EEUU y Canadá

Puntos en acuerdo de paz serían inconsistentes con CPI, dice EE. UU.

Departamento de Estado discrepa de artículo en la JEP sobre cadena de mando en crímenes de las Farc.

Rex Tillerson

El secretario de Estado, Rex Tillerson, certificó que Colombia puede recibir el 20 % de los recursos aprobados para este año

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Aaron Bernstein / Reuters

11 de octubre 2017 , 09:43 a.m.

La definición de responsabilidad de mando que se incluyó en los acuerdos de paz con las Farc y que hace parte del proyecto de ley que busca reglamentar la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) sería incongruente tanto con los estándares de Estados Unidos como con aquellos de la justicia internacional.

Eso, al menos, es lo afirma un documento del Departamento de Estado titulado ‘Certificación relacionada con el financiamiento militar extranjero para Colombia’ y que es elaborado anualmente por el gobierno para determinar si Colombia cumplió con las exigencias en derechos humanos del Legislativo y del cual depende la entrega de los recursos aprobados para este año.

El secretario de Estado, Rex Tillerson, certifica que el país ha cumplido con las condiciones y por lo tanto puede recibir el 20 por ciento de los recursos militares que estaban sujetos a esa evaluación. Sin embargo, en su explicación queda la discrepancia con la cadena de mando a la hora de atribuir responsabilidades por los crímenes que cometidos durante el conflicto.

Human Rights Watch, en particular, ha enviado cartas de alerta sobre la incongruencia y ha señalado que de no corregirse el tema, el país se expone a una intervención de CPI

Según el Departamento de Estado, el artículo transitorio número 24 le da poder a la JEP para que eleve responsabilidad a comandantes por los crímenes cometidos por sus subalternos cuando existe evidencia de que el comandante tenía el control sobre la conducta de sus subalternos, tenía conocimiento de lo que sucedía, tenía los medios para impedir o detener la conducta o podía iniciar una investigación si la conducta ya había sucedido.

Pero luego el documento señala: “El artículo 24 puede no otorgar responsabilidad de comando bajo ciertas circunstancias, como cuando un comandante “debió haber sabido” o “tenía razones para saber” de la conducta criminal o “tenía control efectivo sobre estas personas mas no sobre su conducta criminal”.

El Departamento de Estado anota que esta última interpretación “estaría incluida en otros contextos, como en la definición (sobre cadena de mando) que aparece en el Manual de Guerra del Departamento de Defensa de EE. UU. y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), el cual fue suscrito por Colombia, además de que “el Gobierno ha dicho en público que la JEP se someterá a los estándares internacionales”.

Este asunto ya ha enfrentado al Gobierno con miembros de las fuerzas de seguridad y con ONG. Human Rights Watch, en particular, ha enviado cartas de alerta sobre la incongruencia y ha señalado que de no corregirse el tema, el país se expone a una intervención de CPI.

“Resulta de la mayor importancia que la Corte Constitucional, que en el pasado ha protegido los derechos humanos de las víctimas, garantice que no tendrá éxito este intento de tergiversar el derecho internacional”, le dijo a este diario José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

En el documento, el Departamento de Estado también pide al Gobierno que retire del servicio activo a los miembros de la Fuerza Pública que se crea hayan participado en casos de ‘falsos positivos’.

Tillerson debía certificar que Colombia había cumplido en cuanto a que la JEP y el tribunal que se creará para impartir justicia son estructuras independientes y tienen la capacidad de investigar e imponer sanciones significativas a los responsables; que los militares responsables de casos de ‘falsos positivos’ están siendo investigados, suspendidos y castigados, y que el Gobierno ha seguido desmantelando a los grupos armados ilegales y protegiendo los derechos humanos.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
En Twitter: @sergom68

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