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Actualizado 12:18 a.m. - viernes 25 de abril de 2014

Mundo 12:01 a.m.

Razones de la caída de Garzón, juez que hizo detener a Pinochet

Razones de la caída de Garzón, juez que hizo detener a Pinochet

El juez español Baltasar Garzón.

Foto: Reuters

Baltasar también puso en aprietos a Felipe González por la guerra sucia contra la terrorista Eta.

"Asistimos a una cacería: enhorabuena a los cazadores, tienen ya por fin la pieza que buscaban". Así comentaba en su blog Iñaki Gabilondo, uno de los periodistas españoles de mayor prestigio, la condena a Baltasar Garzón, que lo aparta sin remedio de la carrera judicial por el delito más grave que le pueda ser imputado a un juez: "prevaricación", el crimen de actuar injustamente a sabiendas.

Tres escopetas disparaban desde hace meses contra el juez más conocido en España y tal vez en el mundo: escuchas injustificables, intromisión en pro de la memoria histórica de las víctimas del franquismo y "cohecho" por el presunto cobro indebido de cursos en Nueva York. La última fue descargada ayer por "archivo de la causa". Insólitamente, en los tres juicios, prácticamente simultáneos, los fiscales solicitaron sin éxito el sobreseimiento o la absolución de Baltasar Garzón.

La sentencia del Tribunal Supremo, que inhabilitó el pasado jueves a Garzón durante 11 años, y que abatió definitivamente al juez más molesto de la democracia española, se centra en las escuchas a que sometió a los implicados en la mayor trama de corrupción de la historia reciente del país, en las que, según la dura resolución de los jueces, el juez "violó los derechos constitucionales (...) restringiendo el derecho de defensa y actuando al nivel de los regímenes totalitarios".

En realidad la "pieza de caza" que ha supuesto Garzón era codiciada desde hace mucho tiempo por cazadores de la derecha y de un sector de la izquierda. Tanto por los que no le perdonaron su implacable persecución al gobierno socialista de Felipe González por la guerra sucia contra los terroristas de Eta (con la entrada en la cárcel de toda su cúpula de Interior), como por el llamado "franquismo sociológico", aún con mucha fuerza en España, particularmente en los estrados judiciales, implacable para frenar su indagación sobre los crímenes de la dictadura.

El caso Gürtel ("Correa" en alemán, por el nombre de su cabecilla) era investigado desde hace más de dos años. Operaba mediante contratos fraudulentos con la complicidad de las administraciones regionales del Partido Popular, hoy en el Gobierno de España. En su investigación, Garzón, que ya había metido en la cárcel a sus dirigentes Francisco Correa y Pablo Crespo, descubrió que el cartel contaba con un conglomerado de sociedades en paraísos fiscales creadas por testaferros que, junto a los abogados, acudían a la prisión a recibir instrucciones sobre cómo poner a salvo y blanquear los fondos del gang.

Aconsejado por la Policía y por dos fiscales anticorrupción, Garzón ordenó la intervención de las comunicaciones de los capos de la trama en todas sus visitas, cuidando de que fueran expurgadas las que afectaran estrictamente el derecho a su defensa. De hecho, el juez pidió que se oyera en el tribunal la copia íntegra de las grabaciones, para demostrar que no afectaban los derechos de los imputados. Infructuosamente: en tres sesiones de juicio en la Sala Segunda del Tribunal Supremo fue expulsado de la carrera judicial. Pero ni los policías ni los fiscales ni el juez que siguió a Garzón en su trabajo, y que continuó con las intervenciones por mucho más tiempo, han sido siquiera encausados. De hecho, comentan connotados juristas consultados, muchos jueces han ordenado escuchas que luego fueron declaradas ilegales, sin que hayan sido condenados por prevaricación: se declara nula la prueba y en paz.

Para el prestigioso magistrado Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal anticorrupción, la condena a Garzón "es la culminación de una venganza institucional, en una venganza que es una vergüenza para el sistema democrático y judicial y que da un balón de oxígeno para la corrupción imperante en España".

Como recordaba estos días la analista Ángeles Vázquez, Garzón fue durante la mayor parte de su actuación judicial el "número 1".
Número 1 en desarticulación de carteles de la droga. Número 1 en disolver las tramas del terrorismo vasco. Número 1 en perseguir la "guerra sucia". Número 1 en poner en marcha la idea de Justicia Internacional abierta por los tribunales de Nüremberg al final de la
Segunda Guerra mundial, para perseguir dictadores contemporáneos, como Pinochet. Hoy es también el primer juez en afrontar tres procesos simultáneos en su contra y también el primero condenado en España por escuchas "irregulares".

Para el catedrático de Derecho Penal Antón Hormazábal, de las causas que se le siguen a Garzón, se ha adelantado inesperadamente la de las escuchas "porque era la que más posibilidades tenía de construir una sentencia condenatoria más técnica, aunque no haya rastro jurídico de prevaricación. El Supremo necesitaba una sentencia condenatoria antes de la causa de la memoria histórica".

Es muy curioso que Baltasar Garzón haya sido expulsado como juez en una causa cuya sentencia estaba prevista para después del desenlace de otro proceso en su contra: el que se le sigue por acoger las denuncias de las víctimas de la dictadura franquista. Su defenestración como "juez estrella" se ha iniciado con un asunto que despierta pocas simpatías en la opinión internacional, por más que afecte a delincuentes de cuello blanco que han estado saqueando las arcas públicas para su beneficio y el de sus correligionarios del Partido Popular.

La directora de Prisiones durante la actuación del juez Garzón, Mercedes Gallizo (en Colombia dirigiría el Inpec), describe con elocuencia la situación que afrontaba el hoy condenado: "Cuando un imputado recibe en prisión la visita diaria de una corte de abogados de minutas millonarias, la mayor parte de los cuales no están personados en ninguna de sus causas, sin limitación de tiempo, sin control de sus actividades reales, hay quien quiere pensar que está asesorándose para su mejor defensa. Algunos no lo creen y deciden investigar. No hay mucha gente que se atreva a hacerlo. Casi nadie. A partir de hoy mucho menos".

El proceso más relevante de los tres abiertos contra Garzón, y el que tiene en Madrid por estos días a representantes de organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, es el que se le sigue por haber acogido las denuncias de víctimas de la dictadura franquista, desaparecidas tras el golpe de Estado de Franco en 1936 y su dictadura de décadas. En línea con la Justicia Internacional, aplicada ya algunas veces a instancias de la justicia española para los anteriores regímenes en Argentina, Chile o Guatemala, Garzón inició un proceso para dilucidar el destino de más de un centenar de miles de desaparecidos, cuyos familiares piden saber, al menos, donde están enterrados.

El pasado 24 de enero, el Supremo sentó en el banquillo a Baltasar Garzón acusándolo de actuar ilegalmente por ignorar la amnistía de 1977 que, a la luz del derecho internacional, se puede considerar una especie de ilegal "punto final". El juez ha sostenido que se limitó a recoger las denuncias de las víctimas y a aplicar el derecho en un "delito continuado". Durante varias jornadas, hasta que el proceso quedó listo para sentencia el pasado jueves, la defensa de Baltasar Garzón hizo desfilar por el estrado a familiares de desaparecidos y asociaciones para la "memoria histórica". Una de sus representantes, la navarra Olga Alceaga, declaraba ante el Tribunal Supremo: "No tengo ningún afán de venganza, únicamente quiero saber la verdad". Solo en su pequeña provincia norteña hay 3.452 desaparecidos. Con toda probabilidad, Garzón oirá en los próximos días su segunda condena por este proceso, incoado a instancias de organizaciones ultraderechistas. O directamente neofascistas, como es el caso de 'Falange española'.

Después de 31 años de carrera, Baltasar Garzón ha sido condenado al ostracismo, quitándole su calidad de juez prácticamente para siempre.

A pesar de todos los intentos, ha sido imposible conocer directamente sus impresiones, más allá de la reflexión personal que ha escrito sobre su condena y que se inicia con una cita de Kant: "El tribunal del hombre es su conciencia". Sobre el proceso, el juez clama: "Mis derechos han sido violentados, mis peticiones de defensa desatendidas, el juicio oral es una farsa (...) para una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses".

* Periodista y analista internacional. Colaborador del diario español 'Público' y de 'Hora 20'.

¿Es igual a las 'chuzadas'?

Tras conocer la condena a Garzón, han sido muchas las opiniones que han asociado su caso a Colombia. En primer lugar, por su asistencia a este país como consultor por medio de la OEA.
Garzón trabajó en meses pasados sobre las leyes de desmovilización y reinserción de integrantes de grupos armados, emitiendo informes para el Gobierno como experto y conocedor de los instrumentos de la Justicia Internacional. Que sus honorarios fueran sufragados por la OEA, en el marco de uno de sus programas, no tiene nada de particular. Es una práctica ordinaria en Colombia. Con respecto al motivo de la condena administrativa a Garzón (que no anula su condición de jurista), nada tienen que ver con las 'chuzadas' de Colombia. En el caso de Garzón, se trató de interceptaciones a instancia de fiscales, cuyo contenido fue incorporado a un proceso regular y conocido por los afectados, todos ellos presuntos delincuentes económicos. En el caso de las 'chuzadas' de Colombia, lo que se produjo fue el seguimiento e interceptación de periodistas, jueces y opositores del gobierno anterior, inocentes en principio de culpa alguna, para controlarlos o neutralizarlos, por parte de organismos y agentes que actuaron al margen de cualquier control, el DAS en primer lugar.

Antonio Albiñana*
Especial para EL TIEMPO
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