Latinoamérica

Envían a tribunales militares a detenidos en protestas en Venezuela

A una persona que se le incautaron piezas de jamón tras los saqueos ahora se le acusa de rebelión.

Protestas en Venezuela

Un manifestante opositor regresa una granada de gas lacrimógeno durante las protestas de ayer contra el régimen de Nicolás Maduro.

Foto:

Carlos Garcia / REUTERS

09 de mayo 2017 , 12:18 p.m.

A pesar de la claridad con que la legislación venezolana establece que solo efectivos militares pueden ser presentados ante la justicia militar y solo si cometen delitos de naturaleza militar, hasta este momento 75 civiles relacionados con las últimas protestas y saqueos en Venezuela han sido presentados ante tribunales militares.

De estos, 50 han sido formalmente encarcelados.

El balance lo dio a EL TIEMPO el director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, quien detalló que está previsto que otras 40 personas comparezcan ante la justicia militar entre ayer y este martes, a pesar de ser civiles. Todos los aprehendidos son residentes del estado Carabobo (150 kilómetros al oeste de Caracas), donde la semana pasada hubo fuertes protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro y también saqueos que dejaron decenas de locales devastados.

“Supuestamente, estas personas están detenidas por participar en saqueos, pero los delitos que se narran en los expedientes no tienen nada que ver. Para citar un caso específico, a una persona que se le incautaron cuatro piezas de jamón serrano se la está imputando por vilipendio e instigación a la rebelión. Ahora dicen que estaba insultando a los guardias. A la mayoría se les imputan delitos así”, señala.

Además de esta irregularidad, Romero señala que los tribunales militares se están instalando directamente en los comandos militares donde están los detenidos, como especie de tribunales accidentales o ad hoc, claramente prohibidos por la legislación internacional.

La competencia de tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar


“En las dictaduras más atroces es en donde se constituyen los tribunales de forma accidental”, reclamó el dirigente opositor Henrique Capriles.

El sometimiento de estos civiles ante tribunales militares disparó las alarmas entre las más importantes organizaciones no gubernamentales del país relacionadas con la defensa de los Derechos Humanos, que advierten en ello no solo una nueva alteración del orden constitucional en el país, sino que “suspende las normas básicas de protección de derechos humanos”, según la respetada organización Cofavic.

“Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución”, reza la Carta Magna venezolana, que incluso señala (artículo 261) que “la comisión de delitos comunes, violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró por medio de un comunicado que “las acusaciones de fiscales militares a civiles son un absoluto despropósito en términos jurídicos y que en Venezuela, el estado de derecho no existe ni siquiera como apariencia”. Para el excanciller uruguayo, “cuando un gobierno considera que su pueblo es la amenaza a su continuidad es porque es un gobierno cuya estrategia es continuar sin el pueblo y partiendo del uso de la fuerza”.

Las intensas refriegas ocurridas la semana pasada en las zonas de Naguanagua, Valencia y Puerto Cabello (en la región de Carabobo) motivaron al Gobierno a trasladar al comandante general de la Guardia Nacional, general Antonio Benavides Torres, para controlar la situación. Públicamente, el general advirtió que los aprehendidos “van a ser privados de libertad de acuerdo a la normativa vigente establecida en nuestro código de Justicia Penal Militar, para que sean trasladados a los diferentes establecimientos de reclusión que corresponden a los tribunales militares”.

El fin de semana, el Jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral Central señaló que ante esos tribunales serían presentadas 251 personas.

Diputados de la oposición dicen tener información de que al menos 700 personas detenidas en las últimas protestas serán procesadas por la justicia militar.
Además del amedrentamiento que supone una medida de este tipo, los análisis apuntan a que el Gobierno busca apoyarse en los tribunales militares, pues cada vez son más los fiscales –que activan el proceso judicial en la jurisdicción civil– que se niegan a imputar delitos y solicitar privación de libertad a manifestantes.

La irregular presentación de civiles ante tribunales militares ocurrió en siete casos al comienzo de las protestas en el estado Lara y todos fueron ya formalmente apresados. En febrero de este año, el profesor universitario y economista Santiago Guvera, también en el estado Carabobo, fue presentado ante tribunal militar imputado por traición a la patria e instigación a la rebelión. Todavía se encuentra tras las rejas.

Desde que comenzó este ciclo de protestas contra el Gobierno el primero de abril, y hasta el 6 de mayo, el Foro Penal Venezolano contabiliza 1.845 detenciones, de las cuales 591 personas siguen detenidas.

Más de 380 heridos en marcha

Solo en Mérida, el alcalde Carlos Roberto García anunció que la marcha citada ayer por la oposición venezolana en rechazo a la convocatoria de una constituyente por parte del Gobierno dejó 330 heridos, algunos de bala. 

En la capital venezolana, la cifra fue de más de 50 heridos, la mayoría intoxicados por gases lacrimógenos y golpeados por estos, al ser disparados a corta distancia.

También en Maracaibo, la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional lanzaron cientos de gases para detener a los manifestantes, incluso en lugares tan remotos como el poblado merideño de Santa Cruz de Mora.

En Caracas, la marcha multitudinaria, que buscaba llegar hasta la sede del Ministerio de Educación, fue retenida antes de pasar al centro de la ciudad y enfrentada en puntos de concentración como Chacaíto y Las Mercedes.

También en el oeste, por la zona de El Paraíso y la avenida Victoria, decenas de manifestantes desarmados trataron de rebasar durante horas los robustos piquetes de las fuerzas de seguridad.

La confrontación llegó finalmente a la autopista principal de la capital venezolana, donde se mantuvo hasta casi el final de la tarde.

La refriega ocurrió mientras se llevaba a cabo en el Palacio de Miraflores la primera reunión entre la Comisión Presidencial Constituyente con opositores, a la que acudieron los partidos políticos minoritarios del país y sin representación en la Asamblea Nacional. La Mesa de la Unidad Democrática, principal coalición de los partidos opositores, no acudió a la convocatoria, pero ello no evitó que los voceros de los partidos asistentes reclamaran directamente al Gobierno, en la reunión, sobre el peligro de una convocatoria unilateral.

“Una Constituyente convocada en el contexto actual, lejos de conducirnos a la paz nos llevará a una violencia fratricida”, dijo Segundo Meléndez, dirigente del partido Movimiento al Socialismo, en la reunión.

VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO

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