Europa

Crisis de credibilidad de los expertos le hace daño a la democracia

Las sospechas que despiertan alimentan la desconfianza hacia gobiernos elegidos popularmente.

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Los futuros ciudadanos deberán distinguir entre realidad y ficción.

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123RF

14 de agosto 2016 , 10:48 p.m.

El mes pasado escribí un comentario preguntando por qué los votantes en el Reino Unido estaban a favor de abandonar la Unión Europea (UE), desafiando el peso abrumador de la opinión de los expertos, que advertían sobre los enormes costos económicos del denominado ‘brexit’.

Observé que muchos votantes en ese país y en otras partes del mundo están furiosos con los expertos económicos. Dicen que no supieron prever la crisis financiera del 2008, que antepusieron la eficiencia en sus consejos sobre las políticas y que asumieron ciegamente que quienes perdieran por culpa de sus prescripciones podían ser compensados de alguna manera no especificada. Expuse que los expertos deberían ser más humildes y prestar más atención a las cuestiones distributivas.

El artículo –difundido por Project Syndicate– provocó muchos más comentarios de lectores que de mis colegas. Sus reacciones esencialmente confirman el enojo que yo había percibido. Consideran que los economistas y otros expertos están aislados de las preocupaciones de la gente común –preocupaciones que les resultan indiferentes–; que están movilizados por una agenda que no coincide con la de los ciudadanos; que muchas veces están francamente equivocados y, por ende, resultan incompetentes; que manifiestan un sesgo a favor de las grandes empresas y la industria financiera, o responden a ellas; y que son ingenuos al no ver que los políticos eligen análisis que se adecuan a sus objetivos y no consideran el resto.

Los expertos, dijeron algunos, también son culpables de la fractura de la sociedad al segmentar el debate en infinidad de discusiones estrechas y especializadas.

Notablemente, recibí comentarios de profesionales en el campo de las ciencias naturales, quienes dicen que la creciente desconfianza que sienten los ciudadanos hacia los expertos también es generalizada en sus disciplinas. Las opiniones científicas en campos como la energía, el clima, la genética y la medicina enfrentan un rechazo popular generalizado. En Estados Unidos, por ejemplo, una encuesta del Pew Research Center determinó que el 67 por ciento de los adultos piensa que los científicos no entienden con claridad los efectos en la salud de los organismos modificados genéticamente (OMG). Y la desconfianza frente a los OMG es mucho mayor en Europa. Mientras que el respaldo general a la ciencia sigue siendo fuerte, muchos ciudadanos creen que es manipulada por intereses especiales y que, en algunas cuestiones, la visión común se desvía de la evidencia establecida.

Esta división entre expertos y ciudadanos es un motivo serio de preocupación. La democracia representativa está basada no solo en el sufragio universal, sino también en la razón. En términos ideales, las deliberaciones y los votos resultan en decisiones racionales que utilizan el estado actual del conocimiento para ofrecer políticas que mejoran el bienestar de los ciudadanos.

Esto exige un proceso en el cual los expertos –cuya competencia y honestidad sean dignos de confianza– informan a quienes toman las decisiones sobre las opciones disponibles para satisfacer las preferencias manifiestas de los votantes. Es poco probable que los ciudadanos se sientan satisfechos si creen que los expertos están imponiendo su propia agenda o se están dejando llevar por intereses especiales. La desconfianza hacia los expertos alimenta la desconfianza hacia los gobiernos elegidos democráticamente, sino hacia la democracia misma.

¿Por qué existe una división de estas características entre los expertos y la sociedad? Cada país ha tenido su propia serie de escándalos de alto perfil vinculados a la salud o la seguridad. Los expertos han sido acusados de irresponsabilidad y conflictos de intereses. Reputaciones ganadas con mucho esfuerzo se perdieron en un segundo.

Pero los críticos muchas veces no reconocen que la ciencia implica un escrutinio mayor –y más estricto– que, digamos, las empresas o el Gobierno. En verdad, es el adalid de las buenas prácticas en relación con la validación de análisis y la discusión de propuestas de políticas. Con frecuencia se producen errores en la academia, pero se corrigen de manera más rápida y sistemática que en otros campos. La naturaleza colectiva de la validación científica siempre ofrece garantías contra la influencia de intereses especiales.

El problema, en efecto, puede ser más profundo de lo que sugieren las quejas comunes contra los expertos. Hace unas décadas se suponía que el progreso de la educación gradualmente achicaría la brecha entre el conocimiento científico y la creencia popular, contribuyendo así a una democracia más serena y más racional.

La evidencia señala que esto no sucedió. Como demostró convincentemente el sociólogo francés Gerald Bronner, la educación no aumenta la confianza en la ciencia ni reduce la atracción de las creencias o las teorías que los científicos consideran una absoluta tontería. Por el contrario, a los ciudadanos más educados les suele molestar que los expertos les digan qué es lo que la ciencia considera como una verdad. Habiendo tenido acceso al conocimiento, se sienten con la suficiente autoridad como para criticar a los expertos y desarrollar opiniones propias.

El cambio climático –que la comunidad científica considera una amenaza importante de manera casi unánime– es un buen ejemplo. Según una encuesta aplicada por el Pew Research Center el año pasado, los tres países donde la preocupación es menor son Estados Unidos, Australia y Canadá, mientras que los tres países donde es más fuerte son Brasil, Perú y Burkina-Faso. Sin embargo, el promedio de años de escolaridad es de 12,5 para el primer grupo y de 6 para el segundo. Evidentemente, la educación en sí misma no es la razón para esta diferencia de percepción.

Si el problema ha venido para quedarse, es mejor que hagamos algo más para resolverlo. Primero, necesitamos más disciplina de parte de la comunidad de expertos. La disciplina intelectual que caracteriza a la investigación suele carecer de discusiones sobre políticas. Se necesitan humildad, procedimientos rigurosos, la prevención de conflictos de intereses, una capacidad para reconocer los errores y, sí, el castigo del comportamiento fraudulento para recuperar la confianza de los ciudadanos.

Segundo, es necesario revisar los programas de estudio a fin de equipar a los futuros ciudadanos con las herramientas intelectuales que precisarán para distinguir entre realidad y ficción.

Finalmente, necesitamos mejores escenarios para el diálogo y el debate informado. Las revistas, las publicaciones de interés general y los periódicos serios tradicionalmente ocuparon el espacio entre el éter de las publicaciones revisadas por pares y el mar profundo de los engaños; sin embargo, ahora todos luchan por sobrevivir a la revolución digital. Se necesita que otros escenarios, quizás instituciones nuevas, ocupen ese espacio. Lo que resulta claro es que la democracia no puede prosperar si se la deja vacía.

En defensa de los especialistas

En un breve texto publicado el domingo pasado por el suplemento Ideas, del diario argentino ‘La Nación’, la directora ejecutiva del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Julia Pomares, propuso tres argumentos en defensa de los vilipendiados expertos.

El primero es que “parte del desencanto público (con ellos) nace de una expectativa demasiado alta acerca del rol que puede jugar el conocimiento técnico en la política”. Esta expectativa, sugirió, se deriva del énfasis en la doctrina ‘what works’ (lo que funciona) patentada por Al Gore durante la administración Clinton y del movimiento británico ‘evidence-based policy’ (política basada en la evidencia).

El segundo es que “la crítica a los expertos parte de otro supuesto erróneo: el rol del conocimiento es instrumental e inmediato”. Según Pomares, doctora en ciencia política de la London School of Economics, la influencia del conocimiento en la vida pública es mucho más azarosa de lo que nos gustaría. En su opinión, muchas ideas impactan más por el momento en que se exponen que por sus méritos analíticos, y como ejemplo de esto cita el éxito de Thomas Piketty con su libro sobre la desigualdad.

Y el tercer argumento en defensa de los expertos es que “la idea de predicción es a veces mal entendida (...) en un contexto de grandes y complejos problemas, como el cambio climático, la automatización o el extremismo religioso”, que requieren “análisis cada vez más sofisticados”.

Pomares, exasesora de políticas de la Oficina del Vice Primer Ministro del Reino Unido, opina que “esta crisis reputacional del conocimiento experto en el campo social y político es una oportunidad para revisar los procesos de producción y difusión de conocimiento”, de manera que sean más transparentes, generen incentivos para mostrar errores de la investigación y hagan públicas las rectificaciones.

Y remata su exposición refutando la crítica de que el conocimiento experto no se involucra en la política. Para ella, un buen ejemplo de que eso no es verdad es la carta en defensa de los transgénicos que hace unos días publicaron 110 ganadores del Premio Nobel, en la que le piden a Greenpeace que frene el boicot por considerarlo un crimen de lesa humanidad.

“El mito de los académicos recluidos en ‘Paperlandia’ es historia”, concluye Pomares, que trabajó para el Woodrow Wilson International Center for Scholars y la Organización de Estados Americanos (OEA).

JEAN PISANI- FERRY
Profesor en la Hertie School of Governance de Berlín y comisionado general de France Stratégie, una institución de asesoramiento en materia de políticas con sede en París.
© Project Syndicate
París.

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