Latinoamérica

Puerto Rico pide acogerse a una protección de bancarrota

La isla arrastra una deuda vencida que supera los 70.000 millones de dólares.

Puerto Rico

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, anunció que pedirá acogerse a la ley de quiebras para dar solución a una deuda de 70.000 millones de dólares.

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EFE

03 de mayo 2017 , 01:35 p.m.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, solicitó este miércoles acogerse a una protección por bancarrota a fin de reestructurar su deuda de más de 70.000 millones de dólares, dos días después que venciera una moratoria de pago a los acreedores.

"Ante la realidad del calendario y la eliminación de la moratoria (...) tomé la decisión de solicitar a la Junta (de Control Fiscal) que Puerto Rico se acoja a la protección del Título III para poder trabajar en un plan estructurado de lo que sería el pago de la deuda bajo los parámetros del plan fiscal", dijo Roselló en una conferencia de prensa.

El Título III de la ley PROMESA, que estableció una junta de control fiscal para manejar la crisis financiera de la isla, prevé en su Título III la restructuración de la deuda en caso de que el gobierno y sus acreedores no logren acuerdos.

Puerto Rico

En las calles de Puerto Rico, las personas protestan por los recortes que ha hecho el Gobierno con el fin de pagar la deuda. Este miércoles se declaró en banca rota.

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Rosselló afirmó que de esta forma se asegura la prestación de los servicios esenciales al pueblo ante la imposibilidad de cumplir con los acreedores de la deuda pública de 72.000 millones de dólares.

Esta acción se produce un día después de que varios tenedores de bonos rechazaron una propuesta del gobierno de Puerto Rico de pagar el 50% de su valor original y optaron por acudir a los tribunales federales en San Juan y Nueva York para reclamar la totalidad del dinero.

Puerto Rico

La bancarrota se consideraba inminente luego que el 1 de mayo terminó la moratoria establecida por la legislación PROMESA.

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La bancarrota se consideraba inminente luego que el 1 de mayo terminó la moratoria establecida por la legislación PROMESA, acrónimo de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, aprobada a mediados de 2016 por el Congreso estadounidense.

"El objetivo final de esto es proteger a nuestro pueblo", afirmó el gobernador, argumentando que los acreedores pretenden "reducir el dinero disponible para el pueblo de Puerto Rico".

MIAMI (AFP)

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