EEUU y Canadá

Con denuncias, cierra maratón de ejecuciones en Arkansas

Cuatro reos fueron ejecutados en una semana. Polémica por el trasfondo económico de las ejecuciones.

Arkansas

Jack Harold Jones (Izq.) y Marcel W. Williams (Der.), reos que el estado sureño de Arkansas ejecutó el lunes 24 de abril.

Foto:

Arkansas Department of Corrections / AFP

02 de mayo 2017 , 02:26 p.m.

Arkansas se enfrentó a una carrera contra el tiempo. El domingo se le venció un componente de la inyección letal y, para aprovechar las últimas horas útiles de la misma, el gobernador del estado, el republicano Asa Hutchinson, anunció en un principio la ejecución de ocho presos en un lapso de 11 días. De hecho, dos de las cuatro ejecuciones –las otras cuatro fueron suspendidas gracias a recursos judiciales- se produjeron en una sola noche y con 3 horas y 13 minutos de diferencia.

Además, fueron realizadas en la misma camilla de la cárcel Cummins Unit, lo que generó rechazo de varias organizaciones, entre ellas la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Si bien es cierto que los crímenes por los que fueron condenados Ledell Lee, Jack Jones, Marcel William y Kenneth Williams incluyen hechos de asesinato, secuestro y violación, para los expertos consultados las condiciones en las que se les aplicó la pena de muerte son inhumanas y no brindan una sanción efectiva

"El espectáculo de Arkansas (…) demuestra enfáticamente lo obvio: la vida humana no se valora en este proceso, pero la conveniencia sí”, dijo en diálogo con EL TIEMPO, Ron Stansfield, profesor de criminalística de la Universidad de Guelph-Humber en Toronto. En efecto, que el argumento para ejecutar un preso en un momento determinado sea el afán por no dejar vencer un componente de la sustancia que ayuda a liquidarlo demuestra que más allá del ámbito de la justicia se le está dando prioridad al tema económico.

“Acelerar las ejecuciones basados en lo que esencialmente es una decisión de negocios es una razón particularmente escalofriante”, afirmó para este medio Amy Tenney, decana asistente del Colegio de Derecho de la Universidad de Washington.

En ese sentido, un estudio presentado en noviembre del año pasado por la Universidad de Seattle y la escuela de derecho Lewis & Clarck analizó lo que cuesta la pena de muerte en el estado de Oregon y concluyó que, sin contar los costos penitenciarios estatales, los casos que resultan en la pena capital pueden ser “de tres a cuatro veces más caros”, lo que en plata blanca significa que el aporte de los contribuyentes a este tipo de sentencias sería de 2,3 millones de dólares.

“Esta situación (la de Arkansas) señala que los intereses del Estado tienen prioridad sobre los intereses de la ley, ya que se olvida que cada caso legal es individual y debe ser procesado como tal”, afirmó también Timothy Brook, profesor de la Universidad Británica de Columbia.

El asunto se complica cuando se mira el poco tiempo que tendrían los jueces para resolver casos de esta envergadura. “Permitir que las ejecuciones se lleven a cabo de esta forma podría conducir a que futuras decisiones se tomen sin que los tribunales hayan tenido el tiempo apropiado para estudiar todas las cuestiones del caso”, recalcó Tenney.

A esto habría que añadirle los defectos del sistema penal, que “es injusto, arbitrario, costoso y, en muchas situaciones, condujo a casos de exoneración (…) después de que se impuso el castigo final”, añadió.

Efectividad

Otro tema polémico, en cuanto a la inyección letal, es su efectividad. La inyección cuenta, principalmente, con tres ingredientes: midazolam (sedante, y el elemento que se venció el domingo); bromuro de vecuronio, un paralizante, y cloruro de potasio, el que finalmente detiene el pálpito del corazón.

En el caso de la ejecución de Marcel William, su abogado relató que una vez le fue inyectado el primer componente, que debía provocar un estado de inconsciencia profunda, su cliente siguió moviendo los labios e intentó “respirar”.

“Existen serias dudas sobre si el midazolam contribuye a un castigo cruel e inusual, pues podría causar (…) una muerte dolorosa”, concluyó Tenney. Esto se confirmó con la cuarta y última ejecución, la de Kenneth Williams, pues su representante legal también denunció que su apoderado “sufrió” una vez le fue suministrado el primer ingrediente, y pidió que se abriera una investigación, pues al parecer, Williams alcanzó a convulsionar.

Según los analistas, el caso de Arkansas es absurdo y más aún si se tienen en cuenta otros factores importantes, como que desde hacía 12 años no se aplicaba la pena capital en este estado; que a pesar de que 31 estados conservan la sentencia a muerte en Estados Unidos, 17 ya la abolieron y la tendencia es a que más estados hagan lo mismo. Además, el discurso estadounidense sobre derechos humanos va en contravía con este tipo de decisiones.

De hecho, el más reciente informe de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte reportó que en el 2016 EE. UU. tuvo un descenso histórico en ejecución de condenados, ya que solo 20 presos perecieron por esta causa, a diferencia de otros países como Arabia Saudí e Irán, donde este tipo de sentencias van en aumento. O China, que lidera el ranking de la pena capital, pese a que no existen datos oficiales proporcionados por el Gobierno de Pekín.

El debate sobre la pena de muerte seguirá, aunque ciertamente la tendencia muestra que este tipo de condenas tienden a tener menor respaldo. Sin embargo, como dijo Kevin Barry, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Quinnipiac: “Cuando la abolición ha ocurrido, ha sido porque líderes gubernamentales actuaron contra la opinión pública (…) Los estudios (…) muestran que la mayoría de la gente no se opondrá a la pena de muerte hasta después de la abolición, no antes”.

DANIEL STEVEN TÁMARA DUARTE
Redacción Internacional

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