan testimonio las fortificaciones de San Felipe del Morro y San Cristóbal y las murallas construidas en el viejo San Juan, que adoptó el nombre dado a la isla por Colón, mientras esta pasó a llamarse Puerto Rico en alusión a las riquezas que partían de su puerto hacia España.

Los Estados Unidos ocuparon la isla en 1898 tras la guerra de tres meses con España en la que el imperio español fue humillado por las fuerzas estadounidenses y cedió al vencedor sus últimas posesiones coloniales de ultramar. Puerto Rico fue una pieza importante en la geopolítica de Washington a comienzos del siglo veinte, que llevó a la potencia americana a convertirse en otro imperio.

Allí se establecieron varias bases militares estadounidenses, dos de las cuales, en las islas de Vieques y Culebra, sirvieron para almacenar municiones y realizar bombardeos aéreos, maniobras anfibias y otras operaciones que causaron serios problemas ambientales y generaron fuertes protestas hasta cuando fueron cerradas en el 2003.

Medio siglo después de la ocupación, el Congreso de Washington autorizó en 1948 las primeras elecciones de gobernador y el voto popular elevó al cargo a Luis Muñoz Marín, quien pasó a la historia como el padre del Estado Libre Asociado (ELA).

La isla adquirió el derecho de tener gobernación y legislatura propias y un comisionado residente en Washington que participa con voz pero sin voto en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Pero su soberanía recae en el Congreso de Washington, y los puertorriqueños –aun siendo ciudadanos estadounidenses– no pueden votar en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.

Puerto Rico tras paso de María

La gente en la isla se las arregla para vivir en la oscuridad por falta de energía.

Foto:

Alvin Baez / Reuters

Entre el ELA y la estadidad

Muñoz Marín fue el fundador del Partido Popular Democrático (PPD) –los rojos–, que con el lema “Pan, tierra, libertad” luchó con éxito contra el monopolio de la economía y de la tierra por parte de la industria azucarera estadounidense, impulsó la reforma agraria en 1941 y promovió una fuerte inyección de inversiones públicas y privadas que condujo a la acelerada industrialización de Puerto Rico.

Reelegido por cuatro periodos sucesivos, fue la figura dominante de la política puertorriqueña aun después de concluir su último mandato en 1964.  Ese año nombró como su sucesor a Roberto Sánchez Vilella, quien fue elegido.

En 1968 señaló a otro candidato a la gobernación y Sánchez fundó su propio partido, lo cual dividió al PPD –los rojos– y facilitó la elección de Luis A. Ferré, adversario de Muñoz Marín y partidario de la estadidad. Desde entonces hasta hoy, cuando gobierna Ricardo Roselló, uno de los sucesores de Ferré en la dirección del PNP, los dos partidos se han alternado en el Gobierno y han caído en las prácticas de clientelismo y corrupción que están en la raíz de la crisis que llevó a la isla a la quiebra.

Ahora mismo, sobre las ruinas que dejaron los huracanes, un escándalo desatado en San Juan y Washington obligó al gobernador Roselló a cancelar un contrato de 300 millones de dólares otorgado por la quebrada compañía de electricidad a Whitefish Energy, una firma con dos empleados y con sede en el pueblo de Whitefish, en el estado de Montana, para reconstruir 160 km de líneas de transmisión de la destruida red eléctrica.

Mientras tanto, una gran parte de los tres millones de puertorriqueños se las arregla para vivir en la oscuridad y cocinar en reverberos de gas y se resigna a la inmovilidad porque sus carros fueron destrozados y todavía hay carreteras bloqueadas. Los que vivían en la pobreza antes de la emergencia han descendido a la miseria.

Puerto Rico tras paso de María

Gran parte del sistema eléctrico de Puerto Rico quedó destruido tras el paso de María.

Foto:

Carlos García Rawlins / Reuters

Del desarrollo a la quiebra

Cuando se creó el ELA, Puerto Rico era un territorio atrasado y empobrecido. En las dos décadas siguientes se convirtió en uno de los más desarrollados en la región, con niveles de crecimiento económico del diez por ciento anual, y ganó reconocimiento internacional como uno de los destinos turísticos más atractivos del Caribe.

Pero su prosperidad se vio interrumpida por el embargo petrolero decretado por la Opep en 1973 como represalia contra los países que apoyaron a Israel durante la guerra de Yom Kipur, comenzando por los Estados Unidos.

Para compensar este golpe, el Congreso de Washington adoptó en 1976 una ley de incentivos para las corporaciones estadounidenses que se establecieran en la isla y así lo hicieron muchas de ellas.

La medida fue un alivio para la economía pero levantó olas en el mundo político de la isla porque las empresas favorecidas financiaban el lob-by en favor de mantener el ELA y contrariaban así la causa del PNP –rojos–, fundado por Luis A. Ferré en 1967 y principal promotor de la transformación de Puerto Rico en un Estado de la Unión Americana. Los incentivos fueron suspendidos en el 2006, con el consiguiente efecto negativo sobre una economía que ya estaba en crisis.

La definición del estatus político puertorriqueño ha sido un tema recurrente desde el principio. A la rivalidad de azules y rojos se suma la pretensión del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), nacido en 1946, de convertir la isla en una nación soberana, empeño que no tiene mucho apoyo electoral.

Desde la creación del ELA se han realizado cinco plebiscitos en los que se pidió a los electores escoger entre el statu quo, la independencia y la estadidad, con resultados que favorecieron al primero, no fueron concluyentes, resultaron impugnados o solo convocaron a pocos votantes.

El último, el 11 de junio pasado, ofreció dos opciones (el ELA y la estadidad), y la mayoría votó por esta última pero la participación fue solo del 22 por ciento. El fracaso de las consultas puede atribuirse al temor generalizado de los puertorriqueños de perder la ciudadanía estadounidense, así esta tenga limitaciones.

De esto hubo una muestra en medio de la tragedia que rebosó la copa de la larga agonía económica de la isla: la actitud ofensiva de Donald Trump, quien la visitó dos semanas después de los huracanes e hizo el gesto despectivo de arrojar rollos de papel de cocina a los asistentes a una reunión en San Juan, sin que esto le impidiera la osadía de calificar con un 10 la ayuda federal prestada con motivo de la emergencia.

Actualmente, más que nunca, la incertidumbre abruma a los puertorriqueños. Pero los privilegios que otorga el pasaporte de EE. UU. y la garantía de pertenecer al sistema de seguridad social estadounidense, con la pensión asegurada, siguen pudiendo más que la sensación, inocultable para ellos, de poseer una ciudadanía de segunda clase.

LEOPOLDO VILLAR BORDA
Especial para EL TIEMPO

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