Latinoamérica

El Ecuador que deja Rafael Correa

Sectores critican su autoritarismo y prepotencia, a la par que es amado por su dureza para ordenar.

Rafael Correa y Lenín Moreno

Rafael Correa se retira con el 62 por ciento de aprobación a su gestión. Su sucesor, Lenín Moreno, enfrentará una situación compleja, sobre todo económica.

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Rodrigo Buendía / AFP

28 de mayo 2017 , 12:00 a.m.

Rafael Correa Delgado dejó el poder el pasado 24 de mayo luego de haber gobernado por 10 años continuos, haber sido electo en las urnas en tres ocasiones, liderado triunfales procesos de cambio constitucional y obtenido, durante momentos de su mandato, los más altos porcentajes de aceptación y credibilidad registrados en la historia política ecuatoriana.

Correa se retira con el 62 por ciento de aprobación a su gestión y deja escrito, para la historia ecuatoriana, un polémico capítulo que polariza a la población entre oposición y correístas, entre aceptación y rechazo, entre amor y odio.

Distintos sectores critican su autoritarismo, prepotencia y sectarismo para gobernar, a la par que es amado por otros gracias a esa misma dureza para ordenar el país, desembarcar del poder a gremios profesionales, a sectores económicos oligárquicos y a organismos internacionales. Se forjó un reconocido liderazgo nacional e internacional.

El exmandatario aplicó un modelo político y económico que generó respaldos y críticas expresados en afirmaciones sobre la transformación radical, hasta la presencia de una demagogia desbordada. Sin embargo, hay coincidencia para señalar que su sucesor, Lenín Moreno, enfrentará una situación compleja, sobre todo económica.

Con Correa, Ecuador vivió la etapa de mayores ingresos petroleros de los años recientes, pero el desplome de su precio tuvo grave impacto. Se fortaleció el dólar y se perjudicó la competitividad nacional; se redujeron las exportaciones y hubo problemas de liquidez; ocurrió la mayor tragedia natural en 170 años: el terremoto de 7,8 º escala Richter que afectó las provincias de Manabí y Esmeraldas y causó la muerte de 673 ecuatorianos.

El Gobierno no aplicó recetas de ajuste y austeridad; en cambio, planteó que el mejor ahorro era la inversión, que al estar dolarizados no necesitaba respaldo a la moneda e impulsó el cobro de impuestos proporcionales a los ingresos, salvaguardias a las importaciones y un alza temporal del IVA.

El dirigente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Miguel Ángel González, señala que “en estos 10 años se ha generado desconfianza del sector privado. Las restricciones no permitieron fluir la economía”. Y el empresario Francisco Alarcón, de la Cámara de Comercio de Quito, manifestó que “las empresas ya no aguantan más, pues trabajan para abastecer al Estado”.

La deuda externa divide más criterios, pues, según opositores, superó el límite legal del 40 por ciento en relación con el PIB y acudió primordialmente a China. Según los detractores, la deuda está en 40,2 por ciento, pero el Gobierno cambió la forma de medirla excluyendo la deuda pública interna, las preventas petroleras y los certificados de depósitos. Cifras oficiales declaran el 27,3 por ciento de endeudamiento.

Para el exministro de Finanzas Fausto Ortiz, el Gobierno recibió un país con superávit en el sector público no financiero de al menos tres por ciento, pero termina con un déficit de 7 por ciento, lo que provocó la necesidad de endeudamiento, y, reacio a los ajustes económicos, se quedó sin financiamiento externo conveniente, por lo que acudió a deuda interna. En contraste, el Gobierno mostró metas alcanzadas: la pobreza extrema que afectaba en 2006 a 16,9 por ciento de la población se redujo a 8,7 en 2017.

De otro lado, con mayoría legislativa, dos reelecciones presidenciales y 14 procesos electorales en que siempre triunfó la tesis oficial, Ecuador vivió una etapa inédita de estabilidad en un país que llegó a tener cinco presidentes en los diez años anteriores.

Correa ejecutó el fin de la partidocracia (o de los partidos) e institucionalizó la nación, lo que la oposición vio como una tendencia a un partido único –el oficialista– y la concentración de poderes que intervienen otras funciones del Estado.

Para el expresidente de la Asamblea Constituyente Alberto Acosta, que fue cercano al ahora exmandatario: “Correa es un caudillo que no fortaleció la democracia, restringió las libertades y estableció un marco jurídico represivo”.

El historiador Juan Paz y Miño difiere: “Reinstitucionalizó al Estado sobre la base ciudadana, se afirmaron sus capacidades regulatorias, se dio prioridad a las condiciones de vida y de trabajo sobre los intereses del capital”.

Mientras tanto, el premio nobel de literatura Mario Vargas Llosa tildó a Correa de ser un gran demagogo, a la par que el expresidente de Uruguay José Mujica agradeció al pueblo ecuatoriano “por haber dado un hijo como Correa”.

Populismo o derechos

El Gobierno planteó una red de protección para los sectores vulnerables, que incluyó los bonos de desarrollo humano, pero los detractores vieron populismo y paternalismo.

La salud y la educación se transformaron con infraestructura, parámetros de calidad, estabilidad del personal y regulaciones rechazadas por los maestros agremiados en la Unión Nacional de Educadores y del personal médico en todos sus estamentos.

En el alza salarial que logró que el ingreso familiar supere el costo de la canasta básica por primera vez en la historia, en la regulación de las jornadas de trabajo y en el estricto cumplimiento de la seguridad social, el sector empresarial vio una reducción de competitividad por el elevado coste de la mano de obra.

Una piedra en el zapato

Un aspecto muy polémico fue el de la libertad de expresión. La publicidad oficial manejó el lema de ‘ser un Estado de derecho y no de información’.

El enfrentamiento empezó desde el primer momento, cuando Correa tildó a la prensa de poder fáctico y actor político. Y vino la promulgación de la Ley de Comunicación. Desde 2013, año de su vigencia, se han abierto más de 900 procesos contra medios de comunicación.

En su último informe semanal de actividades, Correa rompió de nuevo el ejemplar de un periódico luego de decir: “Los medios de comunicación que, en su mayoría son negocios privados, creen que pueden decir lo que les da la gana, decidir lo que publican y lo que no publican. Eso se llama manipulación y censura, y qué bueno que la Ley de Comunicación defienda el derecho ciudadano a estar bien informado”.

Según el Gobierno, no hubo presos políticos ni medios clausurados, pero las organizaciones indígenas y ambientales denunciaron persecución y leyes que limitaron derechos.

“En el siglo XXI, por ancestrales que sean, mientras yo sea presidente, todos vamos a estar sometidos a un Estado de derecho”, sentenció Correa respecto a los indígenas.

Por su parte, los ecologistas se distanciaron cuando el Gobierno decidió explotar los campos petroleros del Parque Nacional Yasuní y los llamó “ecologistas infantiles” por “aspirar a sentarse sobre una olla de oro mientras el pueblo tiene necesidades crecientes”.

Tarea inconclusa

El programa regional que apoyó Correa se concretó a medias. Quiso una Organización de Estados Americanos (OEA) para Suramérica y ayudó a fundar la Unasur, que consolidaría la cuarta economía más grande del planeta con 400 millones de personas y 17 millones de kilómetros cuadrados.

Quería unificar la moneda y establecer el Banco del Sur cuando en la mayoría de países de la región había gobiernos de izquierda. Y el Alba se aplicaría para Latinoamérica, pero esa organización tuvo menor fuerza que Unasur.

Ecuador asiló a Julian Assange por cinco años; se enfrentó a la petrolera Chevron, reforzó su relación con Irán y lamentó la muerte de Muamar el Gadafi. Eso hizo que su política exterior fuera criticada por errática e ideológica, pero para Correa fueron decisiones dignas y soberanas.

ANA LUCÍA ROMÁN
Para EL TIEMPO
Quito

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