Latinoamérica

Ortega se aferra al poder mientras Nicaragua sigue sumando muertos

La semana trascurrió entre entierros de manifestantes y señalamientos del Gobierno de ‘golpismo’.

Enfrentamiento en Nicaragua

En la foto, un hombre carga el ataúd de José Medina, quien falleció durante un enfrentamiento contra parapolicías en Masaya.

Foto:

EFE

21 de julio 2018 , 11:00 p.m.

El recuento debe hacerse aunque sea escalofriante: tres meses de protestas, más de 350 muertos, un sinnúmero de desaparecidos, más de 2.000 heridos, varios intentos de diálogo fallidos, un país de seis millones de habitantes divido y 11 años de un gobierno compuesto por una pareja presidencial (Daniel Ortega y Rosario Murillo) que se niega a dejar el poder.

Este es el escenario de la crisis más sangrienta que ha enfrentado Nicaragua desde la década de 1980, y que se inició el 18 de abril con unas manifestaciones contra una reforma de la seguridad social, pero se volcó paulatinamente hacia un grito nacional que clama la dimisión de Ortega.

Esta semana en particular, el país acaparó la atención de la comunidad internacional con varios hechos que lo sacudieron.

El lunes, el Parlamento nicaragüense, controlado por el oficialismo, anunció la aprobación de una polémica reforma legal que castiga con 15 a 20 años de prisión el terrorismo.

La legislación define como “terrorista” a toda persona que “cause la muerte o lesiones a personas que no participan directamente en situaciones de conflicto armado, destruya bienes”

Quieren amedrentar a las personas que han estado protestando y apoyando las manifestaciones antigubernamentales

“Quieren amedrentar a las personas que han estado protestando y apoyando las manifestaciones antigubernamentales”, aseguró respecto a la nueva ley el líder estudiantil Jean Carlos López, también delegado opositor en diálogos con el Gobierno.

El martes, miembros de las ‘fuerzas combinadas’ del Gobierno derribaron en Masaya –ciudad de la resistencia– las barricadas y borraron grafitis con frases en contra del Gobierno. La jornada dejó un saldo de tres personas muertas, entre ellas un policía.

El miércoles, los mismos ‘paras’ celebraron, con vítores y música, la toma de control de Masaya, como parte de la llamada Operación Limpieza, que consistió en derribar los bloqueos que seguían levantados y eliminar cualquier rastro que recordara que el pueblo se declaró “territorio libre del dictador”, en referencia a Ortega.

En el operativo, la comunidad indígena de Monimbó –en Masaya– amaneció atestada de miembros de estas ‘fuerzas combinadas’, quienes aseguraron después de la violenta incursión que “ha vuelto la paz y la tranquilidad” para los pobladores, afirmación que contrasta con la escena del entierro de un joven de 15 años asesinado el martes en la trifulca.

Una tía del fallecido, quien se rehusó a brindar su identidad, dijo que la calma que se respira en Masaya es “falsa”, pero “la gente tiene miedo a salir” debido a la fuerte presencia de los “paras” en las calles.

“Lo que pasó en Masaya está íntimamente vinculado con la celebración del aniversario de la revolución. El Estado lanzó esa operación para recuperar el control y pretender llegar al 19 y declarar que se derrotó un golpe que se estaba instalando”, aseguró Paulo Abrão, secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente autónomo de la OEA.

Y así fue. En uno de los tantos actos de negación, que se han convertido en característica del discurso de Rosario Murillo, la vicepresidenta proclamó en su programa radial matutino la “victoria sobre esas fuerzas tenebrosas”, en referencia a los manifestantes antigubernamentales que, a juicio del Ejecutivo, intentan derrocar al Gobierno.

Fue entonces cuando EE. UU. metió la cuchara y aseguró que el asalto a la ciudad de Masaya por parte de las fuerzas del Gobierno supone la intención de Ortega de quedarse en la presidencia.

“El ataque del sábado en Masaya es otro claro ejemplo de la voluntad de Ortega de aferrarse al poder sin importarle el precio que tenga que pagar el pueblo nicaragüense”, denunció en una rueda de prensa la portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Heather Nauert.

La portavoz incluso dio un paso al frente e instó al Ejecutivo nicaragüense a convocar elecciones para así poner fin de manera “inmediata” a la ola de violencia. Pero la petición de Nauert no fue la única.

El jueves, la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió a Ortega que “apoye un calendario electoral” acordado en el diálogo nacional y mediado por la Iglesia católica.

El partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL) y varios sectores de la sociedad nicaragüense celebraron la resolución de la OEA en la que se pide adelantar a marzo del 2019 las elecciones fijadas para 2021.

‘Fiesta’ de la revolución'

“Que esta votación (en la OEA) sea en memoria de los que ya no nos acompañan y por los presos políticos. Gran triunfo para Nicaragua”, comentó Juan Sebastián Chamorro, uno de los representantes del sector empresarial en la Alianza Cívica.

¡Gracias hermanos países del continente americano que se han solidarizado con el dolor y la lucha del pueblo de Nicaragua!”, publicó el obispo auxiliar de Managua Silvio Báez en sus redes sociales. Amnistía Internacional (AI) también exigió al Gobierno “poner fin a la represión tras tres meses de insensata matanza”.

La situación en Nicaragua es alarmante y cada día empeora aún más. Ahora hay secuestros, toma de tierras, invasión de casas en las madrugadas y la conducta que ha adoptado el Gobierno en los últimos días parece ser un cierre de los espacios de diálogo”, añadió el secretario de la CIDH.

Pero los clamores de la ciudadanía y la comunidad internacional no fueron suficientes para frenar el jueves la celebración, entre entierros y dolor, de los 39 años de la revolución que el 19 de julio de 1979 derrocó al dictador Anastasio Somoza Debayle.

El escenario fue aprovechado vilmente por Ortega para calificar de “golpistas” a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y señalarlos de ser cómplices de las fuerzas internas y externas para intentar derrocarlo.

Lo anterior porque la entidad ha sido mediadora en el conflicto –especialmente al interceder por los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Unan), atrincherados en la iglesia Divina Misericordia, que lograron salir gracias a las constantes peticiones de los obispos– y, además, porque le propuso al presidente adelantar las elecciones generales para el 31 de marzo del 2019, sin que él pueda presentarse a la reelección.

REDACCIÓN INTERNACIONAL
*CON INFORMACIÓN DE AFP Y EFE

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