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Latinoamérica

Fiscal venezolana, a cuatro días de su posible destitución

En el ‘trancazo contra la dictadura’ se bloquearon por horas decenas de vías en varias ciudades.

En el ‘trancazo contra la dictadura’ se bloquearon por horas decenas de vías en varias ciudades.

Foto:Miguel Gutiérrez / EFE

Elegida por el oficialismo, la nueva vicefiscal asumiría el cargo de Luisa Ortega ante su salida.

Diana Rincón
Mientras se cumplía en las principales ciudades de Venezuela el ‘trancazo’ convocado por la oposición –en el día 93 de protestas en la calle contra el régimen de Nicolás Maduro–, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del país inició el antejuicio de mérito contra la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz.

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Tras un acto de casi tres horas al que no acudió la señalada, el presidente del máximo tribunal afirmó que en los próximos cuatro días se anunciará si procede el antejuicio, y de ser así, Ortega será apartada del cargo.
Aunque la Constitución y las leyes venezolanas establecen que solo la Asamblea Nacional puede remover a la fiscal luego de un pronunciamiento del TSJ, en el país opera un choque de poderes públicos en el que la alianza del Ejecutivo (Electoral y Judicial) trabaja a marcha forzada con el TSJ a la cabeza para deshacerse de la fiscal Ortega Díaz, hasta hace poco una de sus aliadas y hoy una peligrosa e incómoda enemiga.
Por eso, horas antes de iniciar el antejuicio de mérito, el TSJ juramentó como nueva vicefiscal a la abogada Katherine Harrington, incondicional del oficialismo, quien asumiría el cargo ante lo que luce como la inminente salida de Ortega. 
“Esa decisión (la destitución) está cantada. No la reconozco (…). No he cometido delitos ni faltas, y no me someteré a este tribunal inconstitucional e ilegítimo (...). Esto es un golpe de Estado, más grotesco que el de Pedro Carmona”, dijo Ortega, haciendo referencia al empresario que anuló los poderes públicos en la breve intentona contra Hugo Chávez en el 2002.
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El TSJ fundamenta el proceso para la destitución de Ortega sobre una demanda introducida por el diputado Pedro Carreño y admitida en tiempo récord. En esta, acusa a la fiscal de haber incurrido en “falta grave” contra el Poder Moral (que la Fiscalía integra junto con la Contraloría y la Defensoría del Pueblo) por haber pedido la destitución de los magistrados que, apunta Carreño, la propia fiscal ayudó a nombrar.
Al iniciar el antejuicio, el diputado aseguró que la fiscal “busca generar la sensación de que en Venezuela se vive un conflicto de poderes”.
Ortega ha dicho que no convalidó el nombramiento de los juristas –hecho que sucedió en diciembre del 2015 durante los últimos días de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista–, y que los argumentos no representan causa suficiente para defenestrarla y que Carreño no tiene la investidura suficiente para iniciar el proceso.
Pero con todo y vicios, el proceso comenzó y a Ortega se la señaló de mentirosa, de “atentar contra el Estado de Derecho” y querer, con su actitud, “provocar una criminal injerencia extranjera”, según advirtió el defensor del pueblo, Tarek William Saab, quien propuso someter a Ortega a un detector de mentiras.
Al no reconocer la autoridad del TSJ, queda por verse cómo quedará la institucionalidad del país si la fiscal Ortega no acepta la decisión que la separa del cargo. ¿Habrá dos fiscales en Venezuela? ¿Cómo reaccionarán los demás poderes, la propia Fiscalía e incluso la Fuerza Armada venezolana?
La respuesta a estas preguntas es especialmente delicada en medio de la fuerte crispación social que atraviesa el país, con tres meses de protestas que han dejado 91 muertos (según el Ministerio Público de Venezuela –Fiscalía–) y más de 4.500 aprehendidos.
La oposición, que apuesta a una escalada pacífica del conflicto al convocar un plebiscito para el 16 de julio próximo, espera una implosión dentro del oficialismo que permita una salida electoral antes de que se instale la Constituyente propuesta por Maduro y cuyos integrantes se elegirían el 30 de julio. Hasta ahora, de las partes no se percibe un mínimo de retroceso en sus posiciones o acercamiento a una negociación.
De hecho, Maduro calificó de “inconstitucional” el llamado al plebiscito hecho por la oposición, al mismo tiempo que en varios puntos del país plegados al “trancazo contra la dictadura” fueron reprimidos con bombas lacrimógenas y perdigonazos.
“Nadie puede pretender convocar consultas públicas que tengan carácter vinculante violando la Constitución por su cuenta, a lo loco”, afirmó el mandatario.
En la jornada de ayer, dos manifestantes –uno en la capital y otro en el estado Táchira (Engelbert Duque, de 25 años)– fueron asesinados, una reconocida clínica de la capital fue atacada a balazos y morteros por ‘colectivos’ simpatizantes del chavismo y en el estado Lara fue detenido el diputado Daniel Antequera, pero al cierre de esta edición ya había regresado a la libertad.

Militares encarcelan a 27 estudiantes

De especial impacto fue este martes otra actuación de la justicia militar contra civiles, cuando el Tribunal Militar 5.° de control ordenó juicio y cárcel contra 27 estudiantes detenidos dentro de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, a quienes envió a la peligrosa cárcel de El Dorado, cientos de kilómetros fuera de jurisdicción, por supuesta sustracción de material de la Fuerza Armada Nacional.
Con este apresamiento ya son 433 los presos políticos en Venezuela, según el conteo de la ONG Foro Penal Venezolano.
Valentina Lares Martiz
Corresponsal de EL TIEMPO
Oposición espera activar una 'fase superior de lucha' con plebiscitoSupremo de Venezuela anula citación de la Fiscalía a exjefe de la GNBOposición venezolana convoca a plebiscito no oficial contra Maduro
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Diana Rincón
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