Latinoamérica

Parlamento de Venezuela intentará destituir a magistrados del Supremo

Además de mecanismos legales, llamaron a continuar las manifestaciones de calle.

Venezuela

Miles de ciudadanos en Caracas han salido a las calles a protestar por las decisiones del Gobierno.

Foto:

Juan Barreto / AFP

03 de abril 2017 , 12:39 a.m.

Con nutridas protestas en la calle durante el sábado y un aluvión de pronunciamientos de juristas, universidades y organizaciones no gubernamentales, los venezolanos exigieron la renuncia o el comienzo de un proceso para remover de sus cargos a los siete magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quienes, por medio de dos sentencias, anularon la semana pasada la inmunidad parlamentaria y despojaron de sus competencias a la Asamblea Nacional.

Esta misma sala, luego de un “exhorto” empujado por el presidente Nicolás Maduro, suprimió con otras dos sentencias los polémicos apartados, generando aún más rechazo entre los venezolanos.

El Parlamento, por intermedio del primer vicepresidente, Freddy Guevara, anunció ayer que el martes el parlamento activará los mecanismos a su alcance para iniciar la destitución de esos funcionarios, y llamó a protestar en la calle.

“Esos magistrados que dieron un golpe de Estado no pueden quedar impunes”, dijo desde la sede parlamentaria; “con esta modificación (la corrección de las sentencias), la intención del Gobierno es engañar al pueblo venezolano y al mundo para frenar la presión”. Además de la iniciativa parlamentaria, las leyes venezolanas establecen que la Fiscalía General de la República es la que tiene la potestad de abrir una investigación contra los magistrados del TSJ, que podría devenir en su eventual remoción e incluso, cumplimiento de cárcel.

Sobre esa base, el Colegio de Abogados de Caracas, en un comunicado, exige a la fiscal Luisa Ortega Díaz el inicio de ese proceso, “dada la gravedad de la ruptura del hilo constitucional y del orden democrático, como ha señalado en recientes declaraciones”.

Durante el fin de semana, el Gobierno transmitió varias veces el sábado y el domingo una ‘cadena’ en la que Maduro afirmaba que la “controversia” entre el TSJ y la Fiscal, que denunció que las sentencias rompieron el orden constitucional, fue saldada.

Pero cada vez son menos los que aceptan la versión. La diputada Delsa Solórzano declaró que los magistrados de la Sala Constitucional pueden ser acusados por violación del artículo 132 del Código Penal, que establece que “cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado a la nación será castigado con presidio de ocho a dieciséis años”.

Otro potente comunicado lo publicaron este domingo 51 organizaciones no gubernamentales. “Las decisiones 155 y 156 no fueron sentencias judiciales, sino actos políticos, al igual que las decisiones por las cuales se produce su modificación, lo que evidencia que la Sala Constitucional no actúa como garante de la Constitución, sino como operador político de los intereses del Ejecutivo (...)”.

En ello exigen también la renuncia inmediata de los magistrados del TSJ y que comience un proceso judicial para determinar las responsabilidades legales de los magistrados.

El presidente de ese ente, Maikel Moreno, al anunciar las correcciones aseguró que con las polémicas sentencias la Sala Constitucional “nunca” anuló el parlamento venezolano.

Aunque el TSJ reversó la decisión sobre la Asamblea, este lunes se llevará a cabo en la OEA la tercera reunión sobre Venezuela en una semana. Los países que pidieron la reunión de emergencia el viernes siguen considerando que se dio una “alteración del orden constitucional” y buscarán una resolución al respecto.

VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Caracas

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